Juan Fernando Lara Salas, Irene Vizcaíno. 1 diciembre, 2020
El presidente Carlos Alvarado, actuó como testigo de honor en la firma de la tercera convención colectiva del MEP el 16 de octubre en Casa Presidencial. Cortesía APSE
El presidente Carlos Alvarado, actuó como testigo de honor en la firma de la tercera convención colectiva del MEP el 16 de octubre en Casa Presidencial. Cortesía APSE

El texto de la tercera convención colectiva del Ministerio de Educación Pública, firmado en octubre pasado, fue sometido a una serie de cambios que la entidad anunció avanzada la tarde de este martes.

Una de las modificaciones implica que no se regalarán el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, días que inicialmente no se rebajarían de las vacaciones. Asimismo, se redujo a licencia de tres días por la muerte de abuelos.

Así, en el primer caso, en relación con el artículo 48 del pacto laboral “se acordó mantener la redacción vigente en la Segunda Convención Colectiva: El MEP otorgará vacaciones colectivas durante los días laborales (lunes, martes y miércoles) de Semana Santa a las personas trabajadoras de los centros educativos, Direcciones Regionales de Educación u Oficinas Centrales, con excepción de aquellas dependencias y puestos que por la naturaleza de sus funciones requieran laborar. Es decir, en este punto no habrá ningún cambio respecto a la convención ya vigente (la segunda convención)”.

Entretanto, según el artículo 60, en vez de tres días hábiles por el fallecimiento de un abuelo, solo se otorgará un día hábil al funcionario para que asista a las honras fúnebres.

El Ministerio también realizó aclaraciones en el texto vinculadas a sumas giradas de más debido a que no se realizaron a tiempo cambios en el sistema de pagos, luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, que nominalizaba el pago de incentivos que eran por porcentaje.

De acuerdo con el comunicado, la redacción anterior provocó una “errónea interpretación”, que hizo creer que la institución condonaría las sumas de más “cuando en realidad estarán sometidas al debido proceso” indicado por la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional.

El acuerdo laboral firmado con la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) y, recién incorporado, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), también fue sometida a otras aclaraciones.

Entre estas, que el pago del incentivo por zonaje será un monto fijo y no porcentual para evitar el crecimiento exponencial en el futuro, como lo establece la reforma fiscal.

Sobre el llamado incentivo didáctico, se confirma su eliminación. A cambio, se trasladará a la base salarial de los docentes calculado por una única vez para nominalizarlo “como 12,6% del salario base de 2019″.

“Lo que significa un monto total por ese concepto en la partida de remuneraciones que no supera lo del periodo anterior, según los cálculos realizados por la Dirección de Recursos Humanos del MEP”, señala el comunicado.

Sin plazas para cocineras

Otro de los ajustes del polémico texto fue obligado por la decisión de la Asamblea Legislativa de no aprobar el presupuesto para abrir 2.000 plazas para cocineras, el otro año.

Esto suponía ¢7.000 millones en el presupuesto del Ministerio para el 2021.

De esta forma, se mantendrá la contratación mediante las Juntas de Educación, que son entes privados. Las cocineras son contratadas por ellos y así ejercen como patrón de las trabajadoras.

“Ambas partes (MEP y sindicatos) se comprometen a realizar las acciones y esfuerzos necesarios ante la Autoridad Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa para trasladar a personas contratadas en el sector privado a ocupar una plaza del sistema del Servicio Civil”, declaró el Ministerio.

Según la entidad, el MEP y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) solicitarán a la Dirección Nacional de la Inspección del Trabajo y a la Jefatura de Servicios de Inspección de la Caja Costarricense de Seguro Social, un estudio integral para determinar la legalidad de la forma de contratación actual del personal de comedores escolares.

Para defender estas contrataciones, el MEP hizo un estudio en el que alegó que tendría ahorros por casi ¢6.780 millones entre el 2021 y el 2030 con la apertura de las plazas, en comparación con la contratación por parte de las Juntas de Educación.

No obstante, un análisis elaborado por este medio mostró que, para el periodo 2021-2041, con las mismas premisas que utilizó el Ministerio de Educación, la institución pública perderá cada vez más dinero conforme pasa el tiempo.

Para el año 2041, el MEP habrá acumulado una pérdida de al menos ¢2.900 millones por haber abierto estas plazas en vez de haber continuado con el modelo de contratación mediante las Juntas de Educación.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 7:15 p. m. con más información suministrada por el MEP