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Conductores de plataformas digitales como Didi y Uber se manifestaron en el centro de San José y se concentraron frente a Casa Presidencial, donde reclamaron a la presidenta Laura Fernández por no haber sido tomados en cuenta en la elaboración de la iniciativa para regular el servicio que fue presentada por el Ejecutivo durante el Gobierno anterior.
Marco Cordero, representante de las organizaciones de conductores, aseguró que el principal desacuerdo con la iniciativa responde a mociones que habrían sido incluidas en el texto sustitutivo que se discute bajo el expediente 23.736, en las que se establece la prohibición de llevar o recoger pasajeros en aeropuertos y terminales de buses, lo que califican como una desproporcionalidad respecto a la figura de los taxis rojos.
“Al final de cuentas nos están regulando, pero al mismo tiempo nos están amarrando las manos, yo se lo decía a don Rodrigo (Chaves) en palabras de él, el burro amarrado contra tigre suelto, porque al final de cuentas entraron los taxistas y el primer reclamo es por qué la ley de nosotros la están haciendo otros transportistas y no estamos sentados nosotros en esa mesa”, afirmó Cordero.
El líder de los conductores asegura que lo que pretenden es que se devuelva el proyecto a las mesas de diálogo y que desde ahí se consideren sus criterios para hacer los ajustes que se requieren.
“Nosotros queremos ser regulados, queremos pagar cargas sociales. No tenemos nada en contra de eso, pero sí tenemos algunas observaciones, por ejemplo que no tenemos una legítima defensa con la desconexión de una plataforma hacia uno de nosotros”, agregó.
Otra de las mociones que genera disconformidad entre los choferes es la multa de cinco salarios base y la desconexión por cinco años para quienes infrinjan normas contempladas en el mismo proyecto.
Cordero, además, dijo que han tenido acercamiento con todos los partidos, menos con la bancada de Pueblo Soberano, con la que llevan cerca de cuatro meses intentando conversar. Agregaron que fue hasta este miércoles, tras la manifestación, cuando recibieron atención por parte de los oficialistas.
“Lo hablamos con don Rodrigo después de ver la celebración que hacían ayer ellos hablando abrazados con los taxistas y diciendo que tenían una promesa cumplida. Sentimos que nos dieron la espalda porque tal vez ya sentían un compromiso con el sector taxi, pero el sector taxi tiene que tener claro que en la ley de las plataformas tenemos que estar sentados nosotros”, agregó.
Tras la protesta a las afueras de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, salió a atender a los conductores y negó conocer las mociones que generan mayores críticas entre ellos, a pesar de que las mismas habrían sido presentadas por los diputados oficialistas.
“Ha habido mociones que vamos a tener que revisar con mucho cuidado, porque por ejemplo yo no estaba informado”, dijo Chaves al escuchar las críticas de los conductores.
El jerarca además prometió incorporar una mesa de diálogo que se retomaría el próximo 7 de agosto para discutir las “piedras en el zapato” que tienen los diferentes sectores.
Uber advierte aumento de tarifas y baja rentabilidad
La empresa Uber, por su parte, advirtió que el proyecto podría afectar la rentabilidad para los choferes e incrementar los costos para los usuarios.
Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, explicó que la ausencia de un parámetro de rentabilidad mínima por kilómetro y el bloqueo de la plataforma en los aeropuertos comprenden las principales preocupaciones tanto de los socios conductores como de la empresa.
Según Santillán, esta situación podría generar un incremento de precios para los consumidores. Además, señaló que la prohibición para recoger usuarios en los aeropuertos afecta a los mismos consumidores.
Un estudio presentado este miércoles por la empresa revela que siete de cada 10 costarricenses dijeron haber escuchado sobre el proyecto, pero solo el 10% considera estar informado al respecto.
Además, el 60% de los encuestados dijo que la opinión de los usuarios no ha sido tomada en cuenta para la elaboración de ese plan regulatorio. La mayoría de los encuestados espera que la regulación les garantice medidas de seguridad, transparencia en los precios y conductores identificados.
El proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa propone entre otras cosas la posibilidad de la creación de la figura de taxi dual. Además, los conductores de plataformas deberán cotizar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), inscribirse en Hacienda y pagar una tarifa anual. Las empresas deben constituirse legalmente en Costa Rica, inscribirse ante Tributación y brindar reportes trimestrales sobre los conductores activos, entre otras cosas.
La iniciativa superó el martes la revisión de 282 mociones de fondo en la Comisión de Gobierno y Administración, de las cuales se aprobaron nueve, por lo que ahora el texto regresaría al plenario legislativo para su eventual aprobación en primer debate.
Entre los ajustes aprobados se incluye el tema de las prohibiciones para operar en aeropuertos y las sanciones que podrían llegar hasta los 10 salarios base por incurrir en las prohibiciones contempladas en la misma ley.
