Según informaron las organizaciones en sus redes sociales, la movilización reúne a conductores de Uber, DiDi, InDrive y otras plataformas, quienes partieron desde distintos puntos del país con destino a Casa Presidencial, donde tienen previsto concentrarse a las 11:00 a. m. para solicitar ser recibidos por autoridades del Gobierno.
La movilización avanza desde Heredia, Cartago, San José, la ruta 1, la ruta 27, La Sabana y Alajuela, así como desde otros puntos del país, donde los conductores iniciaron caravanas a baja velocidad con destino a Casa Presidencial, donde esperan plantear una mesa de diálogo.
Conductores de plataforma contra proyecto de ley
El proyecto de ley 23.736 busca crear un marco legal para regular el servicio de transporte mediante plataformas digitales, como Uber y DiDi.
La iniciativa establece requisitos para conductores y plataformas, entre ellos la inscripción como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda.
Además de la contratación de pólizas, el pago anual de una autorización para prestar el servicio y el cumplimiento de condiciones para los vehículos. También contempla un régimen de sanciones para conductores y empresas que incumplan la normativa.
No obstante, las agrupaciones sostienen que el proyecto de ley afectaría la actividad de miles de conductores y el sustento de las familias que dependen de este trabajo.
Los conductores cuestionan aspectos de la iniciativa, como las restricciones para operar en determinadas zonas, las multas contempladas y el impacto que, según afirman, tendría sobre los usuarios al aumentar los precios de los servicios.
“Hoy demostramos que la unión hace la fuerza. (...) Hoy no marchamos solo por el presente, marchamos por el futuro de quienes vivimos de este trabajo”, señaló Aprimotec en una publicación en redes sociales.
Las organizaciones insistieron en que no se oponen a la regulación del servicio, sino que solicitan participar en la discusión del proyecto de ley para impulsar una normativa que, a su juicio, les permita continuar trabajando en condiciones justas.
