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La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles incluyó entre sus propuestas de Gobierno legalizar y asegurar a los conductores de plataformas digitales de transporte público como Uber y Didi.
En su plan de Gobierno, la exprimera promete “regular las relaciones laborales en plataformas digitales (transporte y delivery), garantizando condiciones justas y compatibles con la legislación laboral vigente en materia de derechos laborales”.
En ese mismo apartado, ofrece además, crear un “esquema de indemnizaciones o compensaciones” para los sectores afectados por esta actividad como los taxistas.
En un video en redes sociales, la candidata también le aseguró a los conductores de plataformas digitales que “sus derechos y tranquilidad son prioridad. Ninguna app vale más que su salud. Ustedes tienen derecho a protección, condiciones justas y reglas claras".
En ese mismo spot, Dobles afirmó que la intención es que estos trabajadores aporten a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pero “que los pagos sean justos” y mencionó que crearía un seguro de accidentes “específico” para este tipo de conductores.
¿Cómo lo haría?
La Nación le consultó a la candidata, cómo se llevaría a cabo la reforma planteada en esa propuesta, a lo que Dobles reconoció que el primer paso radica en legalizar la actividad, que tras 10 años en el país, ha operado al margen de la Ley de Tránsito.
Además sostuvo que buscarían establecer un proceso de formalización en el que estos trabajadores tengan las “condiciones adecuadas” para cotizar.
“Eso significa que tenemos que adaptarnos a los mecanismos en los que ellos ganan. Hay momentos en donde les va bien y hay meses en donde no les va bien y eso no está así bajo diseño por la Caja Costarricense de Seguro Social”, dijo.
Dobles aseguró que muchas de las personas que trabajan en plataformas digitales, podrían categorizarse como trabajadores independientes, por lo que es necesario “encontrar una ruta de formalización”.
Desde la llegada de Uber al país en el 2015, al menos tres Gobiernos han intentado regular la actividad por medio de proyectos de ley que no han prosperado en la Asamblea Legislativa, además de que han desatado la inconformidad y protesta de taxistas formales.
El año pasado, un fallo judicial obligó a esa empresa de transporte de personas a reconocer la existencia de un vínculo laboral entre la plataforma de transporte y uno de sus conductores con lo que debía cumplir con el pago de vacaciones, aguinaldo y cesantía, que en ese proceso se estimó en ¢9,5 millones.
La sentencia también instruyó a la empresa a que debe reportar los salarios a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entidad que está facultada para rebajar el porcentaje de cargas sociales que corresponda.
