Gobierno llama a taxistas a cita para frenar protesta contra Uber
Uber comenzó a operar el 21 de agosto en el país, pese a no contar con autorización del Consejo de Transporte Público (CTP). Según autoridade esa institución, no han vuelto a tener reuniones con los representantes de la firma. | JORGE NAVARRO/ARCHIVO JORGE CASTILLO
(Animación) Uber y el transporte particular en Costa Rica
Redacción
Jerarcas del Gobierno se reúnen, desde las 3 p. m. de esta tarde, en Casa Presidencial con representantes del gremio de los taxistas en procura de un acuerdo que evite que los transportistas realicen bloqueos mañana lunes para protestar contra la operación de Uber en el país.
Los viceministros de la Presidencia, Luis Paulino Mora, y de Transportes, Sebastián Urbina, discuten con los líderes de los taxistas la situación de la compañía Uber, la cual anunció el pasado martes la apertura de un centro de profesionalización y capacitación en Costa Rica.
Dicho local contratará a 300 personas desde ahora y hasta finales del 2016, según anunció el gerente de esa empresa en nuestro país, Humberto Pacheco, quien indicó que esperan comenzar las operaciones a inicios de febrero con un grupo de 25 personas.
A partir de ese momento, contratarán 25 nuevos empleados cada dos semanas.
Uber comenzó a operar el 21 de agosto en el país, pese a no contar con autorización del Consejo de Transporte Público (CTP). Según autoridade esa institución, no han vuelto a tener reuniones con los representantes de la firma. | JORGE NAVARRO/ARCHIVO (JORGE CASTILLO)
Uber es un servicio de transporte privado al que se accede por medio de una aplicación web. Su llegada al país ha generado gran controversia. El Gobierno ha reiterado varias veces que dicha modalidad es ilegal y que, por tanto, sancionará a los vehículos particulares que operen bajo esa modalidad.
Sin embargo, aunque el Poder Ejecutivo no avala que Uber preste servicio en el país, sí considera que la instalación del centro de excelencia y capacitación está a derecho, según manifestó el propio presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
La empresa pretende operar en una zona franca cercana al centro de San José. Para ello planea invertir $3,5 millones en el primer año en alquiler, infraestructura, equipo de tecnología y contratación de personal.
Dicho anuncio enardeció el ánimo de los grupos de taxistas, quienes acusan al Gobierno de falta de capacidad para enfrentar la situación con el marco legal actual.
