Juan Fernando Lara. 10 septiembre
23/05/2019, San José, Paseo Colón, manifestación de taxistas en contra de la aplicación Uber, cerraron todo paseo Colón y se dirigen a la Asamblea Legislativa. Fotografía José Cordero
23/05/2019, San José, Paseo Colón, manifestación de taxistas en contra de la aplicación Uber, cerraron todo paseo Colón y se dirigen a la Asamblea Legislativa. Fotografía José Cordero

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos trabajan en una nueva propuesta de ley para regular empresas de plataformas de transporte, como Uber, la cual podría ser dada a conocer este miércoles.

Por el momento, el mayor consenso entre los legisladores consultados es que el nuevo texto excluiría una serie de planteamientos que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa el 23 de enero.

Roberto Thompson, liberacionista que preside el foro, aseguró que una de esos aspectos que quedará excluido es la intención de imponerle a Uber y a otras plataformas similares el pago al Estado de ¢8.299 millones por el registro de su operación.

El verdiblanco aseguró que habrá un informe unánime del grupo para declarar negativo el plan del Ejecutivo, que también fue duramente criticado por la Procuraduría General de la República y la Contraloría General.

No obstante, aún no tienen claro si presentarán un nuevo texto sustitutivo o un proyecto totalmente nuevo. Si la opción es esta última, el presidente de la comisión adelantó que le darían vía rápida.

Los legisladores, sin embargo, aún tienen muchos temas a los que no han llegado a un solo criterio, pues como dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hay asuntos “sin aterrizarse”.

El afán de los diputados, dijo, “es que sea un texto lo más potable posible sin detrimento que otros temas se puedan discutir”.

Según Thompson, entre los temas en discusión está cómo flexibilizar el esquema para otorgar una concesión de taxis rojos para que tengan muchos menos requisitos y más oportunidad de brindar un servicio accesible y competitivo frente a estas plataformas.

También conversan sobre si conviene o no la creación de un fondo para mejorar del transporte público que se alimentaría de un cobro extra a usuarios de las plataformas.

“Hay una base importante en que estamos de acuerdo, diría un 70%, pero queda un 30% de mucho cuidado. Por ejemplo, todavía analizamos si la ley debería imponer un límite a la cantidad de vehículos una misma persona podría inscribir para este tipo de plataformas”, señaló Abarca.

La diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana, confirmó tanto el “buen espíritu de trabajo” en la Comisión como las negociaciones en marcha por temas clave.

Citó, por ejemplo, la posibilidad de que Uber y plataformas similares le cobren a sus usuarios un 3% adicional de cargo por cada servicio para alimentar un fondo de mejoramiento del transporte público.

En el plan de ley original, el Gobierno planteó que esa cobranza sirviera durante los primeros 8 años de vigencia de la ley para comprar taxis nuevos.

“Estamos planteando por parte de Acción Ciudadana que sí exista un fondo de movilidad que cobre 3% de la tarifa final para mejorar transporte público ya no para los taxistas y tampoco para comprar taxis. Sin embargo, ese tema no ha tenido tanta acogida, el PUSC y el PLN no quieren fondo; entonces estamos buscando alternativas”, señaló Vega.

Muchas críticas

El nuevo texto que elaboran los diputados de la Comisión intenta superar la pifia inicial del plan presentado por el Ejecutivo, en el cual, entre otros aspectos se ofrecía una compensación económica a los dueños de taxis rojos.

No obstante, la intención recibió criterios negativos.

El 5 de marzo, por ejemplo, el procurador general, Julio Jurado, alertó sobre roces de inconstitucionalidad porque los montos que el Ejecutivo pretende cobrarle a Uber y demás compañías carecen de sustento técnico.

Poco después, el 2 de abril, fue Marta Acosta Zúñiga, contralora general, quien advirtió a los diputados de omisiones en el plan de ley como por ejemplo, la imposición a los usuarios de Uber y sus homólogos del costo de un fondo para modernizar taxis, sin fundamento técnico o jurídico.

Incluso, los propios taxistas renunciaron a esa posibilidad con tal de darle mayor viabilidad a la regulación.