Once años después de la llegada de las plataformas para transporte privado de personas a Costa Rica, y tras varios intentos fallidos, una nueva propuesta para regular el servicio que brindan en el país empresas como Uber y Didi intenta abrirse camino en el Congreso.
Un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior en marzo del 2023, bajo el expediente 23.736, no solo plantea un marco regulatorio para conductores y empresas digitales que operan el servicio en el país, sino que abre la posibilidad de crear nuevas figuras como los “taxis duales”.
La iniciativa, que se encuentra en la corriente legislativa, establece que mientras el taxi dual podría ofrecer el servicio mediante captación de pasajeros en carretera, paradas autorizadas, radio o plataformas digitales, los conductores de plataformas solo podrán contratarse a través de las aplicaciones.
Además,el texto plantea que ninguna de las dos modalidades estaría sujeta a tarifas, itinerarios, rutas, horarios o zonas geográficas específicas.
Para fijar el precio del viaje se proponen tres opciones:
- Un cálculo previo mediante herramientas tecnológicas, con posibilidad de ajustes cuando cambie el recorrido o existan variaciones justificadas en el tiempo del viaje.
- El uso de taxímetro para los servicios de taxi dual cuando operen como taxi tradicional.
- Un precio negociado entre conductor y usuario antes de iniciar el recorrido.
Por otra parte, la iniciativa fija una serie de requisitos para los conductores de ambos sistemas, entre los que figuran:
- Contar con licencia vigente para el tipo de vehículo correspondiente con al menos un año de expedida (o licencia tipo C, en el caso del taxi dual).
- Aprobar un curso de capacitación sobre la prestación del servicio, impartido por la plataforma o por una entidad autorizada.
- Inscribirse como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda.
- Presentar anualmente una declaración jurada y la hoja de delincuencia.
- No haber sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, ni por conducción temeraria durante los cinco años anteriores.
- Contar con pólizas de responsabilidad civil y de riesgos del trabajo.
- Estar al día en el pago de las multas de tránsito.
- Pagar anualmente la autorización o título habilitante para prestar el servicio de ¢50.000. Si está inscrito en más de una plataforma, solo debe pagar una vez.
En relación con el proceso de afiliación a la plataforma, el proyecto propone que sea personal y gestionado por la empresa, la cual sería la responsable de verificar el cumplimiento de requisitos.
La iniciativa deja abierta la posibilidad de que las plataformas sean las que contraten las pólizas colectivas, para cubrir la responsabilidad civil de sus conductores.
Por otra parte, señala que los vehículos utilizados tanto para taxi dual como para plataformas deberán cumplir condiciones como: tener revisión técnica, marchamo y seguro obligatorio, cumplir con límites de antigüedad, tener capacidad máxima para ocho personas y usar distintivos oficiales como una calcomanía.
Se especifica que los carros deben estar inscritos a nombre del conductor que está autorizado para brindar el servicio o bien tener una autorización expresa del dueño, mediante una declaración jurada.
Además, establece que un mismo propietario no podrá autorizar más de tres vehículos para prestar el servicio, salvo las entidades financieras reguladas.
Condiciones a plataformas
La iniciativa del gobierno indica que las empresas de interconexión o plataformas deberán obtener un permiso de funcionamiento en Costa Rica y cumplir las siguientes obligaciones:
- Constituirse legalmente en Costa Rica o establecer una sucursal o filial cuando se trate de empresas extranjeras.
- Estar inscritas ante Tributación y, cuando corresponda, como patronos ante la CCSS.
- Contar con los derechos de explotación de la plataforma tecnológica.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos de conductores y vehículos mediante una base de datos común.
- Pagar anualmente un permiso de funcionamiento el cual tendrá una vigencia de 5 años y que podría extenderse hasta 10 años.
- Implementar mecanismos para prevenir el acoso sexual y la discriminación, y promover la seguridad de usuarios y conductores.
- Reportar de inmediato a la autoridad competente las denuncias graves y comunicar las altas y bajas de conductores afiliados.
- Presentar informes trimestrales sobre la cantidad de conductores, vehículos afiliados y viajes realizados.
- Actuar como agentes retenedores del impuesto al valor agregado (IVA).
- Promover un porcentaje mínimo de vehículos adaptados para personas con discapacidad.
- Abstenerse de realizar prácticas discriminatorias contra usuarios o conductores.
- Investigar los incumplimientos antes de suspender o desconectar a un conductor.
La iniciativa establece que tanto el taxi dual como el servicio mediante plataformas deberán garantizar una rentabilidad bruta mínima por cada hora efectivamente conducida con pasajeros, equivalente al 1% de la Base Mínima Contributiva del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Ese monto ronda los ¢3.245 actualmente.
Además, crea un régimen de faltas leves, graves y gravísimas para conductores y plataformas.
Las faltas leves incluyen incumplir requisitos de operación, rechazar medios de pago autorizados, atrasarse en el pago anual de la autorización o utilizar vehículos que no cumplan las condiciones exigidas.
Las faltas graves pueden acarrear multas mayores y la suspensión temporal de la autorización. Mientras, las gravísimas contemplan multas más elevadas y la inhabilitación para prestar el servicio por varios años.
El texto también plantea como causales de cancelación de la autorización los siguientes casos: utilizar la condición de conductor para cometer delitos, presentar información falsa, ceder la afiliación a terceros sin autorización o perder el vehículo asociado al servicio sin sustituirlo dentro del plazo previsto por la ley.
De acuerdo con la iniciativa, los conductores que ya operen mediante plataformas deberán completar su afiliación dentro del plazo establecido tras la entrada en vigor del respectivo reglamento.
Las plataformas existentes también dispondrían de un periodo para solicitar la autorización de funcionamiento, mientras que el Poder Ejecutivo tendría que emitir el reglamento de la ley y a las autoridades tributarias les correspondería adecuar el régimen fiscal aplicable a estos conductores.
Texto de consenso
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró que el proyecto presentado por el gobierno es un texto de consenso elaborado con la participación de taxistas formales, las mismas plataformas y la Cámara Nacional de Transportes.
“Se incluyeron algunas mociones que atendieran las principales molestias de ellos así que el proyecto tiene el visto bueno de todos los sectores y desde la administración lo apoyamos plenamente”, manifestó Zeledón.
El MOPT sería el ente encargado de otorgar la autorización de las plataformas y los títulos habilitantes de los conductores.
La Nación consultó tanto a Uber como a Didi su posición respecto al proyecto. No obstante, ambas empresas indicaron que lo relacionado con dicha iniciativa está siendo canalizado a través de la Cámara de Comercio.
La Cámara expresó que desde la Comisión de Plataformas Digitales se ha apoyado la construcción de un marco regulatorio para estos servicios en Costa Rica.
“Consideramos positivo que el país avance hacia una regulación que brinde certeza jurídica a todos los actores, fortalezca la seguridad para usuarios pasajeros, usuarios conductores y reconozca una modalidad de transporte privado que hoy utilizan más de 2 millones de costarricenses”, indicó.
Agregó que, pese a estar a favor de la propuesta, considera que la regulación debe preservar la “flexibilidad” que caracteriza el modelo de plataformas y evitar restricciones que limiten su continuidad, además de garantizar condiciones que promuevan la competencia, la innovación y una mayor oferta para los consumidores.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, actualmente hay cerca de 35.000 personas que desarrollan actividades económicas mediante la intermediación de plataformas.
Por su parte, el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, que agrupa a conductores de plataformas en el país, detalló que las posiciones de los choferes sobre el proyecto están divididas.
Roy Eduardo Castillo, vocero de esa agrupación, aseguró que los temas de inscripción ante la CCSS y Hacienda son los que generan mayores inquietudes entre los conductores, principalmente entre los más jóvenes.
Desde la llegada de Uber a Costa Rica, en el 2015, los gobiernos de turno han realizado varios intentos fallidos por regular la actividad.
Hasta ahora, la iniciativa actual es la que ha llegado más lejos en la corriente legislativa. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.
No obstante, enfrenta cerca de 300 mociones de fondo para modificar el texto, las cuales deberán ser resueltas antes de que el texto pueda ser sometido a votación de primero y segundo debate.