Gobierno opta por nuevo proyecto para regular Uber y DiDi
Taxistas piden que Poder Ejecutivo incluya una indemnización en su favor en la iniciativa
A man poses holding a smartphone showing the App for ride-sharing service Uber in London on March 17, 2021. - US ride-hailing giant Uber won praise Wednesday from Britain's government and trade unions after granting UK drivers worker status with associated rights including a minimum wage, sparking hopes that more technology platforms will follow suit worldwide. (Photo by Tolga Akmen / AFP) TOLGA AKMEN
Aunque ya existe una iniciativa en trámite en la Asamblea Legislativa, el Gobierno decidió presentar en este mes de enero un nuevo proyecto de ley con el propósito de regular las plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, confirmó a La Nación que el nuevo texto se encuentra en revisión en la Presidencia de la República, pero señaló que no se referirán al contenido del mismo hasta que se cuente con una versión final.
En la corriente legislativa hay un proyecto elaborado por los anteriores miembros de la Comisión de Asuntos Económicos. El texto está en las últimas etapas de discusión y con posibilidades de enmienda en el plenario del Congreso.
Vanessa Castro, diputada socialcristiana y actual presidenta de Asuntos Económicos, consideró conveniente seguir sobre lo avanzado en el Congreso, aunque adelantó que lo más prudente sería trabajar sobre una propuesta que haya sido lo suficientemente socializada con los sectores.
Al respecto, Rubén Vargas, líder de taxistas, afirmó que, desde hace meses, el gremio conversa con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como con voceros de la Presidencia de la República, para afinar la nueva propuesta.
En el texto presentado por los anteriores diputados, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca incluyó una indemnización para los concesionarios de taxi, que se financiaría con el pago de una inscripción de las plataformas, bajo el argumento de que los taxistas sufrieron perjuicios por la operación de esos servicios.
Rubén Vargas adelantó que los taxistas están pidiendo que en la propuesta del Gobierno se incluya un pago de ¢20 millones para cada uno, monto que podría ser superior, conforme el daño sufrido por el taxista.
Al respecto, la ministra de la Presidencia se negó a confirmar esa información. El presidente Chaves sí había adelantado su intención de que los choferes de servicios como Uber y Didi queden obligados a afiliarse ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por su parte, los conductores de plataformas están preparando una propuesta de proyecto de ley que, en vez de incluir más requisitos para ellos, más bien reduzca los de los taxistas.
Luis Alfredo Román, de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica, sostuvo que es necesario modificar la ley para habilitar a otras personas y que así puedan mantener un ingreso estable.
Dicho plan incluiría una propuesta de precios para que se garantice a todos los conductores al menos un ingreso mínimo, lo que implicaría limitar a las plataformas los porcentajes de comisión que cobran por conectar con clientes.
Asimismo, abriría la posibilidad de que los taxistas formales operen bajo plataformas, sin un límite de conductores.
Inscripción y tarifas
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Un tema que sigue en discusión es si las plataformas digitales de transporte y los conductores deben pagar una inscripción ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o ante el Consejo de Transporte Público (CTP).
El plan de los diputados anteriores establecía que las plataformas pagaran una inscripción de ¢9,2 millones y que los conductores desembolsaran ¢55.000 anuales por derecho de operación, además de que se les impediría trabajar más de 12 horas diarias.
Los taxistas dicen estar de acuerdo con que las empresas aporten el equivalente a 20 salarios base, es decir, ¢9,2 millones.
En cuanto a tarifas, el proyecto existente deja por la libre las tarifas.
En ese caso, los taxistas abogan por una regulación mediante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dejando la posibilidad de aumentar un 20% las tarifas cuando haya mucha demanda, y un descuento máximo por el mismo porcentaje para mantener condiciones más iguales.
Uber opera desde hace siete años en Costa Rica. Des entonces, los gobiernos de turno han intentado regular la operación de ese tipo de plaformas de transporte. Foto: (TOLGA AKMEN/AFP)
