El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que el Gobierno presentará en enero un proyecto de ley para regular las plataformas de transporte, con el que los choferes de servicios como Uber y Didi estarán obligados a asegurarse ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El mandatario alegó que “la cancha no está pareja” entre los taxistas formales y los choferes de plataformas.
Adujo que, desde que las plataformas vinieron al país, nunca han sido reguladas. “Hay diferencias de costos, de regulación, de requisitos y, entonces, ese vacío y falta de competencia o de competencia equilibrada no le sirve a nadie y eso es lo que estamos tratando de lograr”, aseveró Chaves.
Sostuvo que no hay excusa para que los choferes de Uber y DiDi no estén obligados a inscribirse como trabajadores independientes, pues la CCSS ha trabajado en flexibilizar la base mínima contributiva.
“Son trabajadores independientes; por lo tanto, van a tener que asegurarse”, insistió.
En tanto, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, manfestó que la intención es que ambos servicios, taxis formales y plataformas, puedan coexistir, sin que ninguno tenga condiciones más favorables.
A su vez, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, indicó que el proyecto se encuentra en revisión. Detalló que la meta es presentar el plan a la corriente legislativa a finales de enero, justo antes del término de las sesiones extraordinarias.
A pesar de largas discusiones, la anterior conformación de la Asamblea Legislativa no logró llegar a un acuerdo para formalizar la operación de las plataformas digitales en Costa Rica.
En primera instancia, fracasó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, presentado por el anterior ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
Dicho plan establecía, por ejemplo, que la empresa Uber debía pagar ¢8.300 millones de inscripción por haber operado en el país antes de que se regulara la actividad.
Con ese dinero, se planteaba, se crearía un fondo para promover la renovación de la flotilla de taxis, subvencionándoles a los taxistas un 15% del valor de los vehículos.
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Los choferes también debían formalizarse como trabajadores independientes ante la CCSS. Además, se establecía un tope de vehículos que brindan servicios a través de las plataformas digitales.
Tampoco prosperó otra iniciativa del exdiputado liberacionista, Roberto Thompson. Ese segundo plan también obligaba a los choferes a formalizarse ante el seguro social. Además, se imponía una prohibición con el propósito de que los choferes no laboraran más de 12 horas diarias.
