La operación de los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas como Uber o Didi no se han logrado regular en Costa Rica porque “no se respeta la voluntad técnica y prima la voluntad política”.
La aseveración la hizo Rodolfo Méndez Mata, jerarca de Obras Públicas y Transportes, durante una entrevista con La Nación, durante la cual mostró su inconformidad porque luego de que se descartara la iniciativa presentada por el MOPT, el tema quedó en manos de los diputados y ha “costado en el camino”.
“La carencia de un servicio de transporte colectivo que le facilite al usuario movilizarse lo mejor posible, hace que ese usuario busque la manera de movilizarse individualmente en su vehículo o un servicio público como taxi y aparecen las plataformas con tarifas que son subsidiadas por el mismo Estado y claro, se convierte en algo popular porque me lo están subsidiando, lo utilizo y lo convierto en un mecanismo muy popular y, como es muy popular, la técnica no se respeta y no se atienden las recomendaciones de quienes tenemos la responsabilidad de administrar los servicios públicos”, afirmó.
De esta forma, Méndez Mata criticó que se utilicen argumentos asociados con la facilidad para los usuarios para permitir la operación de empresas bajo esa modalidad, sin considerar que esa facilitación se da a costas del subsidio, pues como no están reguladas no pagan impuestos ni cánones, y con mayor congestión vehicular.
Para el jerarca, debe imperar el criterio técnico para buscar soluciones integrales, que considere toda la realidad del transporte y movilidad de las personas.
De acuerdo con los últimos datos dados a conocer por Uber en mayo, solo esa empresa tenían 28.000 colaboradores.
Roberto Thompson, diputado que preside la Comisión de Asuntos Económicos, rechaza los reclamos de ministro. Para él, aquí sí está de por medio un tema de voluntad política, pero del Ejecutivo.
El legislador verdiblanco recordó que el proyecto que había presentado el MOPT fue cuestionado “seriamente” incluso por otros entes estatales como Hacienda, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, por lo que fue desechado.
“La Comisión en pleno se puso a trabajar, asumió la responsabilidad y se puso a trabajar en la construcción de un nuevo texto; fue firmado y presentado a la Asamblea, pero el año pasado, pero no fue convocado ni un solo día por el Ejecutivo, estuvimos desde diciembre hasta mayo sin avanzar en el texto porque no hubo voluntad”, dijo Thompson.
La misma historia se repitió en agosto cuando tampoco fue incluido en los proyectos a discutir en las sesiones extraordinarias, cuando es el Gobierno el que define la agenda.
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Posteriormente, dijo, la Comisión estuvo concentrada en otros asuntos asociados a la reactivación económica.
“Llegamos así hasta el 1.° de diciembre y tampoco ha sido convocado (...) no ha habido claridad en ese sentido de parte del Ejecutivo, hemos estado dispuestos a avanzar”, afirmó el diputado liberacionista.
Entre las disposiciones del nuevo texto están: el impedimento a los choferes de aplicaciones como Uber o Didi de trabajar más de 12 horas diarias y la obligación de inscribirse como trabajadores independientes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, los conductores deben pagar un derecho de operación anual de ¢90.000.
Discusión pendiente
El ministro de Obras Públicas dijo que espera que en esa futura discusión se respete la técnica y la búsqueda de esa solución integral.
“Si esto no lo arreglamos integralmente, si no entendemos que no podemos seguir promoviendo el desorden causado por la desatención del Estado a la modernización, que no es otra cosa que la eficientización de la calidad de los servicios, estamos dándonos por vencidos y nunca vamos a acabar con la congestión vial”, puntualizó.
Thompson, entretanto, aseguró que en la Comisión hay interés en avanzar, pero para eso requieren que el proyecto sea convocado a partir de enero.
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“Si el Gobierno tiene interés en sacar adelante la regulación, lo que debería hacer es convocarlo en los primeros días de enero. En las conversaciones que he tenido con (cooperativas y empresas) taxis y con plataformas (como Uber), todos coinciden en la necesidad de la regulación, hay un interés real de resolver el tema”, afirmó.
El presidente de Económicos dijo que de convocarse a inicios de año, la iniciativa podría ser dictaminada en los primeros tres meses del 2021, pues no requerirían someterlo a audiencias, ya que los insumos de las comparecencias para el proyecto anterior sirvieron como base para el nuevo texto.
El proyecto que tienen para discusión fue presentado en setiembre del año pasado, luego de que los diputados rechazaran la iniciativa del Gobierno, al considerar que carecía de viabilidad técnica.
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Desde el 18 de diciembre los usuarios de Uber deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por los viajes que se realicen mediante plataformas tecnológicas.