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Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos, informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.
“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva” declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.
A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
La relatora indicó que según las informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.
“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, añadió la relatora del organismo autónomo.
Venezuela está bajo el “estado de conmoción exterior” decretado el 3 de enero, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico.
“La Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada” sobre la aplicación de ese decreto, “particularmente respecto del número de personas detenidas (...) y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”.
La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta antes de asumir el cargo, llevó al gobierno a acordar esa liberación de presos, que familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian como demasiado lenta.
“Condiciones deplorables”
El Consejo Permanente de la OEA pidió el informe a la CIDH, órgano autónomo, ante el vuelco político en el país sudamericano.
Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.
Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Caracas dejó de participar en sus trabajos.
El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de 2024, un resultado que la oposición denunció como fraudulento y que también fue contestado por Estados Unidos y la Unión Europea.
Caracas rechazó en 2017 y 2020 solicitudes de visita de expertos de la CIDH.
“La Comisión ha recibido de manera constante información sobre condiciones de detención deplorables, prácticas de tortura y malos tratos a las que son sometidas personas privadas de libertad por razones políticas”, añadió por su parte Edgar Stuardo Ralón, relator de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura.
Desde 2014 hasta la fecha, han existido más de 18.739 detenciones políticas arbitrarias en Venezuela, añadió el relator.
La caída de Maduro, en el poder desde 2013 y quien fue capturado en una audaz operación militar estadounidense que incluyó bombardeos y decenas de muertes, fue presentada por el presidente Donald Trump como el inicio de una nueva era para Venezuela.
Pero Trump enseguida advirtió que lo importante era garantizar la estabilidad política del país, y asegurar el acceso a la explotación petrolera para las multinacionales extranjeras, ante todo las estadounidenses.
El mandatario felicitó de nuevo este miércoles en el Foro de Davos al nuevo gobierno interino por su cooperación.
La líder opositora María Corina Machado, que regaló a Trump su medalla del premio Nobel de la Paz, pidió que el mandatario estadounidense presione a Caracas para liberar a todos los prisioneros.
“No es posible hablar de transición con represión”, declaró en Washington.
