La propuesta para aplazar por dos años más la implementación de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) dividió a los directivos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El acta de la sesión 1981-2025, en la que se discutió el tema y de la cual tiene copia La Nación, muestra tensiones entre los directivos. El pasado 3 de noviembre, la mayoría aprobó abrir una consulta pública para retrasar la entrada en vigencia de la reforma hasta el 3 de abril del 2028.
La moción no obtuvo respaldo unánime: cuatro miembros votaron a favor y tres en contra. Los tres disidentes advirtieron riesgos para la credibilidad institucional y cuestionaron la ausencia de criterios técnicos que justifiquen una nueva prórroga.
Los votos en contra de la prórroga fueron los de Yin Leng Hong, presidenta del Conassif hasta el próximo 2 de diciembre; y los directivos Leonor Cuevillas y Javier Sancho.
Del lado opuesto y ganador, votaron a favor Humberto Grant —quien asumirá la presidencia del Conassif en diciembre—, Juan Antonio Vargas, Humberto Jiménez y el presidente del Banco Central, Róger Madrigal.
Argumentos para seguir
Leng Hong afirmó que el aplazamiento carece de sustento técnico.
“Yo sigo creyendo que, con los estudios actualizados de marzo, de fondos generacionales, también debía haber entrado en marzo y, de nuevo, el sustento técnico no lo veo presente en esta decisión que se está sometiendo hoy a aprobación y tampoco en la de marzo”, agregó.
Sancho coincidió en que el nuevo atraso no tiene fundamento y advirtió que prolongar la discusión debilita la confianza en el sistema. “Esta discusión, de nuevo, sigue mostrando una preocupante parálisis por análisis que, para mí, solo erosiona la credibilidad institucional del Consejo”, expresó.
Por su parte, Cuevillas afirmó que la postergación generaría inestabilidad normativa, ya que se rompería la secuencia de decisiones técnicas y provocaría desconfianza, pues se afectaría la imagen del supervisor como entidad capaz de implementar políticas.
“Una nueva postergación sin justificación técnica suficiente podría ser interpretada como una falta de capacidad regulatoria, afectando la credibilidad del marco de supervisión y la percepción de independencia técnica del Conassif y de la Supen”, aseguró Cuevillas en un criterio que fue leído durante la sesión.
La directiva subrayó que los fondos generacionales protegen a quienes están cerca de pensionarse ante choques de mercado y permiten mayor crecimiento en los recursos de los más jóvenes.
“Los criterios técnicos, prudenciales y de gestión de riesgos respaldan la posición de no apoyar una nueva prórroga. La nueva moción, al igual que el acuerdo anterior, no solo carece de fundamentación técnica, sino que, una vez más, no identifica los riesgos de la prórroga, ni cómo se gestionarán los mismos”, agregó Cuevillas.
Porque hoy lo que podríamos es debatir, por qué no 24 meses, 36 o 45, que era el número que jugaba mi abuela en la lotería, o todavía peor, qué pasa si nos salimos del rango que están planteando hoy y como dice don Humberto Jiménez, hay que volver a pedir una extensión del plazo, eso solo erosiona la credibilidad.
— Javier Sancho, directivo de Conassif
Durante la sesión, Hermes Alvarado, superintendente de Pensiones, afirmó que el plazo definido tras la primera prórroga “iba a quedar corto”.
El jerarca señaló que, por experiencia previa en una operadora, una reforma de este tipo requería como mínimo tres años, aunque esta usualmente suele tomar entre cuatro y cinco años.
En la sesión 1981-2025, los miembros del Conassif propusieron extender por dos años adicionales el plazo para implementar los fondos generacionales. El Consejo ya había pospuesto la entrada en vigencia una vez, al moverla de abril del 2025 al mismo mes del 2026. Con el nuevo ajuste, entraría en vigor en abril del 2028.
Los fondos generacionales organizan a los afiliados por rangos de edad y ajustan sus estrategias de inversión según cada grupo. Buscan diversificar más las carteras, tanto a nivel interno como externo, para mejorar el rendimiento de la pensión complementaria.
En 2022, por ejemplo, los fondos tuvieron una baja en los rendimientos de inversiones que redujo los recursos ahorrados de todos sus clientes. Con los fondos generacionales, los dineros de personas más jóvenes asumirían mayor riesgo, mientras que los mayores y pensionados tendrían portafolios más conservadores.
La propuesta
Grant impulsó la moción que propone extender el plazo dos años más. Sostuvo que la implementación avanza lentamente y que el cambio en el ROP es “delicado”, por lo que requiere más tiempo.
Él fue quien expuso en la sesión los motivos por los cuales, desde su perspectiva, debía de aplicarse una nueva prórroga, esta vez de dos años, a la implementación de la reforma en cuestión.
“La ejecución, no podemos negarlo, ha tenido un avance lento (...) Pero más allá de esto, como vamos a ver lo del plazo que se otorgó originalmente, pueda ser insuficiente, aun si la ejecución fuera perfecta. Yo he tratado de externarlo en repetidas ocasiones. Es para mí un proceso sumamente delicado, un trabajo que es necesario que salga bien y que hay que hacer con todo el cuidado”, comentó Grant.
El directivo también hizo referencia a un cronograma presentado por la Supén el pasado 12 de agosto, en el cual se definen una serie de pasos previos a la implementación, entre ellas la elaboración de un estudio, revisiones regulatorias y ajustes operativos previos a la entrada en vigencia.
La nueva propuesta establece que los estudios y evaluaciones técnicas se realizarán entre noviembre y mayo del 2026. Luego, entre junio y diciembre del próximo año, el Conassif definiría los posibles ajustes normativos.
Entre enero y junio del 2027, se prevé un espacio de mesas de trabajo con las partes interesadas. La consulta pública está programada para los meses de julio y agosto del 2027.
La aprobación de la norma se estima para setiembre de ese mismo año. De octubre del 2027 a marzo del 2028, las entidades reguladas contarían con un plazo para aplicar los cambios necesarios.
Auditoría plantea dudas
En relación con la moción, Christopher Quesada, director del Departamento de Auditoría Interna, expresó preocupación por modificaciones en los estudios técnicos solicitados para el análisis.
El Consejo acordó, a inicios de noviembre, que el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central efectúe el estudio actuarial requerido para fundamentar la reforma.
Quesada señaló que algunos plazos se moverían o que incluso se eliminarían y que otros análisis cambiarían su foco original, incluido un estudio actuarial que ahora evaluaría una “la métrica objetivo de pensión” y no las tasas de reemplazo, como se previó antes.
“Tal vez, esa descripción del nuevo estudio a mi concepto no queda tan claro a qué se refiere con el impacto de las reformas sobre la métrica objetivo de pensión”, manifestó Quesada.
Además, pidió claridad sobre las diferencias entre los estudios y el impacto sobre la entrada en vigencia del proyecto aprobado en diciembre de 2023, o si, más bien, se estaría promoviendo un nuevo modelo, que “no necesariamente sea congruente con fondos generacionales”.
Grant replicó diciendo que dicha métrica no necesariamente es la tasa de reemplazo, pero que, aunque se utilicen indicadores distintos, los resultados deberían ser equivalentes porque las métricas están altamente correlacionadas.
“Entonces, aunque no se está usando la misma exacta métrica de la tasa de reemplazo, que es la que está puesta en el acuerdo de la sesión 1924, el resultado no se va a ver afectado de forma material por el cambio de métrica”, agregó el directivo.
¿Qué dicen las OPC?
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, dijo que respaldan la propuesta del Consejo y consideró que los plazos planteados en el acuerdo están alineados con los estándares internacionales.
“Por su complejidad técnica, resulta indispensable realizar estudios de impacto que permitan dimensionar sus efectos sobre la economía, los mercados financieros y, especialmente, sobre las tasas de reemplazo de las diferentes cohortes de afiliados”, afirmó Porras.
Marco Vargas, gerente de BN Vital, manifestó que mantienen su compromiso con la implementación de la reforma, siempre que su diseño responda a parámetros técnicos y que pueda demostrarse una mejora en la tasa de reemplazo para los afiliados.
Vargas añadió que, si bien preferían que la reforma se hubiese aplicado en abril de este año, consideró que “es prudente y razonable” brindar este espacio de tiempo para que la reforma genere beneficios reales.