El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se propuso revisar la aprobación del reglamento de inversión de los fondos generacionales, normativa que entraba en vigor en un par de meses y permitiría a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) segmentar a sus afiliados con el fin de diferenciar las inversiones por edades.
La idea detrás de los fondos generacionales es cautivadora, y varios países la aplican desde hace años. Cuando el dinero se invierte, no solo se obtiene un rendimiento, sino también se corre un riesgo. En general, se afirma que un mayor rendimiento conlleva un riesgo más elevado, y viceversa.
En el caso de las OPC, el riesgo está representado por la variación en el rendimiento a lo largo del tiempo, lo cual produce una minusvalía cuando el valor de los activos financieros en los que se invierte cae, y una plusvalía cuando sube. A corto plazo, las minusvalías pueden llegar a generar una rentabilidad negativa, mientras que las plusvalías pueden resultar en una rentabilidad anormalmente alta.
Por ejemplo, el rendimiento de las inversiones a largo plazo en bonos del Gobierno es más volátil que el de corto plazo, pues las primeras están más expuestas a situaciones de mercado, tales como cambios en la tasa de interés y resultados fiscales del país. Por eso, para un emisor de bonos como el Gobierno, el rendimiento por lo general es mayor conforme el plazo de vencimiento del bono crece.
La cuestión es cuál es el horizonte de inversión de los cotizantes al ROP. La respuesta es que, como no hay solo un cotizante, sino más de dos millones, la estrategia de inversión debería ser diferenciada entre ellos para optimizar el rendimiento a largo plazo de los fondos de pensión y que los afiliados obtengan, gracias al ROP, una pensión mayor que la ofrecida por la reglamentación vigente.
Este es precisamente el principio detrás de los fondos generacionales: permitir a las OPC gestionar inversiones más volátiles, pero más rentables, entre los trabajadores más jóvenes, y buscar inversiones menos riesgosas, pero con menos rentabilidad, para los más próximos a pensionarse.
En la práctica mundial, la forma para que los fondos de pensiones obtengan una mayor rentabilidad a largo plazo es mediante una mayor inversión en acciones de empresas que cotizan en bolsas de valores y en otras que no lo hacen. Como en Costa Rica no existe este tipo de capital accionario, se deben buscar estos instrumentos en mercados internacionales, especialmente en el estadounidense.
Los gestores de fondos de pensiones a escala global recomiendan que una cartera, en promedio, debería procurar una composición del 60 % en acciones y un 40 % en bonos. Implica que, en el caso de los fondos generacionales, las inversiones tendrían que ser más fuertes en acciones, superiores al 80 % para los grupos jóvenes y posiblemente cercanas al 40 % para las poblaciones próximas a pensionarse, pues el ROP no se entrega en un solo monto, sino mes a mes durante más de 20 años.
Existen dos limitaciones para una ejecución plena de los fondos generacionales. La primera es de carácter legal: la Ley de Protección al Trabajador fija el porcentaje de las inversiones en mercados internacionales en un 50 %, y el mercado de valores costarricense no ha logrado crecer a tasas ni siquiera cercanas al incremento de los fondos de pensiones. La segunda es de carácter político: a pesar de que las OPC casi alcanzan el límite del 50 %, el Banco Central aduce que los fondos generacionales van a presionar el tipo de cambio.
Las preocupaciones del BCCR sobre el precio del dólar no son una razón válida para demorar la entrada en vigor de un modelo de administración de recursos que beneficia a la población trabajadora. Sería irresponsable. Pero también debe modificarse la ley para eliminar el tope del 50 %. Seguir invirtiendo el dinero de las nuevas generaciones con las mismas herramientas financieras conservadoras es condenarlas a recibir una pensión reducida.
