La Superintendencia General de Valores (Sugeval) obligó al Banco de Costa Rica (BCR) y a su subsidiaria, BCR SAFI, a revelar el estudio con el cual calcularon en $84,5 millones la afectación causada a los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
La Sugeval exigió al BCR y a su subsidiaria que pongan a disposición de los inversionistas del fondo dicha documentación, con el fin de que cuenten con ese insumo antes de la asamblea prevista para el 26 de febrero. El inmueble se compró en $70,8 millones, pero con un aparente sobreprecio.
“(...) se solicita poner a disposición de los inversionistas como parte de la documentación para los fines de la asamblea a celebrarse el próximo 26 de febrero, el informe Cálculo del monto a pagar por el Conglomerado Financiero BCR a BCR Fondo de Inversión Inmobiliario, de acuerdo con la resolución de SUGEVAL SGV-179-2024”, indicó Sugeval.
Así consta en un oficio enviado por el superintendente Tomás Soley a María del Pilar Muñoz, vicepresidenta del BCR; Julio César Trejos, gerente del BCR; Luis Emilio Cuenca, presidente de BCR SAFI; y Douglas Montero, gerente de BCR SAFI, fechado el 29 de enero.
La Sugeval también les solicitó remitir una copia del informe al Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado de BCR SAFI y emitir un comunicado de Hecho Relevante a más tardar este 30 de enero, en el que se haga referencia a que la información necesaria para la asamblea ya fue actualizada.
El BCR comentó a La Nación que el documento se remitió a Sugeval el pasado 21 de enero y que, en cumplimiento con lo solicitado por el ente regulador, este informe será puesto a disposición de los inversionistas este 30 de enero.
El portal de la Sugeval ya muestra el Hecho Relevante, firmado por Douglas Montero, bajo el asunto Actualización de la información para los fines de la asamblea extraordinaria de inversionistas del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario.
En el comunicado se informa a los inversionistas que, en respuesta al oficio enviado por Sugeval, la información relacionada con la asamblea está a su disposición, incluyendo el estudio sobre el cálculo del monto a pagar por el BCR.
En el documento, el superintendente recordó que las entidades deben actualizar el monto de la estimación de la reparación a los inversionistas por la adquisición del PEP, además de brindar un detalle completo de los gastos, costos asociados y supuestos utilizados.
Soley también reiteró que tienen que presentar a la asamblea de inversionistas todos los mecanismos establecidos por las entidades para mitigar el riesgo del “potencial conflicto de intereses”.
En ese oficio, la Sugeval expuso que BCR SAFI mencionó que incluyó el detalle del monto estimado que tendrá que aportar el BCR al fondo de inversión y que la explicación sobre la cuantificación de los gastos y costos se brindará en la asamblea.
En el escrito se indica que BCR SAFI explicó que realizó las estimaciones, incluyendo los elementos indicados por Sugeval y todo ingreso o gasto que afectó al fondo, contados a partir del 20 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2025.
El resultado de ese cálculo asciende a $84,5 millones, monto que, según el documento, se actualizará a octubre de 2026, de conformidad con el Plan de acción de normalización del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario.
Sin embargo, la Sugeval señaló que en la explicación “no se identifica ningún detalle del monto estimado, tal y como fue requerido” y que “tampoco se adjunta algún documento que desarrolle los supuestos y cálculos realizados para su determinación”.
La superintendencia también reprochó que no se hiciera referencia “a los mecanismos que ha establecido la entidad para mitigar el riesgo del potencial conflicto de intereses”. El oficio añade que a la fecha no se han referido específicamente a este aspecto.
Esta nueva discusión se enmarca en la orden remitida por la Sugeval al BCR y a BCR SAFI el 29 de octubre de 2024, en la que exigió un plan de acción que permita la normalización del fondo dueño del PEP a las condiciones previas a la adquisición de dicho inmueble.
La resolución ordenó realizar una Asamblea de Inversionistas en la que se debe presentar el plan, que contempla la determinación de un monto que debe aportarse para sacar al PEP del fondo, ya que este fue adquirido con un aparente sobreprecio.
“(...) es parte de la información que debe someterse a conocimiento de los inversionistas del fondo durante el periodo de convocatoria, para que puedan participar de forma eficaz en la fecha de la asamblea”, explicó Soley.
El PEP fue comprado por $70,8 millones por el fondo administrado por la subsidiaria del BCR a un grupo empresarial vinculado con Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristina (PUSC).