“Se ordena a la Junta Directiva del BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica como controladora a:
i. Realizar aportes adicionales de capital social en BCR SAFI, hasta por una suma que ¢19.260 millones ($38,7 millones), a más tardar al 31 de marzo del 2026”, se indica en el hecho relevante publicado por la subsidiaria del banco estatal.
La instrucción obligatoria para el BCR se da hasta tanto se "resuelvan los procesos judiciales en curso que se derivan de las investigaciones sobre la compra del inmueble denominado Parque Empresarial el Pacífico".
La instrucción de capitalizar a la subsidiaria es la segunda, pues en julio del 2024, la Superintendencia ya había exigido efectuar un aporte por ¢22.000 millones.
En ese momento, la medida tuvo como fin reforzar la capacidad financiera de la administradora de fondos de inversión en caso de que se vea impactada por la pérdida de valor del inmueble Parque Empresarial Pacífico (PEP), propiedad del fondo BCR Inmobiliario No Diversificado.
El PEP fue adquirido en febrero del 2020 por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por $70,8 millones, a pesar de que el grupo vendedor lo había comprado poco más de un año antes por $16 millones, según la investigación del Ministerio Público.
La propiedad se ubica en Esparza, Puntarenas, y se convirtió en el centro de la polémica relacionada con BCR SAFI, en la cual intervinieron la auditoría interna de la subsidiaria y la Sugeval.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial del Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En marzo pasado, la Superintendencia reveló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial de Vargas Corrales compras riesgosas de siete inmuebles por un monto de $48,8 millones.
