La Superintendencia General de Valores (Sugeval) obligó al Banco de Costa Rica (BCR) y a su subsidiaria BCR SAFI responder a los inversionistas de su fondo inmobiliario cómo reintegrarán $70,8 millones por la cuestionada compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), así como los costos y gastos de mantenimiento.
Al parecer, la BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) compró el PEP, ubicado en Esparza, con un sobreprecio de $35 millones, según la Auditoría Interna de BCR SAFI.
La Sugeval dio al banco y a la SAFI un plazo de 10 días hábiles para entregar a sus clientes el plan de acción sobre el reintegro, cuyo objetivo es evitar mayores perjuicios a los inversionistas, entre los cuales hay tres fondos de pensiones.
El dinero se debe emplear para pagar pasivos del fondo de inversión, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses. El objetivo es restablecer la situación del fondo al momento previo a la adquisición del PEP, en febrero del 2020.
En el oficio G41/0 Ref:1991, firmado por Tomás Soley, jerarca de Sugeval, se indica que la información sobre las acciones a tomar debe enviarse de manera previa a la próxima asamblea de inversionistas del fondo inmobiliario.
“Los inversionistas del fondo tienen interés en obtener un mayor nivel de detalle y aclaraciones sobre el plan de acción que la sociedad y su controladora utilizarán para dar atención a la resolución número SGV-R-179-2024“, se indica en el documento, del 3 de diciembre anterior, del que tiene copia La Nación.
En dicha resolución, de octubre del año pasado, la Sugeval ordenó la capitalización del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado y sacar el PEP de la cartera.
El Banco de Costa Rica debe ejecutar la orden en su condición de controladora de su subsidiaria y de forma subsidiaria.
La nueva directriz dada por Sugeval fue remitida a María del Pilar Muñoz Fallas, vicepresidenta de la Junta Directiva del BCR; Julio César Trejos Delgado, gerente general del banco; Luis Emilio Cuenca Botey, presidente de BCR SAFI; y Douglas Montero Arguedas, gerente general de la entidad.
La orden se dio después de una serie de cuestionamientos del Comité de Vigilancia de BCR SAFI contra los atrasos de la sociedad y el banco público para cumplir con la capitalización el fondo y retirar el PEP como uno de sus activos.
Adicionalmente, BCR SAFI confirmó que presentó una nueva demanda, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para frenar el mandato de sacar el PEP del fondo inmobiliario.
El Ministerio Público investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial del Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En marzo pasado, la Superintendencia reveló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial de Vargas Corrales compras riesgosas de siete inmuebles por un monto de $48,8 millones.
Quejas de inversionistas
El oficio dirigido por la Superintendencia al BCR y su subsidiaria se emitió tras una serie de cuestionamientos de los miembros del Comité de Vigilancia sobre las acciones prevista por la entidad bancaria.
Por ejemplo, el Banco de Costa Rica prevé aportar los $70 millones del PEP hasta octubre del 2026 y lo haría en tractos. De forma previa, prevé hacer consultas sobre la legalidad del pago a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Adicionalmente, los inversionistas criticaron que el plan de acción será conocido en detalle en la asamblea del fondo inmobiliario, día en que solo se puede decidir si se acepta o rechaza la propuesta.
“La preocupación de las personas inversionistas es aún mayor al no conocerse el plan de acción, pues el cronograma presentado contempla diversos pasos que nos parecen improcedentes, y plazos excesivamente dilatados. No parece reflejar un plan de acción serio y concreto, sino una propuesta hecha solo para cumplir con la exigencia de la Sugeval”, se indica en la carta el Comité de Vigilancia, de la cual tiene copia La Nación.
La misiva dirigida a Sugeval la firmaron Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema); Róger Porras, gerente de Popular Pensiones; y Marco Vargas, gerente de BN Vital. Así como María Carolina Elizondo y Fernando Antonio Mayorga, ambos inversionistas individuales.
La Jupema, Popular Pensiones y BN Vital tienen fondos invertidos en BCR SAFI.
El superintendente Tomás Soley dio la razón a los inversionistas en la insistencia de consultar a la Procuraduría y a la Contraloría. De hecho, la PGR ya dio un primer rechazó la petición al Banco de Costa Rica por carecer de competencia, precisó el jerarca.
“Su incorporación (consultas a la CGR y Procuraduría) como actividades del plan podría acarrear un retraso innecesario adicional en la atención de la orden administrativa emitida por esta Superintendencia, máxime que ya transcurrió un periodo considerable (...) Todo lo anterior tiene efectos adversos a los fines públicos como es la protección de los inversionistas y transparencia del mercado de valores", subrayó Soley.
Nueva demanda
Por otra parte, BCR SAFI informó en un hecho relevante que presentó una nueva demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo contra la resolución de la Sugeval de aportar los $70 millones para sacar el PEP del fondo inmobiliario bajo su administración.
En el oficio firmado por Douglas Montero, gerente de la entidad, se indica que la acción es diferente a la medida cautelar provisionalísima presentada por el BCR, la cual fue rechazada el pasado 21 de noviembre.
“Dicha solicitud de medida cautelar es una gestión judicial distinta e independiente de la accionada por el Banco de Costa Rica (...) por consiguiente, ambos procesos son tramitados bajo expedientes judiciales diferentes”, se indica en el hecho relevante, del pasado 2 de diciembre, previo a los allanamientos.
A pesar de la nueva acción judicial, Montero aseguró que cumplirán con la orden de la Sugeval de convocar a una asamblea de inversionistas e informar a sus clientes de las acciones a seguir. “Salvo que alguna autoridad administrativa o judicial ordene lo contrario”, recalcó.