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El eventual retiro acelerado o total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) impactaría tanto a los actuales pensionados y a las personas próximas a jubilarse, como a los trabajadores más jóvenes que aún se encuentran en fase de acumulación.
Dos proyectos de ley que plantean acelerar la devolución de estos recursos fueron dictaminados en forma afirmativa, el pasado 17 de marzo, por la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso y están listos para ser discutidos en el plenario. Uno de ellos, incluso propone aplicar el retiro en un solo tracto.
Una eventual devolución masiva obligaría a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) a disponer de mayor liquidez para cubrir los pagos a los afiliados. Esto, a su vez, las obligaría a liquidar inversiones de manera anticipada, proceso similar a cuando hay una redención de un certificado a plazo antes del vencimiento.
Dicha operación generaría minusvalías en el portafolio, reduciría los rendimientos por el cambio en el horizonte de inversión y presionaría a la baja el tipo de cambio
“El impacto de la eventual devolución dependerá de la velocidad con que haya que devolver los recursos, así como la cantidad de personas que opten por el retiro total”, comentó Héctor Maggi, gerente general de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A febrero pasado, las OPC administraban un saldo de ¢14,2 billones que pertenecen a 1,4 millones de trabajadores que cotizan para su pensión (el 70% tiene menos de 45 años) y a 90.000 jubilados, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El ROP es una pensión diseñada para complementar la jubilación básica del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Liquidación de inversiones generaría minusvalías
Si los flujos mensuales no alcanzan para cubrir una eventual devolución anticipada del ROP, las operadoras de pensiones tendrían que liquidar inversiones en el mercado local, internacional o aplicar una combinación de ambas.
Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones —la operadora con más afiliados al ROP y recursos administrados—, indicó que en una primera instancia, se intentaría llevar a cabo una liquidación que incorpore tanto activos del mercado local como del internacional, “con el objetivo de preservar la estructura actual del portafolio y cumplir con la normativa vigente”.
La mayoría de las liquidaciones de las OPC se realizarían en el exterior, por su mayor liquidez.
Sin embargo, los dólares obtenidos deberían venderse en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Lo anterior presionaría aún más a la baja el tipo de cambio, el cual ya se encuentra en niveles históricamente bajos. Este lunes, el tipo de cambio del dólar cerró en ¢465,75.
Además, debe considerarse que hay inversiones que se realizaron cuando el tipo de cambio era más alto que el actual. Por lo tanto, al liquidarlas en el mercado internacional y colonizar esos recursos en el Monex, las operadoras venderían los dólares a un precio inferior al que pagaron cuando los compraron.
“La venta de divisas provenientes del extranjero presionaría aún más a la baja los precios, lo que podría traducirse en minusvalías al momento de registrar el valor de las carteras de los fondos. Por esta razón, aunque las operaciones internacionales pueden liquidarse con facilidad, el entorno cambiario local constituye el mayor factor de riesgo para el resultado final de dichas ventas”, consideró Marco Vargas, gerente general de BN Vital.
Adicionalmente, BCR Pensiones informó de que si se incrementa la venta de dólares para convertirlos a colones se impactará a todos los afiliados del ROP: los que se llevarían los recursos, recibirán menos colones por la baja en el tipo de cambio, y los que permanecería en el fondo también se verían afectados de forma temporal.
Tiempo es clave
El momento de las ventas sería determinante, porque si las OPC se ven forzadas a liquidar y hay condiciones adversas en los mercados internacionales, podrían materializarse pérdidas que disminuirían el patrimonio de todos los afiliados, estén pensionados o no.
El mayor impacto, eso sí, recaería sobre los 90.283 pensionados actuales (dato a febrero del 2026) y quienes están por retirarse. Estas personas enfrentarían el mayor riesgo de afectación, debido al nulo o poco tiempo que tendrían para recuperar las pérdidas en el valor de sus fondos, tal cual pasó en el 2022.
“Por ejemplo, en caso de tener que liquidar valores en este momento en que tenemos una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el petróleo por encima de $100 y el tipo de cambio cercano a los ¢472 por dólar, se estarían realizando pérdidas pues los mercados están a la baja en los precios”, indicó el gerente general de la OPC de la CCSS.
Por otro lado, en el mercado local, de menor tamaño y liquidez, las ventas masivas presionarían a la baja el precio de los instrumentos y al alza sus rendimientos.
Cuando la oferta supera la demanda, los títulos —del Ministerio de Hacienda o del Banco Central— deben venderse con descuento, generando minusvalías para pensionados, futuros jubilados y quienes están en la etapa de acumulación.
“Esto afecta a los pensionados porque hay que vender montos faciales mayores para pagar y eso impacta el valor del fondo para los que se quedan porque está en proceso de acumulación”, comentó el gerente general de la OPC de la CCSS.
Ahora bien, el BCR Pensiones advirtió de que, por el tamaño de inversiones en el Ministerio de Hacienda, no hay garantía de que los títulos se puedan vender.
Por su parte, Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, señaló que las OPC estarían compitiendo con Hacienda por la captación de recursos, situación que tendría “efectos negativos importantes” sobre los objetivos de consolidación fiscal del Gobierno.
Monto a desembolsar
De acuerdo con un ejercicio realizado por la División Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que contempla el flujo de desembolsos del ROP según estimación proporcionada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para el periodo 2026-2031, el saldo total proyectado a otorgar sería de ¢2,65 billones.
Este escenario contempla que el 100% de los pensionados actuales retire su ROP, que la entrega de recursos inicie en la segunda mitad del 2026 y que en cada año se distribuya un monto por trimestre de manera uniforme. Además, considera que, en promedio, un 40% de los requerimientos provenga del exterior y el restante 60%, del mercado local.
El gerente general de Popular Pensiones resumió que una liquidación de gran magnitud generaría presiones al alza sobre los rendimientos de mercado, las tasas de interés crediticias y el tipo de cambio, además de posibles efectos inflacionarios.
En el caso de esta OPC, inicialmente, se esperaría el retiro del ROP por parte de 37.250 clientes que ya se encuentran en fase de desacumulación (pensionados), los cuales representan un saldo de ¢373.242 millones. En una segunda instancia, se sumarían las personas que se jubilen “a partir de la fecha de una posible aprobación de esta norma”.
El impacto en los rendimientos
Un eventual aumento de liquidez de las OPC tendría como consecuencia una modificación del horizonte de inversión, lo cual obligaría a incrementar la participación de activos orientados al corto plazo y que, generalmente, tienen menor rendimiento.
Ana María Brenes, gerenta de Pensiones BAC, explicó que para quienes permanecen en el ROP, la rentabilidad futura tenderá a disminuir.
A criterio del gerente general de la OPC de la CCSS, “una reducción en los rendimientos, por efectos de mayor liquidez en los fondos, casi que podría ser similar a la rentabilidad del FCL (Fondo de Capitalización Laboral), ya que serían fondos muy parecidos”.
Los datos de la Supén a febrero pasado señalan que la rentabilidad nominal —es decir, sin considerar el efecto de la inflación— de los últimos cinco años fue de 7,76% en el ROP y de 7,43% en el FCL.
¿Quién asume la pérdida?
Ahora, ¿qué pasaría cuándo hay minusvalías? Los dos proyectos dictaminados positivamente por la Comisión de Asuntos Sociales establecen que no se pueden trasladar minusvalías al pensionado durante el proceso de retiro del ROP.
Ante esto, el exjerarca de la Supén, Javier Cascante, cuestionó quién asumiría esas pérdidas. “Vea qué curioso, nada más dice minusvalías, pero si hay plusvalías, ahí sí, ahí sí aplica”, dijo.
“¿Quién lo va a asumir? ¿La operadora de pensiones? No pueden porque es una cosa aparte, y si es así, diga que es la operadora de pensiones. ¿Si no es la operadora de pensiones, el ROP es el que tiene que asumir las minusvalías que pasen?”, cuestionó Cascante.
Por otro lado, el gerente general de BN Vital, Marco Vargas, señaló que cualquier intento de proteger a un grupo específico —por ejemplo, evitar que quienes retiran registren minusvalías— resulta incompatible con el marco regulatorio vigente.
“La normativa establece criterios de trato igualitario entre afiliados, lo que impide realizar valoraciones diferenciadas que perjudiquen a quienes continúan en el sistema”, indicó.
Menos dinero en la vejez
Si bien recibir el dinero del ROP puede dar un respiro económico momentáneo para las personas que puedan eventualmente acceder a estos recursos de forma anticipada, esta visión de corto plazo puede generar mayores preocupaciones a futuro.
Según una encuesta realizada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) en 2020, más de la mitad de las personas que recibieron el total de su ROP consumieron los recursos en menos de un año. La oficina de prensa de la Superintendencia advirtió de que el principal efecto de la devolución anticipada de estos recursos sería sobre la suficiencia de ingresos en la vejez.
En el caso de los pensionados actuales, el cambio de una renta mensual a recibir un único monto podría reducir su pensión total en cerca de un 22%, según la oficina de prensa de la Sugef, además de que muchos agotan esos recursos en “pocos años”. Para los futuros jubilados, el riesgo sería similar.
“El ROP fue diseñado para complementar la pensión mediante ingresos periódicos en la vejez. Cualquier cambio debe valorarse considerando sus efectos sobre las pensiones, el sistema y la economía", indicó la oficina de prensa de la Supén.
Los dos proyectos de ley dictaminados
La iniciativa 24.984 propone reformar el artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador para que diga que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión del IVM o los regímenes sustitutos (Poder Judicial y Magisterio Nacional) sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado puede retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.
Además, el artículo instauraría que otra forma de acudir a los recursos es que el pensionado, o aquella persona que cumple con los requisitos para solicitar su ROP, reciba retiros programados, que incluyan rendimientos mensuales promediados del último año, más la suma del capital, según el plazo que elija (24, 36, 60, 120 o 180 meses) y hasta agotar el fondo. Esta modalidad de retiro se llama Retiro Programado Financiero Actuarial.
“Bajo ninguna de las (dos) reglas establecidas en este artículo, la gestión devolutiva de los recursos de las cuentas administradas en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) podrá incluir minusvalías o pérdidas a partir del momento de la presentación de la solicitud del retiro”, dicta el texto sustitutivo dictaminado el 17 de marzo.
Por su parte, el proyecto 24.972 propone reformar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para que se lea que los afiliados al ROP que se pensionen del 1.° de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.
“El ROP deberá calcularse y recibirse al valor de mercado. No se podrán cargar pérdidas o minusvalías al pensionado de ninguna forma, una vez tramitado y firmado su retiro del ROP”, agrega dicho transitorio.
