La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se opone a las iniciativas de ley que pretenden autorizar la entrega total o acelerada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), argumentando que dicha medida expondrá a los trabajadores a enfrentar la pobreza durante su vejez.
El pronunciamiento del sector empresarial llega en un momento decisivo, ya que para este martes 17 de marzo, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa tiene programado dictaminar tres propuestas (los expedientes 24.955, 24.972 y 24.984) que buscan habilitar estos fondos.
De acuerdo con la UCCAEP, el principal peligro de aprobarse alguna de estas leyes es de carácter social. La organización señala que convertir estos ahorros en liquidez inmediata desvirtúa el propósito original de la ley, y aumenta el riesgo de que las personas agoten sus recursos antes de tiempo.
A largo plazo, esto se traduciría en dificultades económicas para los adultos mayores y provocaría una mayor presión financiera sobre los programas públicos de asistencia social.
“La Unión de Cámaras resalta que el ROPC existe precisamente para evitar que las personas enfrenten su retiro sin respaldo económico. Por lo tanto, convertir estos recursos en liquidez inmediata desvirtúa el objetivo de la ley y pone en riesgo la estabilidad de un sistema creado para proteger a los trabajadores”, indicó la UCCAEP.
Los empresarios recordaron que el 76,5% de los aportes al ROP provienen del sector patronal, mientras que el 23,5% corresponde a las deducciones de los trabajadores, por lo que es un instrumento de protección social a largo plazo, no un mencanismo de liquidez inmediata.
“Proteger el ROP significa proteger la seguridad económica de las personas trabajadoras en su vejez. Ese es el espíritu con el que se crea este régimen y el principio que debe orientar las decisiones del país”, señaló Maritza Hernández, presidenta de Uccaep.
Impacto macroeconómico
Además de las consecuencias sociales, la Uccaep alertó sobre el fuerte choque económico que representaría una liberación masiva de capitales.
Según estimaciones técnicas citadas por los empresarios, entre los años 2026 y 2029 el país podría enfrentar retiros superiores a los ¢2,25 billones. Esta situación obligaría a una liquidación masiva de activos financieros, lo que provocaría presiones sobre la inflación, tasas de interés y mercados financieros.
Oposición contra las iniciativas
La postura del sector privado se unen a las advertencias que ya han emitido autoridades como la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central, expertos actuariales y una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sumado a esto, a pesar del apoyo de grupos civiles como el Movimiento Devuélvannos el ROP, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, confirmó a La Nación que recomendará al presidente Rodrigo Chaves vetar cualquier legislación que apruebe la entrega total o masiva de estos recursos, argumentando el severo impacto fiscal que ocasionaría al Estado