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La volatilidad cambiaria reciente conduce a reflexiones importantes para la política económica.
La primera de ellas sobre de las consecuencias de procastinar. Durante años, las soluciones para resolver el déficit gubernamental han sido pospuestas, recurriendo a los atractivos –pero, a la vez peligrosos– espacios que proveyó un acelerado endeudamiento.
Con el paso del tiempo, al no concretarse el ajuste fueron limitándose las posibilidades de ocultar bajo la alfombra la irresponsabilidad fiscal; en especialmente desde 2016, cuando no se contó más con la válvula de escape del endeudamiento en el exterior.
De esta manera se gesta, la compleja situación actual: al déficit estructural surgido entre 2008 y 2009, se le añadió no sólo el fantasma de la insostenibilidad de largo plazo de la deuda sino que, además, debido a la desafortunada combinación de impericia y opacidad en la gestión del financiamiento gubernamental durante los dos últimos años, un grave problema de caja asociado no sólo con un déficit creciente, sino sobre todo con un perfil de vencimientos excesivamente concentrado en el corto plazo.
Esta es la razón principal del deterioro en las expectativas de los agentes económicos: las dudas en torno a la capacidad del Gobierno para financiarse durante los últimos meses de este año, el tiempo que logre comprar y, finalmente, el impacto sobre las condiciones crediticias que tendrá la forma en que obtenga los fondos.
La segunda lección está relacionada con la serenidad y responsabilidad que implica reconocer que una situación se ha salido de los cauces normales y, por tanto, requiere enfrentarse de una manera diferente, con medidas más contundentes y, especialmente, con acciones que eviten, en el peor escenario, que se alimente la hoguera de la inestabilidad.
Esto demanda esencialmente dos cosas: acciones monetarias, financieras y cambiarias que preparen a la economía para la posibilidad de un ajuste forzado por las circunstancias –lo que claramente entraña efectos colaterales en términos de crecimiento, pero que se justifican ante los costos de una crisis– y, en el ámbito gubernamental, una explicación clara y transparente de una estrategia de financiamiento que no se juegue todo al éxito de una sola acción o que dependa de la materialización de un evento futuro –no sólo incierto en su manifestación sino que también en sus efectos sobre la confianza del mercado– sino que programe con anticipación y previsión suficiente la obtención de los recursos que requiere para honrar sus obligaciones.
