“En cualquiera de los esquemas que se están valorando, los créditos que eventualmente llegara a otorgar el Banco Central estarían respaldados con garantías de alta calidad, y con un sistema de descuentos que permitiría eliminar el riesgo de crédito para el Banco Central”, respondió Rodrigo Cubero, presidente de la institución, a la consulta sobre qué pasaría si las empresas no pueden pagar.

Esta idea, que se sale de los instrumentos tradicionales de la autoridad monetaria, es una de las que han surgido para apoyar a las empresas cuyos ingresos bajaron por la emergencia sanitaria y mantienen costos de operación, entre ellos la planilla, y que, de no recibir ayuda, no podrán subsistir agravando la situación de desempleo que vive el país.

Otra idea con este mismo objetivo la planteó el exsuperintendente de pensiones, Édgar Robles, pero utilizando parte de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

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Cubero explicó que el BCCR ya dispone de instrumentos para conceder créditos a los intermediarios financieros: una vía es por medio del Mercado Integrado de Liquidez (MIL).

El MIL es donde las entidades financieras se prestan entre sí a corto plazo y donde también participa el Banco. Además tiene una herramienta llamada facilidad de préstamos de última instancia.

Según el Reglamento para las operaciones de crédito de última instancia en moneda nacional del Banco Central de Costa Rica, las operaciones de crédito de última instancia comprenden el crédito de apoyo de liquidez, el redescuento y el préstamo de emergencia. Todos son a corto plazo (seis meses o menos).

La entidad cuenta, también, con otras herramientas para administrar la liquidez, como el encaje legal.

La idea que analiza el Banco Central la propuso la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, el 24 de abril, aunque la entidad ya la tenía en el radar.

Anabelle Ortega, directora de la Cámara, enfatizó que el objetivo es poner a disposición de pequeñas y medianas empresas (pymes), y de compañías turísticas y hoteleras, recursos en condiciones de mayor flexibilidad en tasa de interés y plazos, bajo un procedimiento y controles bien establecidos.

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Un estudio del Ministerio de Economía, dado a conocer el 2 de junio, reveló que el 80% delas pymes están en peligro de desaparecer en seis meses por la caída en ventas, sobre todo las de turismo y comercio.

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¿Es posible hacerlo con la ley actual?

Sobre el espacio legal que tiene el Banco Central para poner en práctica este tipo de herramienta de financiamiento, existen criterios encontrados.

Rodrigo Cubero manifestó que la entidad realiza el análisis legal.

Mario Gómez, abogado especialista en sector financiero, consideró que sí es posible implementar la idea con la ley actual. Mientras tanto, Félix Delgado, economista, exgerente del Banco Central y quien ha escrito sobre la historia monetaria de Costa Rica, lo pone en duda.

“Considero que existe una base legal clara y suficiente que le permite al Banco Central realizar este tipo de operaciones. Específicamente me refiero a los artículos 2 inciso a) y d); 3 incisos e) k) y l) y 59 inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, argumentó Gómez.

El artículo 2 se refiere a los objetivos del Banco y el inciso a) le encomienda como objetivos subsidiarios “promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación”, y en el d), “promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo”.

El artículo 3 define las funciones esenciales del Banco y el inciso e) señala como una de ellas: “la promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional”, el K) “la colaboración con los organismos de carácter económico del país” y el I) “el desempeño de cualesquiera otras funciones que, de acuerdo con su condición esencial de Banco Central, le correspondan”.

El artículo 59, inciso c) le prohíbe al Banco efectuar operaciones de crédito de otra clase no autorizadas expresamente por la ley, pero con una excepción: “salvo las que, sin estar prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica del Banco Central y necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones”.

Félix Delgado, por su parte, argumentó que el Banco Central fue prestamista para que los bancos financiaran al sector privado por mucho tiempo, antes de la crisis de 1980 y 1982, pero esa puerta se cerró.

“En los ochentas las reformas legales fueron eliminando esas facultades, como préstamos al Consejo Nacional de Producción, a Codesa (Corporación Costarricense de Desarrollo) y el financiamiento de las cosechas de café. Después de la crisis el Banco Central (y las reformas a la ley) cerró todo acceso a ese tipo de financiamiento, que es impropio de la banca central, en mi criterio”, sostuvo Delgado.

En la Asamblea Legislativa, la diputada Silvia Hernández (PLN) también propuso el proyecto de Ley de Creación del Crédito para la Reactivación Económica ante la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19, expediente 21.967.

El texto plantea crear un fideicomiso para fondear una línea de crédito solidario en el cual el Banco Central inyectaría recursos y los bancos públicos (Nacional, Costa Rica y Popular) lo administrarían.

Experiencia ajena e interna

El presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, explicó que otros bancos, como el prestigioso Banco de Inglaterra, y el Banco Central de Chile optaron por esta medida.

En el documento Políticas para Combatir la Pandemia del Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo explica que las condiciones creadas por la propagación del coronavirus no tienen precedentes, y por ello exigen respuestas excepcionales de políticas por parte de las autoridades monetarias regionales.

"Además de instrumentos tradicionales como la reducción de la tasa de interés, los bancos centrales deberían adoptar medidas no convencionales para evitar consecuencias permanentes de un choque negativo que será transitorio, pero potencialmente muy severo”, indica el BID.

Los riesgos

Para el expresidente del Banco Central, el economista Eduardo Lizano, lo primero que se debe tener claro es, ¿cuál es el problema que se quiere resolver?

“El problema es de ver si la dificultad que tienen los bancos es en forma de liquidez, o si es un problema de asumir riesgos”, explicó Lizano.

Los bancos, agregó, afrontan dos tipos de situaciones: una que los clientes no les pueden pagar y por ello han readecuado las deudas, y eso afecta su flujo de caja (liquidez).

La otra es que muchas empresas se han comido su capital de trabajo, y para arrancar, una vez que se empiece a normalizar la situación, van a necesitar no solo readecuaciones, sino capital fresco (implica nuevos riesgos).

En cualquier opción que se elija para orientar la ayuda, Lizano es del criterio que se deben distribuir los riesgos.

“A mí me parece normal, en esta situación, de que debe haber una distribución de riesgos (...). Los clientes van a tener que sufrir, los bancos va a ser inevitable que tengan algunas pérdidas. Lo que sí me parece que debiéramos evitar es que el riesgo, o los costos, caigan solo en una parte”, indicó.

Si el Banco Central asume ese riesgo (sería el que pierde el dinero si las empresas no pueden pagar) entonces se tendrían que socializar las pérdidas por medio de una mayor inflación o se tendría que capitalizar al Banco, para lo cual el Estado requeriría recursos vía impuestos o deuda que la población pagaría, explicó Lizano.

Otra pregunta que plantea Lizano es si el Banco puede usar otras herramientas para aportar liquidez a las entidades financieras, por ejemplo, el encaje legal.

Otras áreas de discusión son: ¿cuáles intermediarios participarían?, ¿para quién serían los créditos? y ¿cuáles serían las condiciones? Cubero enfatizó que esta propuesta se encuentra en etapa de formulación, por lo que quedan aún por definirse sus detalles operativos.

Entrevista:

Rodrigo Cubero: ‘Algunos bancos centrales han desarrollado líneas de crédito para intermediarios financieros’

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, contestó por escrito algunas de las consultas de La Nación sobre la idea de que esa entidad utilice su poder de emisión para dar crédito a los intermediarios financieros; y estos, a las empresas afectadas por el nuevo coronavirus.

El jerarca detalló que algunos bancos centrales en el mundo han optado por este camino.

– ¿En cuáles artículos de la ley del Banco Central se permite a la entidad utilizar la emisión para dar préstamos a los bancos, para que presten al sector privado?

– El análisis de la viabilidad, conveniencia y fundamento jurídico de una eventual línea de crédito para intermediarios financieros, adicional a los mecanismos existentes, está apenas en proceso.

– ¿Otros bancos centrales en el mundo aplicaron esta medida?

– Sí. Hay cerca de 40 bancos centrales que, a raíz de la crisis actual, han venido implementando herramientas con el fin de inyectar liquidez al sistema financiero, con esquemas diferentes, dependiendo de sus realidades económicas y financieras y de sus ordenamientos jurídicos.

“Algunos bancos centrales han desarrollado líneas de crédito para intermediarios financieros, con el objetivo que estos los canalicen al sector privado, como es el caso del Banco de Inglaterra y del Banco Central de Chile”.

– ¿Se ha aplicado esta medida antes en Costa Rica?

– Sí, en la década de los ochenta. Sin embargo, en ese entonces no se percibía como un instrumento excepcional para enfrentar una crisis, sino como parte de las herramientas de la banca central en tiempos normales.

– Si el sector privado no puede pagar los créditos y los bancos comerciales no pueden cancelar al Central, ¿qué pasaría?, ¿cuáles son los riesgos para el Banco Central?

– En cualquiera de los esquemas que se están valorando los créditos que eventualmente llegara a otorgar el Banco Central estarían respaldados con garantías de alta calidad, y con un sistema de descuentos que permitiría eliminar el riesgo de crédito para el Banco Central.

– ¿Cuál es el objetivo de la medida?

– Proveer financiamiento en condiciones favorables de tasa y plazo a los intermediarios financieros, para estimular el otorgamiento de crédito, también en mejores condiciones, por parte de esos intermediarios al sector privado (empresas y hogares).

– ¿Se puede alcanzar ese objetivo con otras fuentes de recursos?

Eso es parte de la valoración que se está haciendo.