La propuesta de tomar una parte de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para otorgar créditos, a tasas de interés asequibles, con el fin de que pequeñas empresas cuenten con capital de trabajo que les ayude a volver a producir y dar empleos tiene acogida entre especialistas en la materia, excepto en lo que toca al Sistema de Banca para el Desarrollo.
La iniciativa fue planteada por el exsuperintendente de Pensiones, Édgar Robles, en un artículo publicado en La Nación, el pasado 26 de abril, quien considera que esta opción permitiría apoyar el proceso de reactivación económica sin desmantelar el régimen complementario.
Esta propuesta es diferente a la que se discute en la Asamblea Legislativa, que abre la opción de entregar el 100% del ROP en un solo desembolso a quienes se pensionen en los próximos tres años, en vez de asignarles una renta mensual por el resto de la vida.
La superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, advirtió que este último proyecto lesionaría, de manera directa e importante, el derecho de los trabajadores a una pensión digna.
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Por el contrario, en la solución que expone Robles, se utilizaría una pequeña porción, de 5% o 10% del ROP, para ayudar en el proceso de reactivación económica.
La propuesta de este economista es que las entidades financieras hagan fideicomisos, los cuales emitirían participaciones en las que invertirían las operadoras de pensiones y esos recursos se utilizarían para otorgar créditos, a tasas de interés asequibles, para que empresas que eran rentables antes de la pandemia, cuenten con capital de trabajo que les ayude volver a producir.
Uno de los problemas que surge es cómo financiar a empresas con pocas garantías que aportar como respaldo al crédito.
El ROP es un fondo constituido por los aportes de los patronos y los trabajadores para otorgar una pensión mensual que complemente la pensión básica (que puede ser la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la del Magisterio Nacional o la del Poder Judicial, por ejemplo).
El fondo se financia con los aportes de los trabajadores (1% del salario reportado en la planilla a la Caja Costarricense de Seguro Social) y 3,25% de los aportes de los patronos.
A marzo del 2020, el Fondo administraba ¢6,6 millones de millones, de los cuales el 11,84% está invertido en el extranjero, según la información que la Superintendencia de Pensiones publica en su página web.
¿Es posible la propuesta?
En la propuesta de Robles, ¿qué pasa si la empresa no tiene una suficiente garantía para respaldar el crédito y luego tiene problemas para pagar? Para ello, Robles propone modificar la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo para que otorgue avales a esos créditos, un tipo de garantía.
Sin embargo, Miguel Aguiar, director de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, considera que no hay necesidad de utilizar los recursos del ROP para este fin, pues este otro sistema cuenta con recursos suficientes.
“Don Édgar plantea un uso alternativo de los fondos del ROP, no obstante, me parece que en la actualidad hay recursos suficientes para proveer el crédito que las mipymes (micro y pequeñas empresas) necesitan. Basta que los bancos, especialmente los bancos del Estado, canalicen con vigor los recursos e instrumentos que están disponibles, habilitados para que los puedan utilizar con sentido de urgencia”, consideró Aguiar.
Banca para el Desarrollo cuenta actualmente con recursos disponibles por ¢45.000 millones y $263 millones, según informó Aguiar.
Robles considera que Banca para el Desarrollo es un mecanismo poco ágil para auxiliar a las empresas que urgen ayuda en este momento.
“La Ley de Banca para el Desarrollo no es ágil en brindar facilidades crediticias a empresas que no poseen colateral (garantía). Por ello es que estoy proponiendo usar esos recursos para avales (habría que dar una autorización de ley para ello) con los fondos de Banca para el Desarrollo. Al mismo tiempo, se logra diversificar mejor las inversiones del ROP”, señaló Robles.
El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, quien impulsó la Ley de Protección del Trabajador, apoya la idea de Robles.
Rodríguez consideró que lo más interesante de la propuesta es que lo relaciona con cosas que ya están aprobadas en esta Ley, como la inversión en fideicomisos, y que buscan que esos fideicomisos permitan disminuir el riesgo.
Por su parte, otro exsuperintendente de Pensiones, Javier Cascante, considera que los fondos de pensiones, especialmente el ROP, el mejor favor que pueden hacerle a la economía es apoyar en la reactivación; ya sea por medio de la figura del fideicomiso, aunque podrían valorarse otras figuras como los bonos de infraestructura.
Otra pregunta que surge es quién asumiría el costo de fideicomiso. Robles explicó que sería el empresario que recibe el crédito, dentro de la tasa de interés que paga.
En ese sentido, Rodríguez manifestó que para las pequeñas empresas el obstáculo mayor son los costos de transacción más que la tasa de interés.
“Todo este costo (el del fideicomiso) debe asumirlo la empresa, usualmente uno cree que el tema más importante para una empresa para salir adelante es la tasa de interés, pero no es tan cierto. La tasa de interés en préstamos de pequeña y mediana empresa no es el obstáculo mayor, el obstáculo mayor son los costos de transacción, es la dificultad de obtener los créditos, es el tiempo que se les tiene que dedicar”, comentó Rodríguez.
¿Cómo podría llevarse a la práctica la idea? Hermes Alvarado, gerente General de BN Vital y Mauricio Rojas, gerente BCR Pensiones, explicaron los mecanismos y requerimientos.
Alvarado comentó que estas figuras ya existen y son administradas por los bancos, mediante créditos a pymes y banca de desarrollo.
“Lo novedoso de la propuesta es la creación de un fideicomiso que cumpla con la normativa de la Sugeval (Superintendencia General de Valores) para emitir instrumentos financieros que puedan ser adquiridos por las operadoras, que tengan los mecanismos de garantías necesarios, todo bajo una adecuada gestión de riesgos, que estén acordes con las normas que regulan a los fondos administrados por las operadoras de pensiones complementarias”, indicó Alvarado.
Rojas detalló que el fideicomiso debe cumplir ciertos requisitos para que las operadoras puedan invertir en ellos, entre los cuales están: estar inscrito en el registro de intermediarios y emisores de la Sugeval, presentar una calificación de riesgo por una calificadora autorizada por Sugeval, estar en la etapa operativa, por lo que no se podrá realizar inversiones en proyectos en etapa de estudios de factibilidad o preoperativos, y presentar información pública de los estados financieros auditados.
Adicionalmente, manifestó el jerarca de BN Vital, la inversión tendría que pasar por los análisis de riesgo correspondientes en cada una de las operadoras.
Ambos gerentes consideran que la idea merece ser analizada.
Recursos también podrían servir para dar crédito a los hogares
La analista financiera Julia González, quien en 1989 fue gerente de mercadeo y proyectos de la Bolsa Nacional de Valores, propuso otra idea relacionada con el ROP y es que los afiliados, que ya utilizaron el Fondo de Capitalización Laboral y no les alcanzó, puedan solicitar un crédito de sus propios ahorros hasta 20% del ROP, en tractos iguales, durante algunos meses.
“Esta tasa se la estaría dando como retorno a ella misma, menos un costo por administración. El plazo del crédito sería de cinco años y si no paga en los cinco años se le cobraría una penalidad. Algunas personas, cuyo sector no se recupere, pueden usar sus fondos para empezar un pequeño negocio”, explicó González.
Ella considera que una propuesta (financiar a pymes) no está en contra de la otra (dar crédito a los hogares), pues una estimula la oferta y la otra la demanda, y ambas buscan contribuir a la reactivación de la economía.
González explicó que su principal preocupación es que nadie vaya con hambre a dormir.
“Como concepto es saber que existen $1.500 millones invertidos en acciones afuera y aquí la gente está pasando necesidades”, comentó.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) estimó que cerca de 24% de los trabajadores ocupados podrían perder su trabajo durante la pandemia (un poco más de 400.000 trabajadores) y los niveles de pobreza podrían llegar hasta el 29% debido a esta situación.
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La preocupación con esta propuesta, tanto de los exsuperintendentes de Pensiones, Édgar Robles y Javier Cascante, así como del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, es también qué pasaría si la persona no paga, pues de no hacerlos se puede convertir en una vía para sacar los dineros del ROP antes de tiempo.
“Un régimen de pensiones donde la gente pueda retirar la plata, no es un régimen de pensiones”, expresó Rodríguez.
Consultada sobre las iniciativas, la actual superintendenta de Pensiones Rocío Aguilar, manifestó estar en la mejor disposición de estudiar propuestas pero teniendo claro que, bajo ninguna circunstancia, se debe perder los objetivos de la creación de este segundo pilar, que es complementar la pensión básica.
“Se están planteando ofertas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, en el lado de la oferta corresponderá al mercado estructurar los proyectos y en el tanto cumplan con la reglamentación vigente, la segunda parte es que las operadoras se interesen, efectivamente, por esos productos, y se hubiese que hacer cambios menores a la normativa con mucho gusto los estudiamos”, expresó Aguilar.