Edgar Robles. 25 abril

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está recibiendo un fuerte golpe como resultado de los esfuerzos por detener el avance del virus SARS-CoV-2.

Por un lado, la paralización económica, producto de las medidas sanitarias, ha aumentado el desempleo, el subempleo y la economía informal, y eso origina la disminución en el pago de las cuotas al IVM.

Por otro lado, la decisión adoptada por la CCSS de bajar hasta en un 75 % el salario mínimo contributivo también conlleva una merma de recursos para el fondo de pensiones.

La Gerencia de Pensiones calcula que, durante el 2020, se utilizará el 20 % de la reserva del IVM para el pago de las pensiones. Tal proceder asesta otro golpe a las finanzas del IVM, pues el uso de la reserva impedirá contar con los mismos ingresos por intereses de la reserva para el pago de pensiones. Resultado: se perderá una tercera fuente de financiamiento.

Según el último estudio actuarial de la CCSS, de noviembre del 2019, se proyectaba que la reserva iba a ser usada a partir del 2030 y que se agotaría en el 2037. La crisis de la covid-19 podría adelantar el colapso en cerca de una década.

Platillo apetitoso. Al mismo tiempo que se reducen las finanzas del IVM, la precarización del trabajo, a raíz de la menor actividad económica, genera una presión en los países de América Latina para que los gobiernos brinden acceso a los ahorros en las cuentas individuales de pensiones, como una forma de atender las necesidades económicas de los trabajadores que se quedaron sin ingresos de la noche a la mañana.

Así, desde México hasta Uruguay, existen iniciativas de ley para aprobar el retiro de algún porcentaje de los fondos de pensiones de capitalización individual de forma anticipada.

Afortunadamente, ningún Congreso de la región ha sucumbido, hasta el momento, a este tipo de presiones populistas, pues la gran mayoría de los trabajadores preferimos recibir el dinero en efectivo, en especial quienes han perdido el empleo, pero ¿qué hacemos después para financiar la vejez, cuando hayamos gastado los recursos del ROP y tengamos una pensión insuficiente de la CCSS?

De países como República Dominicana nos llegan noticias alentadoras. Allá, algunas organizaciones de trabajadores han mostrado gran madurez al oponerse al desmantelamiento de la seguridad social, es decir, a la entrega anticipada de los ahorros para la pensión porque comprenden que el alto costo posterior de no contar con ella es superior a las penurias económicas de este momento, que serán pasajeras.

En Costa Rica, desde hace un par de años existen también presiones para desmantelar el sistema de capitalización individual. Mal habríamos hecho si el país hubiera cedido el año pasado, cuando se intentó abrir la posibilidad de entregar los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) supuestamente para dinamizar la economía.

De haber procedido de esa forma, las personas que se encuentran hoy desempleadas o sus jornadas fueron reducidas o sus contratos suspendidos no tendrían esos recursos para ayudarse a enfrentar la difícil situación económica causada por la pandemia.

Del mismo modo, ceder a las presiones para entregar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario (ROP) de forma anticipada es negar la realidad del desfinanciamiento que sufre el IVM, el cual evolucionará en condiciones más estrictas de acceso a la pensión y en disminuciones futuras de los montos de pensiones, como lo han experimentado a lo largo de los años los pensionados de los regímenes con cargo al presupuesto nacional.

Uso sin desmantelar el sistema. En lugar de entregar el ROP para atender las necesidades de consumo inmediatas, sería más provechoso utilizar esos recursos para ayudar en el proceso de reactivación económica. Más que un ingreso temporal y subsidios, las familias en estos momentos necesitan trabajos.

Las micro y pequeñas empresas resultaron muy golpeadas a causa del colapso del consumo derivado del confinamiento.

Muchas de esas empresas que antes de la pandemia eran rentables han perdido la posibilidad de reanudar su actividad económica, pues se han quedado sin capital de trabajo al tener que hacer frente, de manera anticipada, a deudas, pago de alquileres de los locales comerciales en donde no se vende, a las liquidaciones de empleados y a una serie de costos fijos que las han condenado prácticamente a la bancarrota.

Esa es la razón por la cual cobra sentido tomar una parte de los recursos del ROP para otorgar créditos, a tasas de interés asequibles, para que esas empresas cuenten con capital de trabajo que les ayude volver a producir y dar los empleos que la población está pidiendo a gritos.

Esos créditos no deberán ser otorgados por las operadoras de pensiones. Más bien, deberán constituirse fideicomisos que se encarguen de dar los préstamos.

Los fideicomisos emitirían participaciones para que las operadoras de pensiones las compren con los fondos administrados. Así, logramos dos objetivos: acrecentar la rentabilidad de los fondos, lo cual redunda en mejores pensiones futuras, y generar actividad económica, que es fuente de empleos.

El riesgo de un fideicomiso de este tipo estaría muy diversificado, ya que se trata de microcréditos distribuidos entre muchas empresas, pues la inmensa mayoría de las pymes requieren relativamente poco capital para ponerse de nuevo en marcha, el equivalente a dos o tres meses de ventas.

Además, si se le quiere dar mayor seguridad al fideicomiso, la creación de líneas de financiamiento podría contar con un aval parcial del Estado mediante el uso de los fondos de Banca para el Desarrollo, lo cual produciría más incentivos para proveer recursos frescos a las empresas con problemas de liquidez.

El aval de dichos créditos permitiría reducir los costos de administración del fideicomiso y otorgar préstamos a tasas de interés inferiores, factor crucial para la reactivación de las unidades productivas.

Reformas. La Ley de Protección al Trabajador admite la inversión de los fondos de pensiones en este tipo de fideicomisos. No obstante, será necesario ajustar la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo para otorgar avales de tal naturaleza, si se decidiera transitar por este camino.

Lo ideal sería aprovechar la crisis para promover muchos cambios que el país requiere para aumentar la productividad empresarial, como, por ejemplo, la revisión de las cargas sociales y el traslado de muchas de ellas a impuestos generales.

Sin embargo, es más urgente recuperar los empleos perdidos. El país no tiene espacio fiscal para subsidiar el paro más allá de unas cuantas semanas.

Debemos utilizar el ROP de manera inteligente, no solo para financiar los gastos en la vejez, sino también para reactivar el empleo, en lugar de usarlo como una inyección de adrenalina, la cual tendría un efecto solo temporal en la actividad económica y nos conduciría a problemas que serán más difíciles de solucionar en el futuro.

El autor es economista, exsuperintendente de pensiones y consultor internacional.