En un comunicado, los afectados afirmaron que la resolución del Tribunal “profundiza la incertidumbre y la vulnerabilidad” de los ahorrantes. También señalaron su indignación y preocupación tras conocer la decisión judicial.
“Una vez más el BCR evita cumplir con su obligación de rendir cuentas ante sus clientes y de reparar el daño que nos ha causado como ahorrantes. Con esto, se golpea directamente a cerca de 1.500 ahorrantes, en su mayoría adultos mayores, que durante años confiaron sus ahorros al Banco de Costa Rica", afirmó el grupo.
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También recordaron que la orden administrativa de Sugeval, que fue ratificada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), busca restablecer la legalidad y proteger el interés público.
“La suspensión ahora decretada por el Tribunal pone en entredicho esa protección y abre la puerta a un mayor deterioro de la confianza en el mercado financiero costarricense (...) La oposición del BCR a obedecer la orden de Sugeval y ratificada por el Conassif va, además, en contra de los propios intereses del banco", consideró la agrupación.
Por su parte, el BCR señaló en un comunicado de prensa que la medida fue acogida de manera provisionalísima, lo que implica la suspensión de todas las acciones relacionadas con el PEP, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
La suspensión de las directrices instruidas por Sugeval se mantendrá hasta que los tribunales resuelvan en definitiva la medida cautelar. Además del traslado de los fondos, también quedó suspendida una asamblea de inversionistas.
