El Gobierno propuso la colocación de $13.500 millones en títulos valores en el mercado internacional, distribuidos en nueve tractos de $1.500 millones cada uno, ante los fuertes vencimientos de deuda previstos para los próximos cinco años.
De acuerdo con el proyecto de ley 25.363, presentado por el presidente Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, la captación en los mercados internacionales busca reducir la presión sobre el mercado doméstico, diversificar las fuentes de financiamiento, ampliar la base de inversionistas y aprovechar condiciones externas más favorables.
El Gobierno también justificó la iniciativa al considerar que las emisiones en el extranjero, conocidas como eurobonos, mitigan el riesgo de refinanciamiento mediante colocaciones de largo plazo, reducen el riesgo de tasas de interés —al tratarse, usualmente, de bonos a tasa fija— y permiten atender vencimientos en moneda extranjera.
“A pesar del avance en materia fiscal, persisten desafíos estructurales que requieren atención decidida y visión estratégica”, se explicó en la exposición de motivos de la iniciativa presentada este jueves 18 de diciembre en el Congreso.
La propuesta contempla nueve emisiones anuales por $1.500 millones en el período comprendido entre 2026 y 2034, las cuales deberán colocarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en dólares o su equivalente en cualquier otra moneda.
Como parte de la iniciativa, el Ministerio de Hacienda propone que las emisiones tengan plazos mínimos de cinco años y que las tasas de interés se pacten conforme a las condiciones prevalecientes en los mercados.
No obstante, el rendimiento de los títulos no podrá superar el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de un plazo similar al de la colocación, más 750 puntos base (p. b.), o su referencia equivalente en caso de emitirse en una moneda distinta del dólar.
El Poder Ejecutivo argumentó que existe una probabilidad de recortes en las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), lo que abre una ventana de oportunidad para emitir deuda a menores costos.
La iniciativa también facultaría al Gobierno a realizar emisiones temáticas —sociales, verdes o sostenibles— bajo el Marco de Financiamiento Sostenible, e incluso en colones, si existiera demanda por parte de los inversionistas.
La Dirección General de Gestión de Deuda Pública explicó a La Nación que en los próximos cinco años vence cerca del 45% del servicio de la deuda pública, que incluye tanto la amortización del principal como el pago de intereses.
De ese porcentaje, el 28% corresponde a obligaciones en moneda extranjera y, dentro de ese grupo, el 57% es deuda externa. “En los próximos cinco años vence cerca del 16% del servicio de la deuda pública externa. Por lo tanto, si no se quiere presionar los macroprecios locales, es importante que ese rollover sea a través del mercado internacional”, justificó Hacienda.
En la iniciativa de ley, el Poder Ejecutivo señaló que los inversionistas internacionales mantienen una percepción positiva sobre la economía costarricense y que existe apetito por los bonos del país.
Como ejemplo, indicó que en las colocaciones realizadas en el mercado internacional en abril de 2023 y en noviembre de ese mismo año, ambas por $1.500 millones, la demanda superó en 4,8 y 3,4 veces, respectivamente, el monto total ofrecido.
El pasado 21 de noviembre, el Ministerio de Hacienda también realizó una subasta abierta en el mercado local, en la que se colocó un monto de 1.000 millones de euros, la cual se vence en 2030 y tiene un rendimiento de 5,5%.
Fuertes vencimientos
Para el período 2025–2030, los vencimientos totales alcanzan los $45.187 millones, de los cuales $25.465 millones corresponden a la amortización del principal y $19.723 millones al pago de intereses.
Los años con mayores vencimientos son 2026, 2028 y 2029, con montos anuales de $8.846 millones, $9.522 millones y $9.107 millones, respectivamente, según datos del Ministerio de Hacienda, con corte al 31 de agosto.
“Sin acceso al financiamiento internacional, estas necesidades recaerían sobre el mercado local, incrementando la competencia por recursos y presionando las tasas de interés al alza”, señaló el gobierno en el proyecto de ley.
Según el texto, el sistema financiero nacional concentra el 23% de la tenencia de deuda interna del Gobierno. Además, la regulación prudencial, los límites de inversión de los fondos de pensiones y la preferencia de algunos intermediarios por activos externos reducen aún más la disponibilidad de recursos locales.
Ante este escenario, el Ejecutivo indicó que el acceso a financiamiento externo permite aliviar la presión sobre las tasas locales. “Si no se aprueba este proyecto de ley, las tasas locales podrían elevarse nuevamente, afectando la inversión privada y el crecimiento”, se lee en el texto.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá disminuir el monto de financiamiento de deuda interna autorizado en el presupuesto de la República del año respectivo en el mismo monto que coloque en títulos amparados en esta iniciativa.
Intento fallido
Este año ya hubo un intento fallido para colocar eurobonos, luego de que la Asamblea Legislativa sepultara el proyecto de ley que autorizaba al Gobierno de Rodrigo Chaves a emitir $2.000 millones en deuda externa.
La iniciativa habría permitido al Ejecutivo colocar $1.000 millones este año y otro tanto en 2026. En 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una autorización por $5.000 millones en eurobonos para que el Gobierno financiara sus gastos con deuda externa, más barata que el financiamiento local.
Esta autorización permitió colocar $1.500 millones en el primer semestre de 2023 y un monto idéntico en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, el incumplimiento de los requisitos para colocar los $2.000 millones restantes obligó al Poder Ejecutivo a acudir nuevamente al Congreso para reformar la ley de 2022 y autorizar ese monto adicional bajo condiciones más flexibles. Finalmente, los legisladores descartaron la iniciativa.