París, Francia. A golpe de millones de dólares, las empresas de inteligencia artificial (IA) han multiplicado sus propuestas de políticas públicas e intensificado sus campañas de influencia para pesar en este momento decisivo de diseño de las medidas regulatorias en Estados Unidos y Europa.
OpenAI, la empresa norteamericana que a fines de 2022 puso a disposición del gran público su robot conversacional ChatGPT, presentó a inicios de mes un documento de 13 páginas con las medidas que propone para adaptar la sociedad estadounidense a la era de la IA.
Las ideas van de un incremento de impuestos a las plusvalías de las empresas, hasta la creación de un fondo público de redistribución de beneficios y un reforzamiento de las medidas de protección social.
“Un ejercicio de marketing”, apuntó desde Bruselas Margarida Silva, del Centro de investigación de empresas multinacionales (Somo).
Una opinión compartida por Charles Thibout, profesor de ciencias políticas en Sciences Po Estrasburgo, que cree que el grupo norteamericano busca ante todo “mejorar simbólicamente su imagen”.
Recientemente, OpenAI fue criticado por firmar un acuerdo con el Pentágono, que permite el uso de sus modelos con fines bélicos.
Su rival Anthropic, dirigido por Dario Amodei, rechaza que su tecnología sea utilizada por el gobierno estadounidense para practicar una vigilancia masiva de la ciudadanía o desarrollar armas totalmente autónomas.
La empresa dirigida por Dario Amodei hace campaña, por su lado, poniendo el énfasis en una IA segura y en una regulación más exigente.
Medios financieros colosales
El mismo fenómeno se observa en Europa. La empresa emergente francesa Mistral acaba de presentar en Bruselas una hoja de ruta de 22 medidas, destinadas a acelerar la IA en el continente.
“Es un período bisagra”, y un momento en que las empresas del sector deben “poner toda la carne en el asador para intentar que se adopten medidas favorables a sus intereses”, aseguró la jurista Alexandra Iteanu, especializada en derecho digital.
Las tomas de posición públicas por parte de empresas como Mistral y OpenAI se añaden a un trabajo de cabildeo de fondo, que no tiene nada de nuevo pero sí que se intensificó últimamente.
En Estados Unidos, una cuarta parte de los lobistas federales de Washington trabajaron en cuestiones vinculadas con la IA en 2025, lo que representa unas 3.500 personas. El aumento es del 170% en tres años, destaca la oenegé Public Citizen.
Además, y con la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre, OpenAI y otros gigantes del sector están gastando millones de dólares en campañas de influencia dirigidas a promover candidatos afines.
Donald Trump, favorable a un paradigma de regulación mínima de la IA desde su regreso a la Casa Blanca, cuenta entre sus donantes con el presidente de OpenAI, Greg Brockman, y su cofundador, Sam Altman.
En Europa, donde se están debatiendo las modalidades de aplicación de la normativa sobre la IA, los gastos en lobbying de las empresas tecnológicas aumentaron un 55% desde 2021 y sumaron 151 millones de euros en 2025, según un estudio de Corporate Europe Observatory y Lobby Control.
‘Canales privilegiados’
Estas empresas tienen las mismas estrategias de influencia que la industria del tabaco o la del petróleo, con la diferencia de que disponen de “mucho más dinero para invertir”, apunta Margarida Silva.
A título de comparación, la industria del tabaco invierte de media 14 millones de euros anuales en la UE en sus campañas de influencia, según las asociaciones Contre-feu y STOP.
Algunos gigantes de la tecnología como Meta, Apple y Google controlan además plataformas y herramientas muy poderosas, lo que significa que “controlan la infraestructura de la información, y eso les da mucho poder sobre los gobiernos”, insiste la investigadora.
Charles Thibout recalca la existencia de “canales privilegiados” con los máximos responsables de la toma de decisiones “en administraciones públicas tanto estadounidenses como francesas”.
Prueba de ello fue la presencia de los grandes magnates de la tecnología en la investidura de Donald Trump en enero de 2025, adonde acudieron entre otros Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX).
O la cercanía entre el cofundador de Mistral, Arthur Mensch, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Y es que a los dirigentes políticos les resulta prestigioso rodearse de la élite tecnológica, y mostrar que son capaces de atraer inversiones multimillonarias a sus respectivos países, añadió Thibout.
Estas campañas de influencia, que batallan habitualmente contra la adopción de leyes de interés público sobre las normas medioambientales y la protección de datos personales, representan una auténtica “amenaza para la democracia”, afirmó preocupada Margarida Silva. Pero “el legislador tampoco es ingenuo”, matizó Alexandra Iteanu.
En Estados Unidos, pese a los ingentes gastos de las empresas tecnológicas, los sondeos apuntan a que la opinión pública es muy escéptica en cuanto a los beneficios de la IA, pues teme la pérdida de empleos y el impacto de los centros de datos en recursos muy preciados, empezando por el agua.