La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya tiene una fecha tentativa para presentar la ruta crítica que prevé seguir en los próximos años para asegurar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El gerente de Pensiones de la institución autónoma, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que la Caja proyecta entregar un plan de acción en el primer semestre del 2026, en medio de un contexto marcado por el rápido aumento de beneficiarios y por ingresos insuficientes para sostener el principal fondo de retiro del país.
Para ese fin, Barrantes indicó que las instancias jerárquicas de la CCSS mantienen mesas técnicas de diálogo y analizarán distintas alternativas y propuestas durante los próximos 12 meses, con el objetivo de presentar un planteamiento concreto para abordar y resolver las falencias que enfrenta el fondo.
“La idea es tener el año entrante (hacia el primer semestre) un documento base que sirva después para una discusión con la integración ya de todos los sectores. Ha habido circunstancias producto de cambios que ha tenido la Junta Directiva, que han limitado un poco que los sectores se integren, pero (...) la parte técnica va a seguir trabajando y esperamos el otro año tener algún documento base”, explicó Barrantes.
Según el jerarca, en las mesas técnicas participan autoridades de la CCSS, junto con representantes de la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes.
En junio pasado, como parte del Proceso Nacional de Diálogo de Pensiones, impulsado por la Supén desde marzo del 2024, la entidad presentó 36 propuestas que contemplan reformas legales orientadas a fortalecer el financiamiento de los sistemas de pensiones.
Entre las principales recomendaciones, la Supén planteó aumentar de 25 a 30 años el mínimo de cotización para pensionarse por vejez en el IVM, es decir, pasar de 300 a 360 cuotas, manteniendo la edad de retiro en 65 años y habilitando pensiones proporcionales desde las 120 cuotas.
También propuso crear una pensión básica universal cercana a ¢82.000 mensuales para todas las personas adultas mayores, financiada con impuestos generales.
Adicionalmente, sugirió destinar una parte del impuesto al valor agregado (IVA) al financiamiento del sistema y establecer una contribución especial para las empresas del régimen de zonas francas, con el fin de fortalecer los fondos públicos.
Asimismo, se recomendó reforzar el ahorro en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y en los esquemas voluntarios, limitar los retiros anticipados, ampliar la afiliación de trabajadores independientes y ajustar la estrategia de inversión de los recursos.
Pese a ello, aunque la CCSS había señalado que trabajaría en mesas de diálogo para construir sus propias propuestas, hasta ahora la institución autónoma no había definido un horizonte ni una fecha concreta para presentar esos planteamientos.
¿Qué propondrá la CCSS?
De acuerdo con Jaime Barrantes, aunque las 36 propuestas de la Supén se consideran dentro de las mesas de diálogo, el énfasis está puesto en aquellas vinculadas directamente con la gestión de la institución. Señaló que otros planteamientos dependen, en mayor medida, de debates y decisiones en la Asamblea Legislativa.
“Nosotros vamos a valorar integralmente esos insumos más otros que tenemos. La idea es ponernos de acuerdo en algunas alternativas base. No van a ser únicas, pero que vayan apuntando a fortalecer la sostenibilidad del sistema”, explicó.
En esa línea, el jerarca señaló tres ejes que, a su criterio, deben analizarse con mayor profundidad como parte del documento de reforma que se presentará en el 2026.
- Visión integral del sistema de pensiones: Barrantes afirmó que el análisis no debe limitarse a la tasa de reemplazo del IVM, sino abarcar el sistema de pensiones en su conjunto, incluyendo con importancia el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Señaló que este indicador debe evaluarse de forma integral y advirtió que propuestas como el retiro anticipado del ROP van en sentido contrario a ese enfoque.
- Rebalanceo de las cargas sociales: Explicó que, para financiar algunos beneficios del IVM, será necesario revisar los ingresos, aunque precisó que, por ahora, no se contempla un aumento en la cotización. En su lugar, propuso un rebalanceo de las cargas sociales, al indicar que el gasto estatal en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional —cercano al 10% del PIB— tenderá a disminuir, lo que abriría espacio para trasladar parte de las contribuciones que hoy asumen los patronos hacia el IVM.
- Fortalecer el Régimen No Contributivo y pensión mínima: Barrantes añadió que también debe analizarse la situación de las personas sin pensión, el Régimen No Contributivo y la pensión mínima del IVM. Señaló que existe una demanda insatisfecha relevante y que, aunque los recursos del RNC provienen del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el tema amerita una discusión de fondo.
El jerarca explicó que el objetivo, además, no será instaurar una pensión universal, sino asegurar que todas las personas accedan a una pensión y que el Estado participe en el financiamiento del IVM para sostener un monto mínimo.
Jupema detectó áreas de mejora en foros
Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), señaló a La Nación que se han desarrollado diversos foros con especialistas nacionales e internacionales en pensiones, con el propósito de promover mesas de diálogo orientadas a encontrar salidas para el sistema costarricense.
Arias indicó que en Jupema coinciden en la necesidad de analizar el régimen de jubilaciones de forma integral, como un solo sistema compuesto por distintos pilares, entre ellos el IVM, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el ahorro voluntario y el Régimen No Contributivo.
Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los esquemas voluntarios y planteó la conveniencia de impulsar un “pacto social” en materia de pensiones, que permita discutir la sostenibilidad del IVM, las tasas de reemplazo —es decir, el monto que recibirán los jubilados— e incluso la posibilidad de que la cotización del IVM alcance hasta un 16%.
Arias añadió que existe una necesidad pendiente en materia de educación financiera y previsional, pues persisten carencias desde edades tempranas sobre el ahorro para la jubilación y el funcionamiento de los sistemas de pensiones.
El jerarca también planteó revisar la gobernanza del IVM y valorar la creación de una Junta Directiva especializada en pensiones dentro de la CCSS. En esa línea, subrayó la importancia de saldar las deudas del Estado con la institución para destrabar financiamientos pendientes.
Consultado sobre acciones concretas de Jupema, indicó que la Junta no impulsa proyectos de ley propios, aunque existen iniciativas en trámite para sancionar, por ejemplo, la evasión de la Seguridad Social (expediente N.º 23.956). Además, señaló que los resultados de los foros fueron remitidos a los actores políticos para su eventual discusión y toma de decisiones.