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El Ministerio Público sostiene que los ocho directivos acusados en el Caso Aldesa habrían sido advertidos, entre 2017 y 2019, sobre riesgos e irregularidades que afectaban las operaciones del grupo y el patrimonio de los inversionistas.
Entre todos, habrían recibido 351 avisos y, pese a ello, según la Fiscalía, no habrían adoptado las medidas necesarias para mitigar o eliminar los riesgos.
De acuerdo con la acusación, de la cual La Nación tiene copia, los directivos tenían, entre otras responsabilidades, garantizar el uso correcto de los recursos, supervisar la captación y administración de los fondos de los inversionistas, gestionar los riesgos, preservar la solidez financiera del grupo y velar por el cumplimiento de la legislación.
Los ocho directivos en cuestión ocupaban cargos tanto en las empresas reguladas de Aldesa Bursátil como en las sociedades no reguladas del Grupo Aldesa, conformado por Aldesa Corporación de Inversiones y otras empresas.
En las primeras figuraban los imputados Óscar Luis Chaves Bolaños, Diego Miguel Artiñano Ferris, Mario Montealegre Saborío, Carlos Oreamuno Morera, Luis Mesalles Jorba y Lanzo Luconi Bustamante. En las no reguladas también aparecían Javier Chaves Bolaños, Eduardo Ulibarri Bilbao, además de Montealegre, Mesalles y Luconi.
Los directivos habrían tenido conocimiento de las presuntas irregularidades durante reuniones de Junta Directiva y comités de riesgo. Entre las alertas aparecían advertencias sobre excesos en los límites de inversión, riesgos de liquidez, incumplimientos regulatorios, supuestos conflictos de interés y atrasos en proyectos inmobiliarios, entre otros problemas.
Francisco Campos, abogado de los hermanos Chaves Bolaños, señaló que Aldesa no fue una estructura creada para estafar, sino que desarrolló proyectos y generó utilidades para inversionistas privados.
“No estamos hablando de una estructura creada para defraudar inversionistas ni de una operación que haya funcionado durante unos pocos meses. Durante casi tres décadas existió una actividad empresarial real, que cumplió con sus obligaciones”, aseguró Campos.
Según su posición, la empresa enfrentó a finales del 2018 una crisis de liquidez provocada por factores externos y, para entonces, había devuelto unos $500 millones a inversionistas, además de contar con terrenos y proyectos por más de 500 hectáreas en distintas etapas de desarrollo.
Campos alegó que, por esta situación, hubo inversionistas afectados y obligaciones que no pudieron cumplirse, pero que se trató de un negocio que fracasó y no de una estafa.
El jurista afirmó que la empresa intentó superar la crisis y que hasta mediados de febrero del 2019 existían alternativas concretas para hacerlo, entre ellas un crédito aprobado por un banco privado y la venta de una zona franca en El Coyol de Alajuela.
Cuando ambas opciones fracasaron, según sostuvo, Aldesa suspendió la captación, cerró operaciones y acudió al Juzgado Concursal para solicitar un proceso de salvamento, dentro del cual presentó un plan de pagos para atender las obligaciones pendientes.
El abogado destacó, además, que sus clientes, Javier y Óscar Luis Chaves, no se ocultaron ni intentaron evadir responsabilidades, sino que recurrieron a un mecanismo previsto por la legislación para enfrentar la crisis. Campos afirmó categóricamente que ellos nunca desviaron fondos de las actividades reguladas hacia las no reguladas.
El abogado reiteró que, en el expediente, no consta información que demuestre una desviación de recursos en favor de sus representados.
Por su parte, Carlos Tiffer, defensor de Montealegre y Ulibarri, aseveró que sus representados “siempre actuaron con estricta honestidad y apegados a sus responsabilidades”. Agregó que los descargos, pruebas y detalles que lo demuestran “se presentarán en las etapas procesales correspondientes”.
En tanto, las abogadas de Oreamuno, Adelita Olivares y Gianna Cersosimo, indicaron a este diario que no se referirán al caso por respeto a la privacidad del proceso.
Amalia Sánchez, abogada de Mesalles, afirmó que la defensa no se referirá al fondo del asunto, pues está siendo analizado por los tribunales de justicia, “en los que confiamos que se deduzca oportunamente la verdad de lo acontecido”.
La defensora, sin embargo, señaló su desacuerdo con los hechos que refiere la acusación en contra de su cliente y la forma en que se ha manejado hasta la fecha el expediente, a su juicio, dificultándose el ejercicio de la defensa.
“Nuestro representado fue llamado al proceso de forma arbitraria, habiéndosele limitado el ejercicio de su derecho de defensa, lo que nos preocupa enormemente”, afirmó.
En el caso de Luconi y Artiñano, este diario envió consultas a sus números personales, pero tampoco se refirieron antes del cierre.
La Fiscalía sostiene que los directivos habrían incumplido sus deberes de cuidado al delegar en la administración, especialmente en el gerente financiero, Fernando Rojas García, la atención de estas alertas. Señala que los imputados no habrían exigido cuentas ni dado un “debido seguimiento”.
La pieza acusatoria señala que, como consecuencia de esas aparentes inacciones, los riesgos se mantuvieron en el tiempo y otros acusados habrían aprovechado para, mediante la supuesta inducción a error, obtener de los inversionistas un “beneficio patrimonial antijurídico”.
Además de los directivos, el caso involucra a otros 15 imputados, entre ellos asesores y corredores de bolsa, al gerente financiero, un tesorero y una jefa de operaciones. Según la Fiscalía, estas personas conocían que los inversionistas entregaban su dinero a Aldesa con la expectativa de recibir intereses y recuperar posteriormente el capital.
Sin embargo, en 2019 comenzaron las denuncias de clientes que aseguraban haber dejado de recibir los pagos prometidos. El 22 de julio del 2022, Aldesa fue declarada en quiebra por el Juzgado Concursal.
En total, la compañía acumuló compromisos por unos $200 millones con más de 500 clientes, cifra que posteriormente superó los 600. Este mes, inició la audiencia preliminar en la que se determinará si la causa se eleva a juicio por presuntos delitos de estafa mayor y estafa mayor por omisión.
Alertas emitidas en el 2017
El legajo del Ministerio Público detalla que el 27 de setiembre del 2017, Javier Chaves Bolaños, Ulibarri Bilbao, Montealegre Saborío, Artiñano Ferris, Mesalles Jorba y Luconi Bustamante se reunieron en una sesión ordinaria de la Junta Directiva de Aldesa Corporación de Inversiones.
También habrían estado allí, como invitados, los directivos de entidades reguladas, Óscar Chaves Bolaños y Oreamuno Morera, así como el gerente financiero, Rojas García.
Durante esa sesión, cita el expediente, la auditora interna Bernarda Vargas, quien no figura como imputada, informó de que se habían realizado colocaciones de oferta privada entre un total de 306 inversionistas.
Esta revelación implicaba, entonces, que Aldesa Corporación de Inversiones habría estado contraviniendo el Reglamento de Oferta Pública, que establece un máximo de 50 inversionistas para este tipo de colocaciones.
Superado ese umbral, la operación debía considerarse una oferta pública y, por tanto, someterse a la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Vargas, además, advirtió de que no existía una gestión de riesgo formal sobre los productos privados, lo que significaba, de acuerdo con el expediente, que Aldesa Corporación de Inversiones estaba contraviniendo el Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias (RIAC).
En ese tiempo, Mario Montealegre y Luis Mesalles formaron parte del Comité de Riesgo del Grupo Aldesa, es decir, de las entidades reguladas.
En marzo del 2017, según revela el legajo, en una reunión de ese comité se puso en conocimiento de los imputados que la cartera de Aldesa Puesto de Bolsa, empresa de Aldesa Bursátil, estaba incumpliendo por ocho puntos porcentuales el límite máximo de “inversiones altamente especulativas”, que era, por reglamento, del 10%.
En ese momento, el porcentaje había ascendido debido a inversiones en Aldesa Corporación de Inversiones (empresa no regulada), y al fondo inmobiliario Monte del Barco, uno de los proyectos inmobiliarios privados del Grupo Aldesa.
Tres meses más tarde, el 19 de junio, los miembros de este comité recibieron información que alertaba de que Aldesa Puesto de Bolsa tenía una inversión “altamente especulativa” de $500.000 en Aldesa Corporación de Inversiones que, junto con la inversión en el fondo inmobiliario Monte del Barco, representaba ya el 19% de la cartera total, por lo que nuevamente superaba el límite máximo establecido en la política.
Entre el 24 de julio y el 20 de diciembre del 2017, se efectuaron seis encuentros más del Comité de Riesgo del Grupo Aldesa. En ellos se continuó discutiendo que se sobrepasaba el límite máximo de inversión y se acordó dar seguimiento a la reducción de la inversión y su posterior cancelación.
En ese año también se habría conformado el Comité de Auditoría de Aldesa Corporación de Inversiones, integrado por Montealegre, Artiñano, Luconi y Óscar Chaves Bolaños, “a pesar del conflicto de intereses”, por formar parte de las juntas directivas del grupo Aldesa.
En dicho comité también participó el gerente financiero del grupo.
En una reunión de este comité, la auditora externa Francinie Sojo, quien no figura como imputada en esta causa, habría presentado los informes financieros consolidados y auditados de Aldesa Corporación de Inversiones y sus subsidiarias, correspondientes al 31 de diciembre del 2016.
Dicho documento habría avisado que la Corporación emitió valores de deuda no estandarizados (como bonos, préstamos bilaterales, fideicomisos o créditos de banca) a más de 50 inversionistas.
Estos instrumentos de financiamiento no se negocian en mercados públicos, es decir, de más de 50 personas. El expediente señala que esas emisiones no constaban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
En ese momento se habría advertido de que la emisión de deuda no estandarizada de Aldesa Corporación de Inversiones ascendió a ¢43.700 millones.
La auditora habría alertado, además, sobre debilidades en cuanto al control interno en la administración de la deuda, la falta de cartas de aceptación por parte de los inversionistas y de documentación de aceptación de los términos de inversión.
A la lista de señalamientos se agregan supuestos atrasos en el pago de la retención de impuestos a las ganancias de capital, que en esa época correspondía al 8%. Así, estaban “incumpliendo los deberes formales con la Administración Tributaria”, señala la acusación.
Ese año también se dio aviso en este comité sobre el hecho de que existían riesgos legales por la falta de instrucciones a los clientes y de entrega oportuna de los prospectos, así como un riesgo de liquidez en el corto plazo de los proyectos que se ofrecían para inversión.
El 23 de octubre del 2017, un nuevo informe de auditoría señaló un riesgo operativo en productos alternativos por atrasos en la ejecución y culminación con éxito de los proyectos.
Alertas emitidas en el 2018
En enero del 2018, los miembros de Junta Directiva de Aldesa Puesto de Bolsa S.A. habrían entrado ya en conocimiento de un proceso administrativo sancionatorio que se abrió en contra del Puesto de Bolsa, por una denuncia que interpuso un inversionista, en la que expuso aparentes deficiencias en la asesoría, falta de revelación de conflictos de intereses y de “información oportuna”.
“Los miembros del comité acusados, omitieron hacer cumplir a su representada las diversas leyes y reglamentos que, frente a dichas irregularidades reveladas se estaban infringiendo, ni propusieron ningún curso de acción a efectos de verificar si tales irregularidades denunciadas en el caso que les fue expuesto, concurrían en el resto de la población de inversionistas, en su lugar, se limitaron a darse por enterados”, dice el expediente.
A inicios de ese año, a los ocho directivos les habrían informado sobre una auditoría interna del 2017, en la que se reveló que, de las 12 actividades que se debían realizar para cumplir con las normas RIAC, solamente dos se habían ejecutado.
En abril del 2018, ante el Comité de Auditoría de Aldesa Corporación de Inversiones, se presentaron los informes intermedios del Grupo Bursátil Aldesa y subsidiarias al 31 de marzo del 2018.
Allí se habría dado a conocer que, durante el primer trimestre del año, Aldesa Puesto de Bolsa S.A. registró pérdidas por ¢91.956.000 y un incremento en las cuentas por cobrar. Según advirtió la auditoría, esta situación afectaba desfavorablemente la suficiencia patrimonial de la empresa.
Los resultados del periodo del Grupo Bursátil Aldesa también fueron negativos en ¢100.517.000.
Además, se identificaron proyectos inmobiliarios con atraso en la ejecución, lo que ocasionaba incumplimientos de pago y falta de calces de plazos.
El 18 de julio del 2018, se expuso, por parte de la auditoría interna, un riesgo de liquidez por falta de recursos económicos y atrasos en obligaciones.
El 27 de noviembre de ese año, la auditoría interna de Aldesa Corporación de Inversiones reveló que la administración no le había hecho entrega de los balances de situación financiera desde mayo del 2018 y señaló incumplimientos en el pago de obligaciones tributarias que podrían acarrear multas, cierre del negocio o hasta sanciones penales.
Asimismo, señaló incumplimientos en el pago a proveedores, las cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el médico de empresa, la página web, la retención de impuestos y el vector legal.
Las advertencias llegaron adicionalmente ese año al Comité de Riesgo del Grupo Aldesa, conformado por las entidades que sí estaban reguladas. Desde enero se seguía manifestando que la inversión en Aldesa Corporación de Inversiones continuaba superando el límite máximo del 10%.
También se habría insistido en que el Grupo Aldesa no se adaptaba a la implementación oportuna de los lineamientos regulatorios, así como sobre un riesgo reputacional por no enviar de forma periódica y formal a los inversionistas el avance en productos privados y alternativos.
“Los insto a que traten de responder: si un cliente reclama a Sugeval sobre algún punto de esa seguidilla de pasos que debe hacerse al cliente que escribí (sic) arriba... ¿Tenemos todas las políticas y procedimientos, la documentación para decirle que sí le hicimos la debida diligencia? Mi respuesta es que no”, afirmó en una de las actas consignadas Pedro Aguilar, miembro de la Gerencia de Riesgos, quien no figura entre los investigados.
El 30 de julio del 2018, el Comité de Riesgos habría entrado en conocimiento de que las emisiones de oferta privada de las entidades del mismo grupo financiero se estaban colocando sin aprobación de la junta.
Ese año, además, la situación patrimonial del Puesto de Bolsa mostró un deterioro, pues las pérdidas habrían pasado de ¢10 millones en enero, a ¢116 millones en noviembre. Las cuentas por cobrar cayeron de ¢525 millones a ¢344 millones.
Como resultado de la evaluación, se percibió un incremento en el nivel de riesgo.
Alertas emitidas en el 2019
En 2019, la auditora interna, Bernarda Vargas, habría revelado a la Junta Directiva de Aldesa Corporación de Inversiones que faltaba documentación de proyectos inmobiliarios abiertos y no se habían auditado los informes financieros del 2017.
Persistían también riesgos de liquidez, problemas en la colocación de la deuda, atraso en el pago de intereses, amenaza de demanda, pago de comisiones a asesores pendientes y atrasos de pago a proveedores como la Caja Costarricense de Seguro Social.
Enumeraba, además, riesgo de crédito, carencia de instrucciones de los clientes, entrega de cheques con fondos insuficientes y volumen administrado sin autorizar sobreendeudamiento, según estatutos.
A los miembros de la Junta Directiva de Grupo Bursátil Aldesa se les insistió durante ese año en el incumplimiento del RIAC.
Por otro lado, los informes financieros de Aldesa Puesto y Aldesa Sociedad de Fondos, al 31 de diciembre del 2018, evidenciaban pérdidas y “los proyectos no caminaban”.
Ese año, en el Comité de Auditoría de Aldesa Corporación de Inversiones se advirtió ya el riesgo de publicaciones periodísticas sobre la imagen de la empresa.
En el Comité de Riesgo de las empresas reguladas se insistía, nuevamente, en que las inversiones en ACI sobrepasaban el 10% del límite interno permitido y múltiples advertencias sobre la situación financiera y regulatoria del grupo.
