El Ministerio Público presume que el Grupo Aldesa habría empleado una serie de supuestas “maniobras fraudulentas” para captar fondos del ahorro del público mediante empresas supervisadas y destinar los recursos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios privados sin el conocimiento de los inversionistas.
Así consta en el documento de acusación y solicitud de apertura a juicio presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial contra 23 personas por el presunto delito de estafa mayor y otros en el caso Aldesa, del cual tiene copia La Nación.
La causa se tramita bajo el expediente 19-000157-1220-PE, cuya investigación comprendió el periodo entre el 1.° de enero del 2017 y el 8 de marzo del 2019.
El caso Aldesa reúne reclamos de clientes de la firma que denunciaron en la vía penal los presuntos impagos de sus inversiones en proyectos inmobiliarios por $200 millones.
Javier Chaves Bolaños, presidente del Grupo Aldesa y uno de los imputados por la Fiscalía, acudió en marzo del 2019 a la vía judicial debido a problemas de liquidez de la empresa.
Tres años después, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa por incapacidad de poder efectuarse un convenio preventivo de acreedores ante la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas.
La Nación envió consultas a Javier Chaves Bolaños mediante un mensaje de WhatsApp remitido a su abogado, Francisco Campos, a las 4:32 p. m. del 24 de agosto del 2026. Aunque el abogado indicó: “Javier me dijo que sí te las contesta”; al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Además, se remitió un mensaje por WhatsApp al teléfono de Chaves Bolaños a las 2:43 p. m. del 25 de agosto para conocer si podía enviar las respuestas. Este diario también intentó comunicarse con él mediante tres llamadas, a las 2:42 p. m., 2:44 p. m. y 3:06 p. m., pero no hubo respuesta.
Operaciones reguladas y no reguladas
Según la acusación del Ministerio Público, una supuesta “maniobra fraudulenta” fue que los inversionistas firmaron contratos con Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, ambas reguladas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pero que, sin su conocimiento, sus recursos habrían sido dirigidos hacia compañías que no estaban sujetas a fiscalización.
El dinero de personas físicas y jurídicas se trasladó, supuestamente, a Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) y sus subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, en algunos casos, el dinero de los inversionistas habría sido depositado en una de las empresas reguladas por Sugeval para, posteriormente, ser trasladado a terceras compañías. En otros, los recursos aparentemente ingresaron de forma directa a ACI o sociedades no reguladas del grupo empresarial.
Sin importar a cuál sociedad se dirigieron, los clientes de Aldesa no habrían sido informados de que sus recursos serían colocados en empresas que no estaban supervisadas ni fiscalizadas.
En la investigación, el Ministerio Público descubrió la existencia de contratos de referimiento de clientes entre Aldesa Puesto de Bolsa (regulado) y empresas del mismo grupo no reguladas. A cambio de remitir inversionistas, los asesores recibían una comisión.
El expediente judicial precisa que el Grupo Aldesa, constituido en la década de 1970, llegó a conformar con el paso de los años un total de 42 sociedades, entre anónimas y de responsabilidad limitada, que tenían como común denominador estar controladas por la holding del grupo, ACI. Sin embargo, solo cinco de ellas estaban sujetas a supervisión, fiscalización y regulación por parte de Sugeval.
Según la acusación, las sociedades reguladas y no reguladas compartían instalaciones, personal, marca, página web, entre otros elementos. Esto, de acuerdo con la Fiscalía, habría generado entre los inversionistas la percepción de que todas las empresas que operaban bajo el nombre Aldesa estaban sujetas a la supervisión del ente regulador.
La supuesta omisión de explicar de forma amplia las diferencias entre Aldesa Corporación de Inversiones (no regulada) y el Grupo Bursátil Aldesa y sus subsidiarias (reguladas), a pesar de la existencia de una vinculación funcional, también formaría parte de las acciones ejecutadas en la llamada “maniobra fraudulenta”.
“Pese al evidente conflicto de intereses existente entre las empresas reguladas y no reguladas, se seguía utilizando el Puesto de Bolsa de Aldesa como referente para atraer nuevos inversionistas a la parte no regulada de Aldesa, aprovechando la creencia de que Aldesa se encontraba regulada”, según argumenta la Fiscalía.
Captación en días previos a la acción judicial
Días antes de que Aldesa Corporación de Inversiones presentara ante el juzgado concursal la solicitud de administración y reorganización por intervención judicial, supuestamente, la empresa continuaba captando dinero de inversores. Esto a pesar de que el imputado Javier Chaves Bolaños presuntamente conocía la situación de iliquidez por la que supuestamente atravesaba su representada.
Con la solicitud presentada el 8 de marzo de 2019 ante el Juzgado Concursal del I Circuito de San José, la compañía pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.
El 22 de julio de 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa y abrió la fase de liquidación. El Juzgado tomó la decisión porque el convenio preventivo no pudo concretarse y Aldesa ya no tenía capacidad para pagar sus obligaciones.
Actualmente, se desarrolla una audiencia preliminar para determinar si el caso Aldesa, en el que se investigan presuntos delitos de estafa mayor y otros, irá a juicio. La diligencia está prevista para extenderse hasta noviembre próximo.
Supuestamente se ofrecieron productos que no calzaban con perfil de inversionistas
De acuerdo con la acusación, a los inversionistas se les hacía completar el documento “Cuestionario para determinar el perfil de inversionistas físico o jurídico”, de Aldesa Puesto de Bolsa, que perfilaba el nivel de riesgo del cliente.
Para el Ministerio Público, a los clientes les habrían hecho creer que los productos financieros ofrecidos se ajustaban a su perfil de inversionistas. Sin embargo, según la Fiscalía, esa correspondencia “era falaz”.
“En la mayoría de los casos, el 100% de los activos de los ofendidos fueron dirigidos a las denominadas ‘inversiones alternativas’ (de oferta privada) que corresponden a los valores emitidos por Aldesa Corporación de Inversiones y subsidiarias no reguladas, las cuales corresponden a inversiones especulativas y que lo máximo que se recomendaba invertir en ese tipo de inversiones era el 20% de los activos que componen un portafolio de inversión”, según se indica en el expediente judicial.
La Fiscalía detalla que, en la mayoría de los casos denunciados, las órdenes de inversión aparentemente estaban orientadas a adquirir valores “seguros” o con riesgos menores.
Pese a ello, los asesores de inversión en apariencia dispusieron de los recursos de los ofendidos para adquirir valores emitidos de forma privada por empresas del mismo grupo, sin supuestamente informarles de ello, obtener su autorización ni explicarles los riesgos de invertir en productos privados no regulados por la Sugeval.
El Ministerio Público calificó la oferta de valores de ACI como de un grado “altamente especulativo”.
Según el expediente, los 12 asesores de inversión habrían realizado la colocación de valores emitidos por Aldesa Corporación de Inversiones y las sociedades para desarrollar proyectos inmobiliarios (Fortaleza Habitacional La Balvina, Graviton, Desarrollos ZF Coyol e Inmobiliaria Altos de la Verbena) entre un número mayor de 50 inversionistas que no formaban parte del grupo de interés económico del emisor.
La regulación del mercado de valores de Costa Rica dicta que cuando se ofrecen instrumentos de inversión a más de 50 clientes, esto se cataloga como oferta pública y requiere autorización previa de Sugeval.
“La acción que realizaron sin inscribir los valores ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, constituyendo con ello, una oferta pública no autorizada, por medio de la cual trasladó los riesgos a los inversionistas, dado la falta de análisis, aprobación, determinación de la viabilidad financiera de los proyectos de desarrollo inmobiliario, supervisión y fiscalización que debió realizar el ente regulador frente a la respectiva solicitud que tuvo que haber sido planteada por el acusado (Javier) Chaves Bolaños, en representación de las empresas que habían sobrepasado el límite de inversionistas establecido”, argumenta la Fiscalía.
Empresa que pagaba a inversionistas
Para supuestamente mantener en el error a los inversionistas de que su dinero había sido invertido en una entidad regulada, los intereses, cupones y liquidaciones de inversiones de los ofendidos habrían sido depositados en su mayoría por Aldesa Puesto de Bolsa, a pesar de que, en dicha entidad, no se había realizado ningún tipo de inversión.
En la acusación del Ministerio Público se exponen casos concretos en los que esta práctica habría ocurrido.
Uno de ellos dice: “Entre el 2018 y 2019, conforme a la relación iniciada por la ofendida (La Nación omite el nombre para proteger la identidad) con Aldesa, mes a mes se le continuó manteniendo en error, ya que los intereses mensuales generados conforme a las inversiones realizadas en Aldesa Corporación de Inversiones no le eran depositados por esta última empresa, sino que eran depositados por la empresa Aldesa Puesto de Bolsa”.
Cuando se solicitaba liquidar inversiones...
Según lo indicado en la acusación del Ministerio Público, hubo casos en los que se habría omitido cumplir con la orden de solicitud de retiros de dinero. En su lugar, a varios de los ofendidos se les habría conminado a reinvertir sus recursos, o estos se habrían reinvertido de forma automática, pese a su negativa.
En el expediente, la Fiscalía expone, por ejemplo, que uno de los asesores, pese a conocer la negativa de una empresa de seguir reinvirtiendo el dinero en empresas del Grupo Aldesa, “de forma unipersonal y sin contar con el visto bueno de la inversionista”, habría ignorado dicha instrucción.
En febrero del 2019, según el Ministerio Público, un asesor habría reinvertido $52.000 que se encontraban líquidos en la cuenta que dicho inversionista tenía con la sociedad Graviton Energy & Technology. La operación habría sido realizada a un plazo de un año y seis meses, con una tasa de interés del 8,5%, lo que habría impedido que la compañía ofendida dispusiera de su patrimonio.
Supuestos problemas de liquidez habrían dificultado pagos a inversionistas
De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía, “los proyectos de desarrollo inmobiliario, conforme a lo revelado por la auditoría forense, eran proyectos que no tenían ninguna factibilidad de ser ejecutados en un corto plazo, ello en vista de la madurez que requerían para ser desarrollados y comercializados conforme a las previsiones”.
“Por lo cual, el realizar ofrecimientos de oferta privada a plazos sumamente cortos de 1, 3, 6 o incluso 12 meses, incidió de forma directa en la parte financiera de cada proyecto, generando un descalce de plazos y generando así un riesgo de liquidez inminente, el cual no era revelado a los inversionistas ofendidos”, añade.
Según se detalla en la petición de apertura a juicio, Aldesa empezó a afrontar supuestos problemas de liquidez desde inicios de 2018, situación que habría dificultado hacer frente a la liquidación de inversiones o cancelación de intereses a las personas.
Por ello, la Fiscalía detectó que activos de los clientes se habrían utilizado en beneficio de otros. Esto, porque el dinero recibido como inversión para formar parte de la cartera de activos del portafolio de los inversionistas, supuestamente se usó para pagar cupones, intereses o vencimientos de otros inversionistas.
“Conociéndose por los acusados los problemas financieros por los que atravesaba Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, fueron ofrecidos y colocados en el público inversionista y, una vez que eran captados, fueron empleados de forma indebida, para hacer frente a la multiplicidad de obligaciones y compromisos que las empresas emisoras de valores privados –de las cuales, el 72,72% pertenecía al grupo familiar Chaves Bolaños–, que habían adquirido con otros inversionistas y así, hacer el pago de intereses o liquidaciones de inversiones”, expone el Ministerio Público.