La causa penal por estafa, que se sigue en el caso Aldesa, concluyó la semana pasada las indagatorias a las 23 personas imputadas, según informó este martes la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.
Las indagatorias, en las que se le informa al imputado el delito que se le atribuye y las pruebas que existen en su contra, se completó luego de que la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial remitiera, el 30 de octubre, el informe policial y las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.
El caso Aldesa, que se tramita en el expediente 19-000157-1220-PE, se abrió en el 2019 cuando clientes de la firma bursátil denunciaron impagos luego de invertir en proyectos inmobiliarios por $200 millones.
Precisamente, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la compañía, el 22 de julio del 2022, por la imposibilidad de Aldesa de pagar sus deudas con al menos 600 inversionistas.
Las diligencias más recientes se realizaron entre el 14 y 20 de noviembre y en ellas hubo una ampliación de la indagatoria al presidente de Aldesa, Javier Chaves Bolaños, quien había sido detenido en junio del 2019 por este asunto.
En la actualidad, Chaves cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
También fueron indagados los miembros de la junta directiva de Aldesa, el gerente financiero, corredores de bolsa, el tesorero y el jefe de operaciones.
En esta fase del proceso, explica el Ministerio Público, “la persona imputada puede declarar y ofrecer prueba en su favor, o bien, abstenerse de declarar, sin que ello haga presumir su culpabilidad”. Siempre deberá hacerse en presencia de su abogado defensor.
El Ministerio Público, ante consultas de La Nación, indicó que el proceso se sigue por los delitos de estafa e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central.
Esta última impone penas de prisión de tres a seis años para quien registre, altere, permita o consienta la alteración de registros, “para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados”.
La misma sanción aplica para quien proporcione a la Superintendencia General o a los órganos supervisores auxiliares, “datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera”.
Caso complejo
Según la Fiscalía, esta es una causa de tramitación compleja, con un legajo principal de 5.323 páginas, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 páginas más.
En la actualidad, hay 26 personas ofendidas, entre personas físicas y jurídicas.
El 26 de octubre pasado, Carlo Díaz, fiscal general, aseveró que este caso llegará a juicio antes de que se cumplan los plazos de prescripción. En un comunicado de prensa, la Fiscalía General sostuvo que el riesgo de que dicha causa se extinga es bajo pues se tiene control de los tiempos de este expediente judicial.
Díaz se refirió a este proceso horas después de que el presidente de la República Rodrigo Chaves criticara el “silencio” del Ministerio Público en este caso, en una conferencia de prensa convocada por la Presidencia de la República, específicamente para referirse a dicho proceso judicial.
“La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso”, recalcó el fiscal general.
Proceso aparte
Además del expediente principal, por estafa, el caso Aldesa tuvo otro expediente en el 2021 en el que la Fiscalía formuló una acusación en contra de algunos miembros de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por incumplimiento de deberes.
Empero, el 22 de setiembre del año pasado, cuando se realizó la audiencia preliminar en la que se determinaría si este apartado iba a juicio, la Procuraduría General de la República (PGR) acordó conciliar con cada imputado el pago de ¢2.895.854, la realización de 200 horas de trabajo comunal y el pago de la póliza respectiva ante el Instituto Nacional de Seguros.
En esa audiencia, “el Ministerio Público se opuso a la conciliación, al considerar que la medida no cumplía con los presupuestos de proporcionalidad, en relación con el reproche de los hechos acusados. Eso porque los miembros de la Superintendencia no cumplieron sus deberes, a pesar de que conocían su función de protección al inversionista, y también conocían de una serie de irregularidades que se estaban presentando con respecto a Aldesa, así como la necesidad de regular a este Grupo en su totalidad”, agregó la Fiscalía ante consultas de este medio.
Esta oposición no fue vinculante para la toma de decisión del Juzgado Penal, pues el Código Procesal Penal establece que la conciliación se realiza entre la víctima y el imputado, y en este caso la PGR era la representante del Estado.
La conciliación acordada ya fue cumplida por los imputados, por lo que, procesalmente, el caso está cerrado con un sobreseimiento definitivo desde 3 de mayo de 2023, concluyó la Fiscalía, respecto al expediente 21-000054-0621-PE.
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