Aldesa, fundada en 1968, nació como una firma en asesoría bursátil, cuando la empresa dio el paso al mercado de valores público, a finales de la década de 1990, fue cuando empezó a crecer de manera relevante y a estructurar iniciativas de inversión, públicas y privadas, tan conocidas como Terramall o Terracampus.
Sin embargo, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la compañía, este jueves 22 de julio, por la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas de $200 millones con al menos 600 inversionistas. ¿Cómo llegó Aldesa a la debacle?
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Los problemas de la compañía salieron a la luz pública, el 8 de marzo del 2019, cuando Javier Chaves, presidente de la compañía acudió al Juzgado Concursal y solicitó la intervención judicial para enfrentar problemas de liquidez que arrastra la empresa desde 2018. La mayoría de la deuda eran con el proyecto inmobiliario Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico de Papagayo, en Guanacaste.
Aldesa captó dinero para esa iniciativa tanto de manera privada, mediante Aldesa Corporación de Inversiones, así como con las sociedades bajo la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval): Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Las dificultades de la empresa pasaron de la vía financiera a la legal. El Juzgado rechazó la intervención judicial y transformó el caso en un convenio preventivo de acreedores por solicitud de la empresa, eso significaba que las personas y compañías que invirtieron en Aldesa serían las que aprobarían el plan de salvamento.
En junio del 2019, el Ministerio Público detuvo a Chaves para ser indagado por presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
La captura fue ordenada por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual que investiga la suspensión de pagos a unos 600 clientes de proyectos inmobiliarios que invirtieron $200 millones. El proceso penal contra Chaves aún se investiga, por parte del Ministerio Público, y no tiene vinculación con el trámite de la vía concursal.
En el caso de las empresas del grupo financiero y el futuro de sus activos, los inversionistas de Aldesa nunca pudieron decidir sobre el planteamiento para salvarlas, a raíz de los cientos de apelaciones presentadas por las partes.
El cúmulo de trámites sin resolver llevaron a la jueza Jennifer Isabel Arroyo, coordinadora del Juzgado Concursal y quien declaró la quiebra de la compañía, a acudir al Consejo Superior del Poder Judicial, en marzo del año pasado, a denunciar los problemas que Aldesa provocaba.
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“La inmensa cantidad de escritos que se aportan en este expediente y la imposibilidad de resolverlos ha generado una especie de bola de nieve en donde la cantidad de escritos pendientes de resolver es cada vez mayor, pues se acumulan los escritos que no se pudieron resolver el mes anterior con los ingresados en el nuevo mes”, enfatizó la funcionaria, según el acta 020-2021 del Consejo Superior.
Arroyo advirtió que se dirigen a un punto de saturación que afecta funcionamiento de todo el Juzgado. “El ingreso de gestiones mensuales para el expediente 19-000127-0958-CI (caso Aldesa) es tres veces el circulante normal de ingreso de escritos que posee el Juzgado para todos los demás casos, es decir, solo este expediente ha triplicado la cantidad de trabajo”, destacó la jueza.
En agosto del 2021, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Aldesa. En junio de este año, el Consejo dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, principal proyecto de Aldesa, por considerar la iniciativa “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”.
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La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible de desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.
Fin de Aldesa
Días previos a la declaratoria de quiebra, el Juzgado Concursal removió a la curadora del caso Aldesa, María José Vicente, porque la profesional no ha presentado, en un año y medio, ningún informe sobre las 516 legalizaciones de deudas solicitadas por acreedores del grupo bursátil.
La jueza Jennifer Arroyo determinó el cierre de la compañía porque está imposibilitada para hacerle frente al pago de su deudas, suspendió las facultades de administración y representación de los representantes legales de todas las sociedades que integran el grupo de interés económico Aldesa y ordenó la venta de los activos.
La resolución también dictó la separación de los administradores y representantes de las 24 sociedades anónimas del grupo entre las que destacan Aldesa Corporación de Inversiones, Desarrollo ZF Coyol, Graviton Energy, Hotel Monte del Barco, Terra Verbena, Terramall, entre otras. Todas las empresas quedarán bajo la administración de un liquidador que será nombrado por el Juzgado.
El fallo establece que todos los contratos existentes entre Aldesa y sus sociedades con terceros se extinguen y no se podrán hacer nuevos.
“Se convoca a acreedores e interesados para que se apersonen a ejercer sus derechos, dentro del plazo de quince días contados a partir de la publicación de la presente resolución; ahora bien, los acreedores e inversionistas que ya están apersonados al proceso de convenio preventivo que precedió no deben volverse a apersonar, y quienes ya hayan presentado su solicitud de legalización de créditos, no deben volverla a presentar, toda vez que se continuará tramitando bajo el mismo número de expediente 19-000127-0958-CI”, se detalla en la resolución.
Una vez declarada la quiebra y separados los administradores y representantes de la empresa, será responsabilidad del liquidador por nombrar comenzar la fase de evaluar los activos de la empresa y venderlos. A partir de ese momento, se determinará los recursos existentes para pagar a los acreedores.
