Óscar Rodríguez. 8 julio
El proyecto Monte del Barco planea desarrollar un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf y residencias en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste. Foto: Cortesía Aldesa.
El proyecto Monte del Barco planea desarrollar un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf y residencias en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste. Foto: Cortesía Aldesa.

El Juzgado de Cobro de Santa Cruz, Guanacaste, materializó uno de los mayores riesgos dentro del plan de salvamento de Aldesa, al rematar una porción de los terrenos privados del proyecto turístico Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El fondo de inversión, propietario del desarrollo turístico, perdió cuatro fincas por un total de 17,2 hectáreas las cuales se remataron a favor del Grupo Maklouf, como garantía de pago por una operación de crédito.

Sin embargo, está pendiente la resolución de otros cinco procesos judiciales, a favor del mismo grupo empresarial, por propiedades cuyo conjunto ascienden a 59,6 hectáreas adicionales.

Estos procesos fueron apelados por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, administrador del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, gestión que también está pendiente de resolución.

“Para los remates en firme, la administración del Fondo está procediendo a registrar un deterioro financiero en el valor del Fondo por $1,3 millones aproximadamente”, informó Aldesa en un hecho relevante, firmado por Óscar Luis Chaves, representante legal.

Sobre los remates ejecutados, Aldesa señaló a La Nación, por escrito, que los mismos no afectarán el plan de inversión, ya que dichas fincas filiales no coinciden con el Hotel, ni con el campo de golf; ni generará cambios en el plan maestro del proyecto.

“Esta pérdida (los $1,3 millones) es contable y no afecta significativamente los indicadores regulatorios que debe cumplir el fondo”, destacó la empresa.

Banco Lafise también está a la espera de un proceso de remate de 26 propiedades por deudas por $5,7 millones, según los estados financieros del proyecto Monte del Barco.

“La administración reitera el compromiso para continuar generando opciones con los acreedores para subsanar mediante pago o renegociación, la situación crediticia y así evitar las adjudicaciones de las garantías”, detalló Chaves, en el comunicado.

Desde febrero pasado, la compañía advirtió de que si todas las propiedades se ejecutaban tendría una afectación directa sobre la propuesta inmobiliaria.

El fondo de inversión administrador de Monte del Barco reportó, al 30 de junio pasado, deudas por $67,4 millones. Dicho pasivo incluye deudas con inversionistas, en créditos y tributarias, según los estados financieros.

La iniciativa turística es un desarrollo que cuenta con 432 hectáreas de terrenos, de las cuales 31,6 hectáreas corresponden a propiedades otorgadas en concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Las propiedades que busca adjudicarse el Grupo Maklouf significan casi el 20% de los terrenos privados del proyecto de desarrollo.

Los problemas legales que enfrenta el desarrollo turístico implican un riesgo para el éxito de la concreción del proyecto turístico Monte del Barco y el futuro de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), conglomerado de iniciativas privadas, y las de las firmas bajo la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

En el plan de salvamento presentado por Aldesa ante el Juzgado Concursal se prevé que el 97% de los ingresos futuros de la empresa dependen del éxito de esta obra de infraestructura.

La previsión de la firma es que la iniciativa turística generare ingresos por $136,4 millones, de los casi $140 millones de flujo de caja de los proyectos impulsados por la firma, se detalla en documentos presentados en la vía judicial y de los cuales tiene copia La Nación.

Los otros proyectos inmobiliarios que forman parte del portafolio de Aldesa son el residencial La Balvina y la nave industrial Terra Industrial, ambos en Alajuela. Además de los proyectos de energía renovable desarrollados por Graviton Energy and Technology, subsidiaria de ACI.

La empresa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas.

La firma bursátil pidió la conversión del proceso a un convenio preventivo de acreedores, el pasado 17 de abril, como medida para evitar la quiebra de la empresa. Dicha petición está aún en trámite.

Aldesa informó de que ya consiguió arreglos de pago firmados y ejecutados con acreedores por un valor de $70 millones.

Larga historia

El proyecto de desarrollo Monte del Barco posee la concesión de los terrenos en el Golfo de Papagayo, desde 1996, cuando el ICT otorgó el derecho de explotación en los terrenos públicos.

Esta obra ha enfrentado múltiples escollos para su concreción, desde económicos hasta legales. Por ejemplo, el año pasado, la Directiva del ICT canceló las concesiones en el polo turísticos, pero tres meses después las devolvió.

La iniciativa tiene previsto el desarrollo de un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf, y la venta de contratos de residencias.

Aldesa detalló al diario que han hecho contactos con tres bancos de inversión internacionales para conseguir el financiamiento necesario para la construcción del establecimiento de hospedaje, ancla del proyecto turístico.

“De conseguirse, con ese mismo dinero se cancelarían la totalidad de las hipotecas sobre las propiedades, incluida la de Banco Lafise, y se construiría la infraestructura (calle y servicios públicos) desde la entrada del proyecto hasta la playa”, destacó por escrito a La Nación esta firma, días previos al ejecutarse el remate de propiedades.

La compañía sostiene que el golpe económico propinado por la pandemia sanitaria de covid-19, afecta los negocios en marcha en la industria turística; mientras que el proyecto localizado en el Golfo de Papagayo, afirma la empresa, es un desarrollo a futuro cuyo impacto no ha sido tan directo.

La empresa reconoció que la situación económica no es la más óptima para llevar adelante el plan de salvamento y prevén que los proyectos inmobiliarios irán “más lentos”.

En parte, por ello fue que solicitaron al Juzgado Concursal que el convenio de acreedores pueda ejecutarse en un plazo máximo de ocho años. La apertura del proceso judicial no se ha iniciado aún formalmente.

* Nota del redactor: La información se actualizó a las 7 p.m. para incluir la posición de Aldesa sobre los remates ejecutados.