En Costa Rica los incentivos salariales nacieron en los años 70 y 80 como una forma de estimular a los trabajadores del sector público a capacitarse, por reconocimiento por laborar en áreas rurales y muchos otros más.
No obstante, con el tiempo los incentivos se convirtieron en un monto más grande que el salario base y esa relación iba creciendo año con año.
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En los años 2019 y 2020 parece haber un cambio de tendencia pues aunque todavía los pluses, como también se les conoce, rebasan los salarios base, su crecimiento se ha frenado.
Así lo refleja un indicador que publica la Contraloría General de la República con base en los presupuestos aprobados.
Dicho indicador consiste en dividir el monto presupuestado en incentivos en todo el sector público comparado con el monto presupuestado en remuneraciones básicas.
Por ejemplo, en el 2020 para el pago de incentivos en el sector público se presupuestaron ¢2.591.817 millones y para el pago de remuneraciones básicas ¢2.408.169 millones. Si se divide el primero entre el segundo la relación es de 1,08.
El sector público incluye al Gobierno Central, la instituciones descentralizadas no empresariales (como la Caja Costarricense del Seguro Social), las empresas públicas no financieras (como el Instituto Costarricense de Electricidad), las instituciones públicas financieras (bancos estatales, por ejemplo), los gobiernos locales y los órganos desconcentrados (como el Registro Nacional).
En el 2018 por cada ¢1 que se presupuestó en salarios base se incluían ¢1,11 en incentivos. Dicha relación bajó en el 2019 a ¢1,09 y en el 2020 a ¢1,08.
La Contraloría explica que dentro de los incentivos salariales, el gasto por retribución por años servidos (anualidades) es el rubro de mayor peso; y para el 2020, en comparación con el presupuesto inicial 2019, hay una disminución del 0,1% (¢1.228 millones menos), después de que en el período 2016-2019 había presentado un crecimiento promedio de 2,4%.
“El resto de incentivos salariales mantiene su tendencia creciente, tal es el caso del monto presupuestado por concepto de decimotercer mes y restricción al ejercicio liberal de la profesión, rubros que crecen un 3,3% (¢12.974 millones) y 2,7% (¢9.579 millones), respectivamente”, señaló la Contraloría en su informe de presupuestos públicos.
En su reporte, la Contraloría señala también que aunque la relación incentivos respecto a remuneraciones básicas del 2020 es más baja que el promedio de los años 2015 al 2019 hay algunas entidades que mantienen una alta relación en donde los pluses son más del doble de los salarios base.
“En el presupuesto inicial para el año 2020 de la Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo, el Consejo Nacional de Rectores y la Refinadora Costarricense de Petróleo la relación incentivos salariales respecto a las remuneraciones básicas es mayor que 2 (2,16; 2,13; 2,06 y 2,03, respectivamente)”, señala la Contraloría.
Además, para el Tribunal Registral Administrativo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de la República, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Asamblea Legislativa, la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el Poder Judicial, el Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Consejo Técnico de Aviación Civil, esa relación toma valores entre 1,50 y 2,00.
Frutos de las nueva ley fiscal
Para María del Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, la disminución de la relación incentivos salariales sobre remuneraciones básicas en los presupuestos del 2019 y 2020 evidencia los primeros resultados de la implementación del Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esta ley modificó el cálculo de los incentivos salariales desde un esquema porcentual (en el cual al aumentar los salarios base, aumentaban los pluses anclados a este) a un esquema nominal; es decir, un solo monto, lo cual detiene la tendencia creciente de la partida de remuneraciones.
Por ejemplo, dicha ley establece que para las anualidades se estableció que será un monto anual fijo y no un porcentaje del salario y solo para los funcionarios que tuvieran una evaluación de “muy bueno” y por carrera profesional ya no se dan incentivos sobre títulos o grados académicos que son requisito para el puesto, entre otros cambios.
La ley incluye a todo el sector público, aunque todavía no todas las instituciones la aplican.
En el 2018, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había nominalizado las anualidades del Gobierno Central; es decir, las había pasado de un porcentaje del salario a un monto nominal.
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Las remuneraciones (incluye todos los pagos a los trabajadores) del Gobierno Central representaron en el presupuesto del 2020 un 41,3% del total del sector público por lo que una modificación en el pago de sus trabajadores tiene un impacto importante en el sector público.
“En su papel como rector de empleo público, el Mideplan, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, ha girado instrucciones para caminar hacia la nominalización de los pluses salariales no solo en el Gobierno Central, sino también en el resto del sector público, consecuente con la disciplina fiscal y el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo Garrido.
Actualmente, el Ministerio de Planificación elabora una nueva ley de empleo público que traería modificaciones adicionales en los incentivos.