La estímulos salariares que nacieron en los años 70 y 80 para motivar a algunos trabajadores, no solo se generalizaron, sino que, además, crecieron a tal ritmo que hoy superan los salarios básicos.
Por estos beneficios, en el 2014 se pagaron ¢1,9 billones en el sector público, cifra que rebasó el pago de las remuneraciones básicas, que alcanzó los ¢1,8 billones, según información suministrada por la Contraloría General de la República.
En la larga lista de esos estímulos están, por ejemplo, las anualidades que obtienen los trabajadores con buenas calificaciones o el pago de dedicación exclusiva.
En la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), los incentivos duplican los salarios base y en la Universidad de Costa Rica (UCR) la brecha se abre más cada año.
Estas dos instituciones aseguran que toman medidas.
Édgar Gutiérrez, gerente de Administración y Finanzas de Recope, dijo que la Administración revisa toda la estructura de gastos de la entidad, incluidos los incentivos que están por convención colectiva.
Por su parte, Carlos Araya, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, detalló que una hay una comisión encargada de la a evaluación integral para aportar recomendaciones, pero desde el año anterior se limitó el ingreso a la dedicación exclusiva y ahora se revisa el incentivo salarial por mérito académico.
Para el 2015, según señala la Contraloría en su informe de presupuestos públicos, el plan de gasto para pago de gratificaciones en el sector descentralizado (excluye al Gobierno Central) aumentará 9% respecto al presupuesto del 2014, casi el doble del alza en los sueldos base (de 5%).
En el Gobierno Central, el plan de gasto para remuneraciones en el 2015 sube un 16%.
Puntos de vista. Para José Joaquín Arguedas, exdirector general del Servicio Civil, la situación es insostenible. “Mi opinión es muy clara: o paramos esto pronto o vamos para Grecia (país que actualmente enfrenta una crisis de deuda)”, advirtió.
Argumentó que para entidades que pagan el 3% de anualidad sobre el salario base, en 30 años de carrera la remuneración base llega a representar menos de un 30% del total.
El dinero para atender los incentivos proviene de los impuestos, de las tarifas o d e la deuda.
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Ottón Solís, quien trató de regular los estímulos en el presupuesto del 2015 del Gobierno Central, estos dejaron de incentivar la productividad de los funcionarios, pues se tratan como derechos.
Para él, los jerarcas deberían evaluar quién merece una anualidad o quién requiere o no que se le pague exclusividad. En el Gobierno Central se le da al 99% de los trabajadores.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), considera que este es un tema que no puede tratarse de forma generalizada.
“Si alguien quiere hacer una discusión responsable, objetiva, sin cargas ideológicas, sin sesgos preconcebidos, se debería discriminar a qué se le quiere entrar. Pregunto: ¿a los médicos?, ¿a los policías?, ¿al Magisterio?, ¿a los bancos?”, expresó.
Tres frentes. Para tratar este tema, el Gobierno nombró tres comisiones: una que estudia los incentivos salariales en los bancos estatales, a raíz del informe que realizó la Contraloría General de la República; otra que estudia las convenciones colectivas y otra el empleo público.
En enero, la Contraloría informó de que tres bancos públicos (Nacional, Costa Rica y Popular) otorgaron, entre el 2006 y el 2012, un total de ¢99.832 millones incentivos a sus empleados.
“De esas (tres comisiones) hay dos en las que vamos a tomar acciones a muy corto plazo; una es con los incentivos de los bancos (...) y la otra es con las convenciones”, explicó el ministro de Hacienda, Helio Fallas.
“No temo empezar a ver esas cosas y ver cuáles acciones se toman, porque, si no hacemos eso, se nos pueden ir de las manos las finanzas”, añadió Fallas.