De esa forma, el gasto en pluses salariales establecidos en las 10 convenciones colectivas cayó 20% entre el 2018 y 2020, debido a las restricciones dictadas por la reforma fiscal, los abusos eliminados por sentencias de la Sala IV y las negociaciones en esos acuerdos laborales.

El año pasado, estas 10 entidades reportaron gastos por ¢132.979 millones en beneficios vinculados a convenciones, una reducción de ¢32.600 millones, respecto a los ¢165.579 millones declarados en el 2018, según un análisis hecho por La Nación de las liquidaciones presupuestarias de cada institución. A manera de referencia, el monto ahorrado casi duplica el monto que presupuestó la Caja Costarricense de Seguro Social para la construcción de las nuevas Áreas de Salud de Orotina-San Mateo y La Fortuna de San Carlos (¢16.400 millones).

El ahorro general incluye a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) la cual tuvo, en los últimos años, una reestructuración y disminución en la cantidad de trabajadores cubiertos por la convención. Si se aísla el efecto de la Junta, la disminución en incentivos fue de ¢22.940 millones, según la estimación hecha por este diario.

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La información recopilada se obtuvo de los documentos que cada entidad registra en el sitio web de la Contraloría General de la República (CGR). La contabilización incluye solo los datos de las que entregaron el detalle de los pluses fundamentados en convenciones colectivas. Un grupo de 15 instituciones, de un total de 25, no cuentan con dicha segregación.

Junto a Japdeva, se revisó la liquidación presupuestaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Nacional, el Banco Popular, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Junta de Protección Social (JPS) y Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El efecto de disminución en el costo de las convenciones podría acrecentarse si los diputados aprueban el proyecto de ley de empleo público en segundo debate. El texto recibió el primer aval legislativo, el 7 de diciembre, y se envió a consulta a la Sala IV, la cual dará respuesta después de las elecciones nacionales.

En agosto se difundió el texto de un primer fallo en el cual los magistrados consideraron constitucional la prohibición de crear nuevos incentivos salariales en acuerdos colectivos, la obligación de incorporar el salario global en el sector público y de denunciar los acuerdos laborales una vez que venzan.

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Además, sigue vigente el decreto ejecutivo creado por la administración de Carlos Alvarado, en el 2018, que insta a las instituciones públicas a negociar las convenciones a la baja y eliminar cláusulas abusivas que atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas.

Dichos límites son relevantes porque en los próximos tres años vencen 30 de las 74 convenciones colectivas entre instituciones descentralizadas y el régimen municipal.

¿Por qué bajó?

El ahorro en el pago de beneficios salariales se dio, principalmente, por los efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018, que uniformó el pago de la anualidad en 1,94% sobre el salario base del empleo público y por la nominalización del incremento anual.

El cambio en el cálculo de la antigüedad representó que el Banco Nacional pagara ¢8.482 millones por este rubro el año pasado, es decir, ¢7.000 millones menos con respecto al 2018, cuando fueron ¢15.565 millones. Desde que entró a regir la ley fiscal esa entidad implementó el cambio.

Adicionalmente, otros beneficios como el pago de vacaciones, cesantía y la Evaluación del Desempeño e Incentivo al Personal (SEDI) están en arbitraje en el Juzgado de Trabajo porque el Banco y el sindicato no llegaron a un acuerdo sobre este incentivo en la negociación del 2019, confirmó Marietta Herrera, directora de la Dirección Jurídica de la entidad financiera.

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El SEDI es el elemento más relevante de la convención del Banco Nacional, pues reparte el 15% de las utilidades netas entre los empleados, pero el pago está congelado a raíz del arbitraje judicial.

En la UCR el costo del plus por la antigüedad se redujo en casi ¢5.000 millones en los últimos cuatro años. En el 2021 se pagaron ¢61.512 millones. En tanto, en el Banco Popular la baja por este rubro fue de ¢1.800 millones. De ¢7.000 millones, en el 2018 pasó a ¢5.218 millones.

Del lado de las sentencias de la Sala IV, el incentivo más relevante en reducirse fue el de cesantía. Los magistrados establecieron como tope, en el 2018, el reconocimiento de 12 años de prestaciones legales, en vez de los 20 años, por considerarse irracional y desproporcionado.

Algunas entidades confirmaron que los artículos declarados inconstitucionales no se toman en cuenta en las negociaciones porque se eliminaron o se adapta a la nueva jurisprudencia.

“El actual proceso de negociación tiene como objetivo central la mejora de la competitividad y que los trabajadores conserven sus legítimos derechos adquiridos (…) Es posible en nuestro criterio lograr un instrumento convencional debidamente balanceado, ajustado a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que ha venido delimitando la Sala Constitucional”, dijo Juan Francisco Rodríguez, subgerente de Negocios del Banco Popular.

El INS detalló, por escrito, que se adaptó el acuerdo colectivo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los fallos del tribunal constitucional.

“El pago de auxilio de cesantía se topó a 12 años; a los colaboradores que renuncian no se les paga cesantía por renuncia; los pluses se nominalizaron lo cual impide su crecimiento; las anualidades se ajustaron a los porcentajes establecidos en la Ley 9635 (reforma fiscal) y se otorgan únicamente a los colaboradores que obtengan una calificación en su evaluación de desempeño de ‘muy bueno’”, confirmó la entidad.

En la aseguradora pública el peso de la convención se redujo prácticamente a la mitad en los últimos cuatro años. De ¢8.600 millones en el 2018 se bajó a ¢4.571 millones en el 2021, según los informes entregados a la CGR.

Guillermo Sánchez, director Jurídico de la CNFL, confirmó que la empresa estatal eliminó la aplicación de los artículos de la convención que fueron declarados inconstitucionales por la Sala IV. Entre los suprimidos están el subsidio del 50% en la tarifa de luz para empleados y trabajadores pensionados de la Compañía y el aval a los créditos para compra de vivienda de funcionarios si los préstamos los obtenía el sindicato. También se ajustó el límite a la cesantía.

El cambio en prestaciones legales en la Compañía generó, en el 2018, una salida excepcional de trabajadores que tuvo un costo de ¢4.339 millones. A partir de ese momento, el monto se redujo a un promedio de ¢1.100 millones anuales.

En el caso de las renegociaciones a la baja, Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, aseguró que la convención pactada en el 2021 tendrá un costo de ¢46.000 millones en cuatro años, mientras que la versión previa costó ¢70.000 millones en ese mismo periodo.