Coopeservidores usaba esquema de ahorro en préstamos y lo dirigía al capital social

Sin embargo, tras la debacle financiera, descubrió que el ahorro acumulado en los últimos ocho años, que aparecía en su estado de cuenta como Ahorro Corriente, en realidad correspondía a un aporte de capital para la cooperativa. En consecuencia, los ¢5,3 millones acumulados se destinaron a cubrir las pérdidas de la entidad debido a los créditos morosos, lo que afectó a 131.500 socios que, en conjunto, tenían casi ¢64.000 millones en la entidad.

“Cuando hice el préstamo me dijeron que también estaba haciendo un ahorro obligatorio, pero nunca me explicaron que era capital social. Incluso me dijeron que cuando cancelaba el crédito, ese dinero era mío y lo podía pedir un año después. Yo me imaginaba que tenía ahí unos recursos. Hasta que pasó lo que pasó (la intervención) fue que supe”, dijo doña Marianela.

Sin embargo, el esquema de ahorro usado por Coopeservidores en las operaciones de crédito era parte del patrimonio de la institución, tal como confirmó a La Nación la Administración de la Resolución de la entidad, dirigida por Marco Hernández.

“En efecto ese ahorro corriente iba para el capital social de la cooperativa”, se indicó por escrito.

Para Adriana Rojas Rivero, abogada de la Asociación Pro-Defensa del Deudor (Aprodeco) y quien lleva el caso de doña Marianela y otras personas más, en esta situación podría haberse dado una práctica abusiva por parte de la entidad financiera, también conocida como CS Ahorro y Crédito.

“A los clientes, verbalmente, solo les decían que el ahorro era parte del contrato de crédito. Pero no existe por escrito una cláusula contractual donde se establece que el interés corriente se destinará como aporte de capital social por lo tanto estamos ante una práctica abusiva. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que este supuesto es prohibido y es indemnizable”, explicó la abogada.

Rojas insiste que a las socios de la institución financiera se les obligaba a hacer el ahorro corriente como parte del proceso de financiamiento, pero sin detallar claramente el destino de los recursos.

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La Administración de la Resolución de Coopeservidores y el Banco Popular (BP) negaron, el pasado viernes 9 de agosto, que el capital social de la cooperativa forme parte del “banco bueno” absorbido por la entidad financiera. Ambos órganos rechazaron la interpretación de la abogada de Aprodeco.

En un comunicado conjunto afirmaron que las pérdidas estimadas debido a la cartera de crédito deteriorada consumieron la totalidad del capital social, por lo que no se estiman que de las aportaciones de capital el BP reconozca algún pago en el actual proceso de absorción.

Ricardo Azofeifa, director Jurídico del BP, explicó que los aportes de capital hechos a la cooperativa responden por las pérdidas, que se materializaron cuando se aprobó la inviabilidad de la entidad debido a su insolvencia.

“El capital social de la entidad responde solidariamente por las pérdidas. Jurídicamente, no existe un derecho de compensación, por lo que es importante que los deudores cumplan con sus obligaciones con el Banco Popular”, dijo Azofeifa.

En noviembre de 2023, Coopeservidores registró un capital social cercano a ¢64.000 millones, pero este dinero ya se consumió a raíz del impago de créditos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó, el 13 de mayo, intervenir la cooperativa a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros. La decisión se tomó con base en dos informes de la Sugef.

Posteriormente, la organización fue declarada inviable, el 21 de junio, y el Consejo dio un máximo de dos meses a los encargados del proceso de resolución para finiquitar la negociación del traslado de los activos en buenas condiciones, así como todos los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, a una entidad financiera solvente. El BP fue la institución elegida la cual está en el proceso de recibir el 80,5% de los activos y pasivos del “banco bueno”.

Solicitud de compensación

Rojas detalló que actualmente están en el proceso de recopilación de información para, posteriormente, presentar una solicitud de derecho de compensación en la vía administrativa en la Contraloría de Servicios del Banco Popular.

“Es necesario demostrar que hay una negativa del Banco Popular de compensar créditos (con los ahorros). El Banco ya informó de que no quiere compensar, pero requerimos efectuar un agotamiento de la vía administrativa”, apuntó.

La abogada agregó que si hay un rechazo del BP de la petición, se presentará el caso ante el Juzgado Contencioso Administrativo.

Una de las principales pruebas con las que cuentan son los estados de cuenta de los asociados a Coopeservidores en los cuales aparece el aporte de capital clasificado como ahorro corriente. “O es ahorro o es capital. Pero no puede ser ambas”, puntualizó Rojas.

La jurista resaltó que durante el proceso es clave mantener las operaciones de crédito al día, pues al deudor se le puede embargar desde sus cuentas en otras entidades financieras hasta sus bienes.

Para Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), comentó que en el actual proceso de Coopeservidores se puede estar ante una zona gris en la cual la institución no informó con claridad a sus socios sobre el destino del dinero dado en el pago de préstamos. También puede darse el escenario en el cual la persona no entendiera la calidad de su contribución o quiera pelear siendo consciente, destacó.

“El tema de fondo es si la persona era consciente, pero no lo acepta. O si del todo el asociado no lo sabía y, para hacer peor la situación, la cooperativa nunca aclaró cuál era el estatus de riesgo de los aportes”, dijo Montero. El economista recalcó que, sin lugar a dudas, muchos casos de esta entidad terminarán en la vía judicial.