Adriana Rojas Rivero, abogada de la Asociación Pro-Defensa del Deudor (Aprodeco), afirma que Coopeservidores obligaba a sus asociados a realizar un ahorro obligatorio al suscribir un crédito, adicional al capital social, y que estos fondos serán los que solicitarán al Banco Popular (BP) que reconozca como pago de sus deudas.
Ella subraya que no pedirán la compensación de los aportes de capital social, ya que esos recursos claramente se perdieron cuando la cooperativa fue declarada inviable por el interventor Marco Hernández.
“Coopeservidores obligaba a los asociados a hacer un ahorro de capital como cláusula de un contrato de préstamo. Lo que ellos llaman ‘ahorro de capital’ tiene una naturaleza jurídica de ahorro corriente, no de capital social”, explicó Rojas.
La abogada destacó que en los estados de cuenta de los socios se especifica claramente que el dinero entregado se trataba de un ahorro. “O es ahorro o es capital. O es perro o es gallina; pero no me digan que es un perro con plumas”, puntualizó.
Además adelantó que sus clientes empezaron a pedir los estados de cuenta más recientes para hacer el reclamo administrativo ante el Banco Popular de aplicar esos ahorros en compensación de las deudas. El BP absorbió el 80,5% del “banco bueno” de la cooperativa, constituido principalmente por cartera de crédito.
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“Tenemos el fundamento legal de que es compensable porque esos recursos (creados de manera obligatoria en préstamos) tienen una naturaleza jurídica de ahorro”, afirmó Rojas, quien insistió en que en el Estatuto Social de Coopeservidores no se indica que el ahorro corriente se refiera al capital social.
La Administración de la Resolución de Coopeservidores, dirigida por Marco Hernández, y el Banco Popular (BP) rechazaron este viernes que el capital social de la cooperativa forme parte del “banco bueno” absorbido por la entidad financiera.
Ricardo Azofeifa, director Jurídico del BP, explicó que a los aportes de capital hechos a la cooperativa se deben reducir las pérdidas, que se materializaron cuando se aprobó la inviabilidad de la entidad debido a su insolvencia.
“El capital social de la entidad responde solidariamente por las pérdidas. Jurídicamente, no existe un derecho de compensación, por lo que es importante que los deudores cumplan con sus obligaciones con el Banco Popular”, dijo Azofeifa.
En noviembre de 2023, Coopeservidores registró un capital social cercano a ¢64.000 millones, pero este dinero se destinó a cubrir las pérdidas de la entidad provocadas por el impago de créditos.