Coopeservidores registraba en su cartera de crédito préstamos de hasta 52 años de plazo, un lapso considerado inusual en el sistema financiero costarricense, según dos exbanqueros consultados por La Nación.
Cartas de gerencia de esta cooperativa para 2021, 2022 y 2023, en poder de La Nación, advirtieron sobre debilidades en la cartera de crédito de la entidad, declarada inviable el 21 de junio de 2024.
Según el documento de 2022, compuesto por un informe de auditoría externa realizado por Crowe Horwath CR, la cooperativa registraba créditos a plazos mayores de 41 años y hasta 52. Allí se exponen al menos 18 operaciones bajo estas condiciones, que suman en total ¢243,8 millones.
Bernardo Alfaro, exgerente del Banco Nacional y exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), señaló que es inusual que se concedan créditos de hasta 52 años de plazo.
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“La normativa castiga los créditos de vivienda, que suelen ser los más extensos, que se conceden a más de 30 años. Entonces, a 52 años, con mucha más razón, no se pensaría que fuera normal o frecuente de conceder”, explicó Alfaro.
Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), coincidió en que esto es anormal en el mercado financiero costarricense, pues casi todas las entidades prestan a 25 o 30 años de plazo para opciones, principalmente, de vivienda.
“No existen los créditos a tan largo plazo, mucho menos si no tienen una garantía real suficiente. Solo en Estados Unidos se ven créditos a 50 años plazo para vivienda. Aquí en Costa Rica, ni el sector empresarial ni vivienda, superan los 30 años”, afirmó Fernández.
El exgerente del BCR explicó que esto es perjudicial porque la entidad no tiene fondeo de tan largo plazo, es decir, no cuenta con depositantes para respaldar préstamos a lapsos tan prolongados. Además, señaló que habría un descalce de plazos entre el crédito y los recursos recibidos, lo que incumple el indicador de la Sugef.
“A tan largo plazo las tasas de interés debieron ser muy elevadas, se requieren garantías muy sólidas con suficiente plusvalia”, manifestó Fernández.
Por su parte, Alfaro indicó que es posible que, durante la pandemia, algunos créditos se ajustaran para amoldarse a la capacidad de pago de deudores que enfrentaron fuertes reducciones en sus ingresos debido a la crisis sanitaria.
Añadió que esto pudo haber extendido el plazo hasta 52 años para reducir al mínimo las cuotas. Sin embargo, señaló que esas fueron medidas temporales que debieron corregirse hacia plazos más normales una vez superada la emergencia.
En el documento, la cooperativa argumentó que algunas de las operaciones se acogieron a un alivio financiero por la moratoria decretada durante la pandemia en 2020. No obstante, indicó que en la aplicación del procedimiento “es probable” que se haya extendido el plazo hasta el máximo de 240 meses.
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En el Informe Anual de Estabilidad Financiera 2024, publicado en diciembre pasado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) alertó que las cooperativas de ahorro y crédito tienen un alto porcentaje de créditos de consumo a largo plazo.
El ente emisor señaló que los créditos con periodos por encima de seis años favorecen el sobreendeudamiento e incrementan la exposición de las entidades financieras a riesgos crediticios.
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Si bien el documento de la auditoría externa de Coopeservidores no indica el segmento de los créditos a plazos mayores de 40 años otorgados en la cooperativa, su producto estrella eran los créditos de consumo sin fiador. De hecho, el 64% de la cartera de crédito, equivalente a ¢366.114 millones en abril de 2024, no tenía asociada ninguna garantía.
Además, la cooperativa financiaba a clientes con altos niveles de endeudamiento y les aplicaba prórrogas constantes a deudores, según hallazgos del proceso de intervención de la entidad. Su deterioro se debió, principalmente, a la mala gestión de su cartera crediticia.
