EscucharUn grupo de 5.111 ahorrantes de Coopeservidores, entre personas y asociaciones solidaristas, corren el riesgo de perder recursos por el eventual deterioro de la cartera de créditos buenos que aún está en custodia de esta cooperativa.
El riesgo se materializaría si el resolutor de Coopeservidores no logra vender esta cartera a otra entidad financiera. Hasta el momento, han fracasado cinco intentos de colocar estos activos y el meollo del asunto es que los ingresos provenientes del pago de estos préstamos son los que sustentan los pagos a los ahorrantes y acreedores.
Los inversionistas en peligro son aquellos con saldos superiores a ¢6 millones al momento del cierre de la cooperativa. Ellos ya recuperaron el 50% de su dinero, pero ahora están en riesgo de perder la otra mitad.
En este grupo, hay personas físicas y 200 asociaciones solidaristas, con alrededor 140.000 personas afiliadas. Los solidaristas tenían alrededor de $125 millones invertidos en instrumentos financieros de Coopeservidores, como certificados a plazo y depósitos a la vista, de los cuales la recuperación de $65 millones aún está en la incertidumbre.
En noviembre, la cooperativa mantenía casi ¢55.000 millones en cartera crediticia al día, correspondientes a un total de 6.158 préstamos. Así consta en el oficio PDC-0024-2025, enviado a inversionistas con depósitos no garantizados el pasado 29 de enero. El documento lo firman Humberto Grant, presidente a. í. del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), y Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores.
El equipo de resolución tiene tiempo hasta el 21 de junio para negociar la venta de los créditos o para consolidar el fideicomiso en el que irían los activos, buenos y malos, aún bajo su administración. De no encontrarse una solución, los créditos caerían en un proceso concursal.
“A hoy, sería muy probable que el concurso esté lejos de proceder con algún pago a los acreedores ya fueran garantizados o no garantizados, debido a la compleja tramitología que conlleva la ejecución de los procesos concursales”, se reconoce en el oficio. La Administración de la Resolución trabaja en concretar el fideicomiso del denominado “banco malo”, en el que se integrarían los activos que no sean vendidos.
El cumplimiento de los deudores es esencial para que los ahorrantes y acreedores reciban el pago de sus inversiones.
Carlos Fernández y Bernardo Alfaro, exgerentes del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Nacional (BN), coincidieron en que, sin una venta de la cartera o el traslado a un fideicomiso que la venda, es probable que la cartera se deteriore, es decir, que los deudores incumplan.
“Las carteras estáticas que no colocan nuevos créditos y, por ende, no crecen, se van a deteriorar irremediablemente. Con el paso de los meses, habrá deudores que pierden su trabajo, que se van a la quiebra, que fallecen”, dijo Alfaro, quien añadió que lo más conveniente es buscar una salida rápida para convertir este activo en efectivo lo antes posible.
El exgerente del BCR abogó por vender la cartera cuanto antes, con un buen descuento. “Al no existir una excelente gestión de cobro, los deudores de crédito no van a pagar y la recuperación será muy poca. Si es cartera sin una garantía, el deterioro será mayor. Se requiere de una buena plataforma de cobro a nivel nacional”, dijo.
Para noviembre del 2024, la cooperativa mantenía obligaciones con el público por ¢232.194 millones y ¢8.149 millones con entidades financieras acreedoras, según los estados financieros en poder de este diario. Hay que recordar que el Banco Popular asumió una parte de los pasivos de la entidad.
Por el momento, no hay ningún plan de reparto de fondos adicionales para los inversionistas no garantizados, ya que aún hay temas por resolver para determinar si esto es posible, se reconoció en el oficio enviado a los inversionistas no garantizados.
Francisco Ruiz, líder inversionista de Coopeservidores, expresó que tienen descontento por cómo se ha desarrollado el proceso de resolución, pues lo catalogó como lento y pasivo.
Ruiz añadió que esperan que la cartera sea adquirida por un tercero o que, al menos, llegue a integrarse al fideicomiso. “Se ha atrasado muchísimo el proceso”, dijo este inversionista, quien añadió que no queda más que esperar un desenlace.
Guido Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), afirmó que han seguido de cerca la resolución de Coopeservidores, particularmente lo relacionado con la cartera que aún no se ha vendido y la falta de consolidación del fideicomiso.
“Nos preocupa que, con el tiempo corriendo en contra, una parte de esta cartera, que aún mantiene su calidad, pueda deteriorarse si no se define una estrategia efectiva en las próximas semanas”, comentó Monge, quien añadió que el proceso se acerca a su cierre y sigue sin haber señales claras de mejoras en las propuestas de los oferentes.
La Nación envió consultas a la Administración de Resolución de Coopeservidores el 4 de febrero al mediodía. Al cierre de edición, no se obtuvo una respuesta.
Coopeservidores fue intervenida el 13 de mayo de 2024 debido a irregularidades en su administración y supuesta alteración de datos financieros. La cooperativa fue declarada inviable el pasado 21 de junio del año pasado, y se ordenó un proceso de resolución.
¿Por qué el proceso concursal afectaría?
Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), explicó que el trámite judicial del proceso concursal es complejo y el Juzgado Concursal actualmente atienden otros casos —Yanber, Aldesa, Casa Blanca entre otros—, lo que dificulta la rapidez para la recuperación de dinero. Exbanqueros afirmaron que un proceso así puede llegar a deteriorar esos préstamos que están al día.
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Ninguna oferta, hasta este momento, ha sido aceptada por el Conassif, ente encargado de su aprobación. Si no se logra establecer este instrumento, todo lo que no se negocie iría a un proceso concursal.
En el documento enviado a inversionistas, la Administración de Resolución indicó que se invitó a varias entidades financieras a ofrecer sus servicios como fiduciarios, pero que solamente una mantuvo el interés para efectuar una oferta.
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El fideicomiso que eventualmente se encargará del banco residual de la entidad tendría la tarea de gestionar de “forma más robusta” el cobro de la cartera que quede. El propósito es ofrecerla al mercado financiero con mejores posibilidades de venta, con el propósito de obtener un precio razonable por ella.
“La cartera crediticia con posibilidad razonable de recuperación como la de dudoso cobro, requiere de una estrategia profunda para gestionarla y cobrarla debidamente”, indicaron en el documento.
El equipo encabezado por Marco Hernández prevé concretar este instrumento en el primer trimestre, según anunciaron a inicios de año. El plazo de la resolución vence el 21 de junio de 2025; luego, daría inicio el proceso concursal.
El proceso de resolución solo puede durar un año, conforme lo establece el artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Treinta días antes de cumplir el término, debe instruirse la remisión de la entidad residual al proceso concursal, con o sin fideicomiso.
Cartera se deteriora
La cartera de Coopeservidores a noviembre muestra un deterioro respecto a las últimas cifras disponibles en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con corte a mayo de 2024.
En ese momento, la cartera de créditos con atraso mayor a los 90 días y en cobro judicial ascendía a ¢66.473 millones. Sin embargo, para noviembre del año pasado el monto de los préstamos en esta categoría de mora escaló hasta ¢210.534 millones.
Para noviembre, Coopeservidores mantenía en sus manos un saldo de ¢285.140 millones en créditos.
Por otra parte, apenas está al día el 19,28% de la cartera que permanecía bajo su administración, es decir, ¢54.982 millones. El 6,88% del saldo (¢19.623 millones) presenta un atraso menor a 90 días.
Durante los primeros meses del año pasado, la morosidad en Coopeservidores aumentó considerablemente, cerrando en 11,66% de su cartera para las últimas cifras publicadas por la Sugef. La cooperativa fue intervenida debido, entre otras cosas, a un deterioro de su cartera.
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De la cartera de crédito que sigue gestionando Coopeservidores, la mayoría (77,5%) se concentra en operaciones de consumo, con un saldo de ¢221.009 millones a noviembre pasado. Aunque lejos, le sigue vivienda, con ¢37.049 millones.
La mayor parte de las operaciones (90,58%) restantes carece de garantías. Solo 4.117 de los 43.625 préstamos tienen algún respaldo, ya sea un aval hipotecario, fiduciario o prendario.
