El Banco Popular (BP) eligió los activos más valiosos y menos riesgosos de Coopeservidores, por un valor de ¢411.580 millones, entre los cuales se encuentran los créditos con atraso de 1 a 30 días, títulos valores, efectivo y los mejores edificios de la cooperativa.
Así se detalla en el Acuerdo de Proceso de Resolución, aprobado por unanimidad en la sesión 1880-2024 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), publicado este lunes 5 de agosto en el diario oficial La Gaceta.
La porción de la cooperativa que migrará al BP representa el 80,5% del “banco bueno”. Junto con los activos valiosos, la institución bancaria deberá hacer frente al mismo monto de obligaciones con ahorrantes, inversionistas e instituciones financieras.
El porcentaje que no se escogió, es decir, el 19,5%, será ofrecido a instituciones del sistema financiero por un plazo de dos semanas. Si ninguna acepta, dichos activos irán al fideicomiso del denominado “banco malo”.
El informe RES-CS-1051-2024, elaborado por Marco Hernández, destacó que el acuerdo alcanzado con el BP es el escenario más favorable para los inversionistas, ahorrantes y acreedores en comparación con un proceso concursal.
“Este tipo de procesos (judicial) tardan muchos años en generar resultados positivos para los acreedores, quienes al final del proceso reciben un porcentaje de dinero que, en este caso, según el informe del Administrador de la Resolución, podría ser equivalente a un 32% del valor de la acreencia original”, se indica en acuerdo del Conassif.
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Instrumentos valiosos
Al desglosar los ¢411.580 millones adquiridos por el BP, se muestra que la cartera de crédito fue el principal activo absorbido, por un monto bruto de ¢302.259 millones, compuesto por ¢299.067 millones de principal y ¢3.192 millones de intereses acumulados al 31 de mayo de 2024, según la resolución del Conassif.
En total, la institución bancaria recibirá 62.256 nuevos deudores catalogados de riesgo normal y cuyo atraso en el pago no supera los 30 días, se indica en el acuerdo del Conassif.
Al monto total de préstamos se le aplicó una pérdida esperada del 12,1%, es decir, un descuento de ¢38.917 millones, por lo cual el saldo neto queda en ¢263.342 millones. Del monto seleccionado, el 60% son operaciones de crédito de consumo y el 31,2% de vivienda, muestra el informe. El restante 8,8% lo constituyen créditos empresariales, de vehículos y del Sistema de Banca para el Desarrollo.
“De acuerdo con el estudio de riesgo que efectúa el Banco, la pérdida esperada consolidada que calcula es razonable, considerando que la cartera crediticia seleccionada está altamente expuesta al segmento de consumo, mayoritariamente sin fiadores (sin garantía) y con deudores altamente endeudados, con una tendencia fuerte de deterioro”, se indica en el oficio de Marco Hernández, administrador de la resolución de la cooperativa.
La gerenta general del BP, Gina Carvajal, indicó a La Nación que el Banco tiene un apetito de riesgo asociado a un nivel que esté dentro de los objetivos de rentabilidad ajustados por riesgo. Aclaró que, para la adquisición de la cartera de crédito de Coopeservidores, se realizó un análisis en el que se identificó un apetito de riesgo diferente, como en el caso de las operaciones a plazos muy largos en la cartera de consumo. Por esta razón, se procedió a identificar los créditos que se ajustaban mejor a los parámetros del BP.
En el caso de las inversiones financieras de la cooperativa, el BP seleccionó la totalidad de los títulos valores cuyo saldo era de ¢120.382 millones al 31 de mayo. Igual ocurrió con el efectivo, cuyo saldo es de ¢22.439 millones.
De las propiedades disponibles, la entidad bancaria escogió nueve por un valor de ¢6.069 millones, aplicando un descuento dado que la cooperativa los tenía registrados en ¢7.446 millones. La reducción se pidió porque el BP invertirá ¢1.608 millones en remodelaciones.
Entre los inmuebles seleccionados están las oficinas centrales de la cooperativa, ubicadas en Barrio México; el edificio del Contact Center, en el bulevar de Pavas, ambos en San José; la sucursal de Ciudad Quesada, en San Carlos; y unas bodegas localizadas en San Rafael Arriba de Desamparados.
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Sobre estos activos, Carvajal señaló que los edificios ubicados en Rohrmoser (Pavas) y San Carlos fueron obtenidos como parte de una estrategia para reducir gastos de alquiler. Las bodegas en San Rafael formarán parte de la estrategia de colocación de créditos para automóviles, que ha venido en aumento, y las oficinas de barrio México albergarán varias divisiones administrativas del Banco.
“La compra de los cuatro activos obedece a temas meramente estratégicos que le van a ayudar al Banco a reducir el gasto administrativo y en estrategias comerciales”, refirió Carvajal.
El informe de resolución consideró positivo la colocación de las nueve propiedades, en una sola transacción, con lo cual se evita la incertidumbre sobre el plazo y precio de venta; así como costos significativos de mantenimiento, aseguramiento, vigilancia, deterioro, riesgos de precarización y pago de impuestos.
Por último, la entidad se dejó mobiliario por un valor de ¢213 millones, cajeros automáticos, por ¢70 millones; y computadoras, por ¢48 millones.
“Debe hacerse notar que esta transacción involucra una porción significativa de los activos totales, por lo que representa una oportunidad para proteger a los ahorrantes, inversionistas y demás acreedores de la entidad, ya que evita múltiples procesos que generarían demoras y contribuirían a la pérdida de valor de los activos de la cooperativa”, se destaca en el informe RES-CS-1051-2024, del 30 de julio de 2024, elaborado por Hernández.
Obligaciones que tendrá el Banco Popular
Del lado de los compromisos, en el documento se destaca que el pacto permitirá el pago a 167.868 depositantes con depósitos de hasta ¢6 millones garantizados. Según el acuerdo del Conassif, el monto que se pagará asciende a ¢45.185 millones. El BP informó este lunes de que el desembolso a los ahorrantes e inversionistas comenzará a partir del próximo 28 de agosto.
Al resto de los depositantes, con recursos no garantizados superiores a ¢6 millones, se les reconocerá cerca del 50,68%, lo cual ascendería a ¢235.540 millones. A este grupo, conformado por 5.111 depositantes, se les empezará a reconocer su dinero a partir del 16 de setiembre.
Cabe destacar que el informe final de la resolución tiene fecha del 30 de julio por lo que algunos montos pueden variar respecto a los del informe final de intervención, publicado el 28 de junio; e incluso con los datos presentados este lunes 5 de agosto por el Banco Popular.
A las entidades financieras que dieron préstamos a Coopeservidores se les pagará ¢122.867 millones. Entre estas están el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Central, bancos privados y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), entre otros.
Adicionalmente, en el acuerdo del Consejo se explica que para hacer coincidir los activos con los pasivos de Coopeservidores, se efectuó un recorte de ¢235.283 millones, principalmente de depósitos no garantizados, para que el Banco Popular pueda hacerse cargo de esas obligaciones. Dicho monto es muy probable que se traslade al fideicomiso del “banco malo”.
El Conassif ordenó, el 13 de mayo, intervenir la cooperativa a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros. La decisión se tomó con base en dos informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Posteriormente, la organización cooperativa fue declarada inviable, el 21 de junio, y el Consejo dio un máximo de dos meses a los encargados del proceso de resolución para finiquitar la negociación del traslado de los activos en buenas condiciones, así como todos los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, a una entidad financiera solvente.
El declive de la cooperativa comenzó después de que fuera obligada por la Sugef a hacer un ajuste en el resultado del 2023, en marzo. La entidad reflejó una pérdida de ¢26.975 millones, en vez de la ganancia de ¢3.288 millones reportada inicialmente, tal como informó La Nación, en marzo.