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La Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios sostiene, en el documento de acusación y solicitud de apertura a juicio contra 23 personas por el caso Aldesa, que días antes de que Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) presentara, el 8 de marzo de 2019, la solicitud de Administración y Reorganización por Intervención Judicial, la empresa supuestamente continuaba captando ahorro del público.
Esto habría ocurrido pese a que, según el expediente 19-000157-1220-PE, del cual tiene copia La Nación, Javier Chaves Bolaños, quien era presidente del Grupo Aldesa y representante de ACI, en apariencia conocía la situación de iliquidez por la que supuestamente atravesaba su representada.
El Ministerio Público detalla, por ejemplo, el caso de una compañía ofendida con una inversión y que se supone desconocía que para el 2019 ya se trabajaba en la Solicitud de Administración y Reorganización por Intervención Judicial. Aun así, el 28 de enero de ese año, habría realizado por medio de otra sociedad una transferencia por $381.937,50.
Según la acusación, los fondos habrían sido transferidos bajo la idea de que con ellos se generaría un certificado de depósito a plazo (CDP) y se presume fueron recibidos en una cuenta del Banco Lafise a nombre de Aldesa Corporación de Inversiones, la controladora de todo el Grupo Aldesa.
Como resultado de esa operación, señala la Fiscalía, la empresa ofendida en apariencia adquirió el certificado, por $375.000, emitido por Aldesa Corporación de Inversiones, con una tasa de interés del 3,75% y fecha de vencimiento del 28 de febrero de 2019.
El representante de la empresa, el 26 de febrero de ese mismo año, habría solicitado a su asesora de inversión (imputada en el caso Aldesa) la liquidación de dicho certificado y el depósito del capital y los intereses, una vez que venciera el instrumento. Sin embargo, no se habría dado curso a la instrucción.
La Nación consultó a Javier Chaves Bolaños, mediante un mensaje de WhatsApp remitido a su abogado, Francisco Campos, a las 4:32 p. m. del 24 de agosto de 2026. Aunque el abogado indicó: “Javier me dijo que sí te las contesta”, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Además, La Nación envió un mensaje por WhatsApp al teléfono de Chaves Bolaños a las 2:43 p. m. del 25 de agosto para conocer si podía remitir las respuestas. También intentó comunicarse con él por teléfono en tres oportunidades, a las 2:42 p. m., 2:44 p. m. y 3:06 p. m., pero no fue posible conversar con él.
Supuestos problemas de liquidez
Un diálogo de WhatsApp, incorporado al expediente 19-000157-1220-PE, alude a una presunta conversación entre Javier Chaves Bolaños y una inversionista que demostraría que Aldesa habría presentado problemas de liquidez, al punto de tener que negociar supuestamente fechas de pago distintas a las originalmente pactadas con sus clientes. Esta conversación habría iniciado el 13 de setiembre de 2018.
“Buenas tardes (La Nación omite el nombre para proteger la identidad de la inversionista), te llamé para comentarte personalmente que qué pena pero nosotros no quedamos en que hoy íbamos a poder hacer otro pago, estamos captando para poder confirmarles otro pago”, le habría dicho, en setiembre del 2018, Chaves Bolaños a la clienta tras un supuesto reclamo.
“Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo y mi mamá y mi hermano ya están muy incómodos”, habría indicado la ofendida por mensaje.
Chaves Bolaños supuestamente respondió: “Estoy detrás de varios inversionistas, te aviso apenas me confirmen”.
Según la Fiscalía, este intercambio demuestra que el dinero que habría sido invertido por nuevos y antiguos inversionistas para esas fechas en específico, supuestamente era utilizado para hacer frente a los “múltiples” vencimientos de inversiones que tenía y compromisos de pago adquiridos.
El Caso Aldesa
Con la solicitud ejecutada el 8 de marzo de 2019, que se efectuó ante el Juzgado Concursal del I Circuito de San José, la compañía pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.
El 22 de julio de 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa y abrió la fase de liquidación. El Juzgado tomó la decisión porque el convenio preventivo no pudo concretarse y Aldesa ya no tenía capacidad para pagar sus obligaciones.
Actualmente, se desarrolla una audiencia preliminar para determinar si el caso Aldesa, en el que se investigan presuntos delitos de estafa mayor y otros, irá a juicio.
