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El Ministerio Público sostiene que la forma como operaban las empresas reguladas y no reguladas de Aldesa habría generado, a los ojos de los inversionistas, una percepción de que todo el grupo estaba supervisado y regulado por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
De acuerdo con la acusación y solicitud de apertura a juicio de la Fiscalía, de la cual tiene copia La Nación, el Grupo Aldesa llegó a conformar con el paso de los años un total de 42 sociedades, entre anónimas y de responsabilidad limitada.
El común denominador, según el expediente 19-000157-1220-PE, era que estaban controladas por la sociedad holding del grupo, Aldesa Corporación de Inversiones (ACI, no regulada). Sin embargo, solo cinco de ellas estaban sujetas a supervisión, fiscalización y regulación de la Sugeval.
Según la Fiscalía, la parte regulada y no regulada de Aldesa supuestamente tenían el mismo domicilio fiscal, trabajaban en las mismas instalaciones (ubicadas en Curridabat), disponían del mismo personal –personeros, asesores, corredores de bolsa–, de los mismos sistemas, y hacían uso del mismo servicio de contabilidad.
Además, las empresas habrían compartido los mismos logos, las mismas marcas, el mismo sitio web, los mismos números telefónicos y los mismos correos para que los inversionistas, confiados en el renombre del Grupo Aldesa, pusieran a disposición de dicha firma su patrimonio a efectos de ser administrado.
“La administración (...) fue considerada por la mayoría de estos ofendidos inversionistas como realizada por la empresa supervisada por la Sugeval y no por una tercera sociedad que, de forma paralela, utilizando cierto mimetismo, logró hacerse con esos recursos e invertirlos en proyectos de índole privado, altamente especulativos, arriesgando así el patrimonio de cada uno de los inversionistas”, añade el Ministerio Público.
Dicho argumento se desprende de la acusación y solicitud de apertura a juicio presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios contra 23 personas por el presunto delito de estafa mayor y otros en el caso Aldesa.
El caso está actualmente en la etapa de lectura de la acusación en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
De acuerdo con la Fiscalía, como parte de la supuesta “maniobra fraudulenta”, aparentemente no se informó a los inversionistas sobre las vinculaciones existentes entre las empresas reguladas y no reguladas de Aldesa, las cuales, según la acusación, habrían comprometido la imparcialidad de las empresas.
“Tampoco se documentó en ninguno de los casos denunciados que le fuera comunicado a los ofendidos inversionistas sobre estas vinculaciones y el perjuicio que podrían llegar a tener en caso de materializarse los riesgos de invertir en valores que no se adaptaban a su perfil de inversionista”, agrega la Fiscalía.
Servicios complementarios
Según la acusación del Ministerio Público, la integración entre las sociedades reguladas y no reguladas también se habría reflejado en sus operaciones.
Entre ACI y sus subsidiarias se habría suscrito un contrato de referimiento de clientes con Aldesa Puesto de Bolsa, mediante el cual esta última aparentemente refería potenciales clientes a las primeras para los proyectos que desarrollaban.
“El (asesor) que refería a un cliente ganaba una determinada comisión”, indica el expediente.
“El problema que planteaba dicho contrato es que, materialmente no se daba ese referimiento, sino que, el mismo asesor de la parte regulada era el que realizaba el trámite para que se procediera con la inversión en una empresa del grupo que no era regulada, aspecto que no era revelado al inversionista. Con ello, existió un abuso de la doble investidura que tenían los asesores de planta de Aldesa, para así ofrecer, sin distinción hacia los ojos de los inversionistas, valores de oferta pública, como valores de oferta privada”, añade la acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público presume que inversionistas habrían firmado contratos con Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, ambas reguladas por la Superintendencia General de Valores, pero que, sin su conocimiento, los recursos habrían sido dirigidos hacia compañías que no estaban sujetas a fiscalización como Aldesa Corporación de Inversiones y sus subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios.
Además, Aldesa Puesto de Bolsa habría brindado el servicio de pago de intereses de las empresas no reguladas. Este mecanismo, en apariencia, contribuía a mantener en error a los inversionistas, quienes aparentemente recibían pagos provenientes de la entidad regulada pese a que sus recursos habrían sido colocados en empresas no reguladas.
Según la acusación, esta situación habría llevado a los inversionistas ofendidos a creer que, al firmar contratos con empresas reguladas de Aldesa y recibir los intereses a través de Aldesa Puesto de Bolsa, su relación era directamente con una entidad regulada, cuando en realidad no habría sido así.
