Los planteamientos se expusieron durante la sesión ordinaria N.° 9603 de la Junta Directiva de la CCSS. Según explicó su gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, se trata de insumos preliminares que servirán de base para estructurar una propuesta concreta mediante un diálogo con diferentes actores a nivel nacional.
Una de las principales reformas se centra en la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que se recibe como pensión al jubilarse. Actualmente, la CCSS otorga como pensión entre un 43% y un 52,5% del salario de referencia, pero la idea es bajar a un rango que oscile entre 40% y 43%.
Para ilustrarlo, La Nación realizó un ejercicio con cinco niveles salariales y comparó el monto que se recibiría en ambos escenarios. Como referencia inicial, se utilizó el salario mínimo definido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para ocupaciones no calificadas, fijado en ¢373.092.
El objetivo de las reformas propuestas es elevar la razón de solvencia del IVM —indicador que mide la capacidad del fondo para cubrir las pensiones presentes y futuras— del 56% actual a un 85%.
Esto se plantea en un contexto de uso acelerado de la reserva, impulsado por el menor crecimiento de los ingresos, la morosidad del Estado y el aumento en la cantidad de jubilaciones.
El IVM es el fondo de pensiones más grande de Costa Rica, con más de 2 millones de trabajadores cotizantes, 393.000 personas jubiladas y 83.000 patronos.
Propuesta implica un recorte en las pensiones
Según el reglamento vigente del IVM, este indicador inicia en 43% del salario promedio de referencia para quienes cotizan hasta dos salarios mínimos, grupo que concentra a la mayoría de trabajadores.
Si se acumulan 360 cuotas (30 años), el porcentaje puede aumentar hasta 52,5% y, en el caso de las pensiones mínimas, incluso superar el 65%, debido a un aporte estatal que garantiza un ingreso base.
La propuesta de la CCSS plantea reducir esos valores y fijar una tasa general de entre 40% y 43%. Según explicó Barrantes, el cambio responde a una visión integral del sistema, en la que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) dejaría de verse como un ahorro adicional y pasaría a complementar el IVM con un aporte de entre 15% y 20%, para alcanzar en conjunto una tasa cercana al 60%, similar a la actual.
No obstante, bajo el esquema vigente, las personas reciben entre un 43% y hasta un 52,5% de su salario, al que luego se suma el ROP, por lo que, en la práctica, la propuesta implicaría un recorte en las pensiones.
Salarios más bajos sufrirían el mayor impacto
Los salarios más bajos serían los más afectados por esta medida. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fija el salario mínimo para ocupaciones no calificadas en ¢373.092.
En ese sentido, con los rangos actuales, una persona con ese ingreso y que cumpla con las 300 cuotas requeridas —que pasarían a 360 con otra de las reformas— podría recibir ¢195.873 con una tasa de reemplazo del 52,5%.
En cambio, con la propuesta, el monto se ubicaría entre ¢149.236 y ¢160.429, según el nuevo rango de entre 40% y 43%.
Esto colocaría la pensión por debajo del mínimo vigente, por lo que sería necesario un aporte estatal para completarla hasta ¢162.295 mensuales.
