Esteban Ramírez. 8 febrero
 La última vez, el trámite de los eurobonos tardó 20 meses desde el envío del proyecto del ley al día de la venta de los títulos valores. Foto: Jorge ARCE / Archivo.
La última vez, el trámite de los eurobonos tardó 20 meses desde el envío del proyecto del ley al día de la venta de los títulos valores. Foto: Jorge ARCE / Archivo.

El proyecto de ley que autoriza al Gobierno a vender una nueva emisión de títulos valores en el mercado internacional (expediente N.° 21.201), por un monto de hasta $6.000 millones en los próximos seis años, es uno de los grandes puntales de la economía costarricense para el periodo 2019-2020.

El panorama que muestra el Banco Central sin esta línea de financiamiento es desolador: aumento de tasas de interés locales, encarecimiento de la deuda del Gobierno Central, estrujamiento del financiamiento del sector productivo y menores niveles de consumo, inversión y crecimiento económico, que se traducen en más desempleo y pobreza. ¡Hasta dan ganas de llorar!

Quizás por eso la autoridad monetaria prefirió construir una programación macroeconómica para este bienio donde el escenario base presupone la aprobación de la emisión de eurobonos, y dejar como escenario alterno uno donde esta opción se queda en el camino.

Casi apostaría que el proyecto de ley terminará por recibir el aval legislativo y la colocación de bonos se conseguirá. No obstante, una duda razonable es si el proceso se logrará completar este año. Veamos.

La última vez que el país recurrió a los mercados financieros internacionales en busca de recursos para financiar sus apuros fiscales fue durante la administración de Laura Chinchilla. La Dirección de Crédito Publico (dependencia del Ministerio de Hacienda) comenzó a sugerir la posibilidad de tocar la puerta a los capitales del exterior desde comienzos del 2010, con el objetivo de obtener los fondos para pagar el eurobono de Costa Rica que se vencía en el 2011.

Lo cierto fue que pasar de la idea a materializar esa operación internacional le tomó al país más de dos años. El 28 de marzo del 2011 el Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa la propuesta de ley, y el 28 de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta. No fue sino hasta febrero del 2012 cuando el plan obtuvo el voto afirmativo de la subcomisión legislativa encargada de dictaminarlo, es decir, el texto avanzó al plenario casi un año después de haber entrado al Congreso.

Luego de esta primera prueba, la discusión legislativa consumió cinco meses más. Fue el 23 de agosto del 2012 cuando los diputados por fin aprobaron la Ley 9070 que autorizó la venta de bonos externos por un total del $4.000 millones; con la sanción en Casa Presidencial y la publicación de la ley en La Gaceta, la autorización salió del horno el 7 de setiembre.

Pero la discusión política es solo parte de la historia, pues Hacienda todavía debía hacer un concursos para contratar a una firma de asesoría legal, seleccionar al banco colocador, contratar calificadoras de riesgo y un banco de registro y pago: todo esto se inició el 13 de setiembre y terminó casi dos meses más tarde, el 8 de noviembre. Luego de eso por fin se pudo comenzar la gira de reuniones en Estados Unidos con inversionistas institucionales para promover la emisión, y el 16 de noviembre se hizo la primera colocación de esta camada de eurobonos.

Con estos plazos en la cazuela, la aprobación del nuevo proyecto de emisión de valores necesitará una discusión acelerada para salir de la Asamblea Legislativa antes de setiembre y dejar tres meses de margen para cumplir con todos los demás trámites de inscripción y venta que implica una colocación.

La fecha idónea para hacer el remate, además, es antes de diciembre, pues para cierre de año los mercados internacionales bajan su ritmo y muchos clientes grandes (fondos colectivos) ya cumplieron su plan de inversiones; y además, la Reserva Federal tiene su última reunión del año para revisar tasas de interés, el 10 y 11 de diciembre (junto con la entrega de su resumen de proyecciones económicas), un evento que suele generar ruido en los mercados internacionales y que podría afectar la oferta pública de Costa Rica, en una dirección u otra.

Volvamos al presente ¿Qué tenemos en este momento? Lo primero, una Asamblea Legislativa fraccionada, que aunque ya demostró capacidad para sacar acuerdos delicados (la reforma fiscal, para ser más específico), tiene por delante algunos proyectos picantes en los meses que restan a las sesiones extraordinarias: regulación de huelgas, empleo público, cobro de renta a cooperativas, tenencia de armas...

En la actualidad el proyecto N.° 21.201 se discute dentro de la Comisión de Asuntos Económicos, a la cual llegó el 29 de enero pasado y fue convocado por el Poder Ejecutivo para ser incluido en el periodo de sesiones extraordinarias. ¿Saldrá a tiempo para apuntalar el pronóstico del Banco Central? La última vez, el trámite tardó 20 meses desde el envío del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, hasta el día de la venta de los títulos valores. El escenario base de la autoridad monetaria está echado y el Congreso tiene ahora la palabra.