A diferencia de los últimos ocho gobiernos, la presidenta electa de la República, Laura Fernández, tiene el camino libre para reordenar las finanzas públicas de acuerdo con su visión, gracias a la mayoría de 31 diputados que tendrá en la Asamblea Legislativa.
El gobierno actual se quejó recurrentemente por:
- La negativa del Congreso a apoyar las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo en materia de impuestos
- La decisión de los diputados de liberar o aumentar gastos
- Las exoneraciones de tributos impulsadas en el Congreso
Muchos de los problemas que aquejan al país tienen que ver con la captación y distribución de los recursos públicos. Este es un tema que causó numerosos choques políticos desde la segunda década de este siglo, conforme se deterioraban las finanzas públicas.
Desde el gobierno de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), que tuvo 29 diputados, ningún otro gobierno había tenido una fracción legislativa con capacidad de aprobar reformas en finanzas públicas con sus propios votos. Fernández sí la tendrá.
La oposición podrá debatir, mocionar y quizá consultar la constitucionalidad de los cambios, pero no tendrá suficientes votos para evitarlos si el oficialismo se mantiene sólido, pues las reformas de impuestos se aprueban con mayoría simple.
Aún es incierto si la nueva administración impulsará cambios en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, con base en los antecedentes y en el hecho de que el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, será diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), podemos observar los siguientes ajustes que la administración actual no pudo concretar o detener:
Impuesto sobre ganancias por inversiones en el extranjero
En noviembre del 2022, la Sala Constitucional respaldó la decisión de la Dirección General de Tributación de cobrar impuesto de renta sobre las inversiones que los contribuyentes domiciliados en Costa Rica hacen en el extranjero, bajo la interpretación de que se trata de dinero de fuente costarricense.
El fallo surgió a raíz de acciones de inconstitucionalidad que los bancos Promérica, Lafise y BAC Credomatic presentaron contra las actuaciones de Tributación y la jurisprudencia de la Sala Primera.
No obstante, pese a que Nogui Acosta defendió la interpretación, los actuales diputados aprobaron en setiembre del 2023, con 29 votos a favor, una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que le quitó esa posibilidad a Tributación.
La norma estableció que el Gobierno de Costa Rica solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional, redefiniendo el concepto de “fuente costarricense”. Hoy, el Estado no puede gravar ganancias obtenidas en el exterior, aunque el dinero invertido haya sido generado aquí.
Hacienda estimó que la reforma aprobada causó una pérdida de $38 millones en recaudación.
Cambios en impuestos
En el primer semestre del 2023, el gobierno de Rodrigo Chaves presentó un paquete de reformas tributarias, que finalmente no fue aprobado, y que incluía los siguientes cambios:
- Cobrar un 13% de IVA sobre el valor total de los boletos de avión. Actualmente, se cobra un 4% sobre el 10% del valor del tiquete.
- Imponer un 2% de IVA sobre implementos médicos que hoy están exentos, como sillas ruedas, camas especiales para hospital, lentes de contacto, prótesis, andaderas, bastones, equipo ortopédico y lentes ópticos de vidrio y de plástico para gafas (anteojos) sin montar.
- Subir a un 30% el impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas. Hoy, las pequeñas y medianas compañías pagan un impuesto progresivo que oscila entre el 5% y el 20%. Únicamente las que tienen ganancias superiores a los ¢119.174.000 anuales pagan el 30%, pero el gobierno propuso equiparar a todas en el mayor porcentaje.
- Cobrar 100% de impuesto a las importaciones de vehículos para alquiler, en vez del 50% actual
- Eliminar la exoneración al tributo a la propiedad de vehículos eléctricos.
Renta global
Otra propuesta defendida por el exministro Nogui Acosta es sustituir la renta cedular por el esquema de renta global.
En el sistema cedular actual, las personas y empresas pagan impuestos por cada ganancia que perciban de forma separada. Con la renta global, las personas pagarían el impuesto sobre el total de sus rentas unificadas. Ese sería, por ejemplo, el caso de un profesional que tiene un empleo y, a la vez, una actividad liberal o, incluso, si da servicios en una plataforma de transporte o tiene ingresos inmobiliarios.
Excepciones de regla fiscal
El presidente Rodrigo Chaves vetó dos exclusiones de instituciones de la regla fiscal que aprobó el Congreso, pero los diputados lograron resellarlas.
Una fue la excepción para la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y otra para el Sistema de Emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal.
El exministro Nogui Acosta abogaba por un cumplimiento estricto de las reglas de control del gasto público.
Exoneración de impuestos en vuelos a Centroamérica
El gobierno también vetó una exoneración de impuestos para promover los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y países de Centroamérica y la República Dominicana. Los diputados que están por salir no han logrado resellar el proyecto. Con el cambio de Congreso, el plan podría morir en definitiva.
Pensiones del OIJ
El Congreso actual tampoco ha resellado el proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del OIJ. Chaves vetó la iniciativa advirtiendo del costo que este plan tendría sobre las finanzas públicas, pues estas pensiones reciben un doble aporte público como patrono y como Estado. La nueva conformación del Congreso también podría implicar la sepultura de este plan.
Desgravación arancelaria
El plan de gobierno de Laura Fernández plantea una desgravación arancelara progresiva en la importación de productos con los cuales el país tiene una alta dependencia del sector externo, especialmente en aquellos que sean parte de la canasta básica alimentaria.
Esto puede causar molestia entre los productores agrícolas locales.
Tarifas mínimas de colegios profesionales
También, la administración Fernández tendría los votos para eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales.
Cambios en aporte estatal a pensiones
Nogui Acosta también urgió cambios en el aporte del Estado a las pensiones. Abogó por derogar el sistema actual, en el que la contribución estatal equivale a un porcentaje del salario de cada trabajador.
En su lugar, propuso convertir la contribución en una transferencia fija para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pague las pensiones mínimas a las personas de menos recursos.
El futuro diputado es del criterio de que la CCSS debería reducir los beneficios de las jubilaciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En una ocasión, Acosta aseveró que la sostenibilidad de este régimen solo puede alcanzarse de tres maneras: subiendo la edad para pensionarse, aumentando la contribución del trabajador o reduciendo el beneficio.
“Yo creo que se debe reducir el beneficio”, sostuvo el jerarca de Hacienda.
Sobre la posibilidad de crear una pensión básica universal, el exministro dijo que la única manera de hacerlo es subiendo el IVA.