Como dijo un estimable lector en la sección Cartas a la columna de La Nación, la “mayoría silenciosa y sumisa”, la que más sufre por la crisis fiscal del Gobierno, no tiene “voceros ni representantes en los diálogos, que parecen establecidos para afianzar y perpetuar el statu quo”.
La carta de Camilo Cifuentes Correa, de San José, cobró mucho sentido al observar el comportamiento de la mesa de diálogo entre Gobierno y sectores, la cual terminó convirtiéndose, en varios casos, en una trinchera para defender posiciones gremiales, sin profundizar en las causas del desastre fiscal que acecha a la población.
Podemos rememorar algunas de las discusiones, sumamente ilustrativas:
Informales hechos a un lado
-Uno de los principales problemas que tiene el país, aparte del fuerte desempleo, es el aumento de la informalidad. Miles y miles de personas salen cada día a ganarse su sustento sin garantías de ningún tipo, sin seguro social y sin cotizar para una pensión que lo proteja en su vejez.
A principios de este año, casi un millón de personas trabajaba en la informalidad, el 47% de la población ocupada. Con la pandemia, el porcentaje bajó poco menos de un 40%, pero no porque haya aumentado la formalidad, sino porque, con la pandemia, se perdieron casi 350.000 empleos informales. Es decir, tras de cuernos, palos.
Más de 146.000 informales son mayores de 60 años y, de ellos, cerca de 33.000 trabajan literalmente en las calles, según un artículo publicado por La Nación el 9 de noviembre.
En la mesa de diálogo, los sectores productivos propusieron reducir las cargas patronales que deben pagar los emprendimientos y las microempresas por sus empleos, sin tocar las cuotas que financian a la CCSS, para promover el empleo formal.
La idea era aliviar la carga del aseguramiento de empleados, para nuevos emprendimientos, revisando los porcentajes que se destinan a instituciones como Fodesaf, el IMAS y el Banco Popular, evaluando superávits y necesidades.
Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, expuso que hay “un montón de pequeñas empresas” que ahora no están en capacidad de trabajar en la formalidad: “Eso lo que provoca es que haya una gran cantidad de recursos que Hacienda no está percibiendo”.
Agregó que, al incentivar la formalidad, “la CCSS va a recibir más recursos, recursos que hoy en día no está recibiendo del todo”, pues la propuesta no reduciría las cuotas que financian el Seguro de Enfermedad y Maternidad, el régimen solidario de pensiones del IVM y el sistema de pensiones complementarias.
“En lugar de poner solo en la balanza el apoyo al emprendimiento y microempresas, ese apoyo, emprendimiento y microempresas nos podría, como país, salir muy caro en términos de golpear la institucionalidad pública encargada de la protección social”, aseveró Jorge Coronado, del conglomerado sindical Bussco.
Con eso bastó para bloquear la propuesta.
La mesa de diálogo entre Gobierno y sectores tenía la posibilidad de evaluar un nuevo camino o seguir haciendo lo mismo, obteniendo los mismos resultados que, como vemos, son dolorosos para la sociedad.
Al final, lo que importó fue mantener a las “instituciones emblemáticas del Estado”. No importó que un millón de personas viva con ingresos inestables, sin seguro y sin pensión. Las “instituciones emblemáticas del Estado” les podrán dar alguna caridad. Ganó el statu quo.
Golpe a familias de ingresos medios
-Bajo esa misma lógica de caridad, el gobierno de Carlos Alvarado presentó una sorprendente propuesta, que no había presentado en las mesas técnicas del diálogo.
El miércoles, el Ejecutivo expuso la idea de subir el IVA a la canasta básica de un 1% a un 13%, así como gravar con un 13% a la educación privada, la salud privada y los seguros.
El presidente Alvarado argumentó que, para darle progresividad a su propuesta, le devolvería el impuesto y un poco más a los habitantes ubicados en los cuatro estratos de menos recursos de la población.
En consecuencia, los otros seis estratos verán encarecidos los alimentos y artículos de higiene básicos, sin devolución.
La propuesta resulta sorprendente porque obligaría a un hogar con un ingreso promedio de solo ¢530.000 mensuales a pagar un 13% de IVA sobre la canasta básica, sin devolución alguna, para subsidiar a los que están peor: las familias que reciben entre ¢136.000 y ¢536.000. Estas últimas recibirían en promedio una devolución de ¢25.000 mensuales.
¿Cuál es el pecado de las familias con ingersos por ¢530.000 para que los pongan a pagar 13% de IVA sobre la canasta básica? Simplemente, estar en el medio de los estratos de la población.
Al dividir la población de Costa Rica en diez estratos por ingresos, encontramos que la propuesta del Gobierno castigaría a 2,8 millones de personas, el 55% de la población.
En los estratos medios de la población, por ejemplo los ubicados en los deciles 5, 6 y 7, están los hogares que reciben entre ¢536.640 y ¢871.200 mensuales. No son millonarios, literalmente.
Estos estratos constituyen un 30% de la población: más de 1,5 millones de personas. Si alguno de estos hogares paga educación privada para sus hijos, con la esperanza de abrirle más oportunidades en el futuro, el golpe económico que recibirían con la propuesta del Gobierno sería considerable.
Para una familia del decil 7, donde el ingreso promedio es de ¢871.200, el cobro del IVA en una mensualidad de educación privada de ¢150.000 le demandaría el 2,2% del ingreso hogar. El impuesto sería de ¢19.500.
Si la familia tiene dos hijos, el impuesto sería de ¢39.000, casi el 4,5% de lo que recibe la casa. Habría menos dinero para la comida y la comida sería más cara. Ni qué decir si surge una emergencia médica y recurren a la salud privada.
Ingreso promedio de hogares
DATOS DE JULIO DEL 2020
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE JULIO DEL 2020. || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.
La educación sigue siendo un fuerte factor de movilidad social. A mayor escolaridad, mayores ingresos, pero el Gobierno apuesta por castigar a los padres de familia que le ahorran al Estado el 7,5% de la matrícula en el sistema educativo.
El fin último de la propuesta del Ejecutivo es obtener ¢400.000 millones para garantizar el gasto público, el status quo. Ni siquiera los sindicatos públicos apoyaron la idea, pero el Gobierno advirtió de que no renunciará a ella.
Luego, el viernes, la mesa de diálogo acordó vender al Banco Popular la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) para obtener unos ¢200.000 millones para reducir la deuda pública. Todavía está por verse cuál será el efecto de esa medida en el otorgamiento de créditos a jóvenes que buscan financiar sus estudios superiores.
Privilegio en salario escolar
-Por oposición de los sindicatos públicos, la mesa de diálogo rechazó otra propuesta que consistía en eliminar la exoneración del impuesto de renta que gozan los empleados públicos en su catorceavo salario al año: el salario escolar.
La mayoría de empleados formales del país recibe 13 salarios al año: uno por cada mes y el aguinaldo. Los funcionarios públicos reciben 14: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. Este último no es un ahorro ni es un bono para apoyar la entrada a clases, pues no depende de tener hijos estudiando. Simplemente, es parte del salario normal y, por razones históricas, se convirtió en un pago adicional a principios de año, según ha resuelto la Sala IV.
No obstante, en el 2008, el Congreso les concedió a los empleados públicos una exoneración del impuesto de renta en este salario.
Bajo ese panorama, podemos observar que los funcionarios públicos pagan impuesto de renta sobre el 86% de sus ingresos anuales recibidos de parte del patrón, y el resto de asalariados del país pagan sobre el 92%.
Ante la oposición de los sindicatos a eliminar la exoneración, se pudo discutir otorgarles también una exoneración al resto de asalariados, pero eso habría desfinanciado el statu quo.
Entonces, el miércoles, sobre el tema de exoneraciones, la mesa solo aprobó “solicitar al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto que elimine la exoneración de los premios de lotería superiores a ¢250.000 (medio salario base)”. Los jugadores de lotería no estaban representados en la mesa de diálogo.
Gracias a la oposición por los recortes
-El viernes, ante la falta de acuerdos sobre reformas estructurales que contengan o reduzcan el gasto público, el Gobierno recurrió a la idea de cortar ¢150.000 millones en el Presupuesto del 2021 y ¢170.000 millones en el del 2022, lo que podría tener un efecto en el control del gasto en el futuro a causa de la regla fiscal.
La regla fiscal es un mecanismo legal que le pone un techo al crecimiento del gasto corriente, cada año, según las condiciones de endeudamiento y de crecimiento de la economía.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que, si en un año el Gobierno recorta el presupuesto, al año siguiente la regla fiscal impedirá crecer en cierto porcentaje más allá del presupuesto del año anterior y, si este fue recortado, entonces el crecimiento será menor.
No obstante, hay que recordar que ese ahorro de ¢150.000 millones, para el 2021, se debe a la insistencia de la oposición, pues el partido de Gobierno, el PAC, más bien bloqueó la votación de mociones de recorte cuando el Presupuesto se discutía en la Comisión de Asuntos Hacendarios, alegando que las rebajas impedirían la labor de las instituciones públicas.
Si esta idea da sus frutos, el Gobierno debería agradecer la insistencia de diputadas como Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y María Inés Solís en recortar el gasto.
Los ‘ricos’ que se benefician con la deuda
-La fracción del PAC, más bien, ha insistido hasta en gastar el dinero ahorrado en intereses de la deuda, en vez de usar el dinero para reducir esa deuda.
En ese marco, semanas atrás, el 8 de octubre, la diputada de Gobierno, Laura Guido, argumentó: “Parece que mucha gente en esta Asamblea está interesada de defender esa posibilidad de que esos tenedores (de deuda) se sigan haciendo ¡ricos, ricos, ricos! ¡A costa del Estado costarricense! ¡A costa de la gente más vulnerable!”.
¿Quiere sorprenderse? Veamos quiénes son esos “ricos” que, según la diputada del PAC, se harán más ricos con el pago de la deuda.
En el caso de la deuda interna, que ascendía a ¢18,2 billones (un 76,5% del total de la deuda), entre los principales acreedores están las propias instituciones públicas.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es acreedora del 14% de la deuda interna, el Instituto Nacional de Seguros (INS) del 7% y otro conjunto de instituciones públicas acumula el 15%.
A su vez, las operadoras de pensiones, que pueden ser públicas o privadas, tienen el 27% y los bancos comerciales, públicos y privados, el 18%.
Estos sectores tienen el 81% de la deuda.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), que gestiona y administra pensiones de los docentes, tienen otro 12%.
Entonces, una buena parte está en manos de instituciones que compraron bonos de deuda para asegurar las pensiones de los trabajadores y otra está en entidades públicas.
En declaraciones dadas a La Nación días atrás, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, calificó de “canibalismo” el ciclo entre las mismas instituciones del Estado, de prestarse a sí mismas para financiar el gasto del Gobierno Central.
Chaves explicó esa práctica con el siguiente ejemplo: “Existen una serie de destinos específicos y de transferencias que hace el Gobierno como al Inder (Instituto de Desarrollo Rural), al que le ingresan impuestos como el del alcohol y del tabaco. El Inder no gasta ese dinero, lo acumula, se lo presta al Gobierno a tasas altas, que son recursos de los contribuyentes”.
“Hay un canibalismo en el sentido que los contribuyentes están teniendo que financiar el impuesto directo que va al Inder y, después, los intereses que el Gobierno le paga por los préstamos del Inder. Eso es inadecuado”.
En ese mismo esquema están las universidades públicas, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Bnhvi), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), denunció el exjerarca.
“Invierten en bonos del Gobierno superávits enormes, a tasas altas. Nadie quiere arreglar eso”, subrayó Chaves.
Durante su administración, Chaves quiso arreglar parte de ese problema con el proyecto Pagar, que pretendía destinar ¢227.000 millones provenientes de superávits de 12 instituciones para amortizar la deuda. Al final, el plan Pagar quedó en solo ¢49.000 millones para pagar deuda y el Gobierno se dio el lujo de ponerlo entre las medidas del diálogo con sectores.
“Ahí hay un tema tremendo de cómo el Estado, las instituciones, se convierten en fines en sí misma, no en instrumentos para prestar servicios, al punto que consideran que esos superávits son patrimonios de la institución como para invertirlo por tiempo indefinido, en algunos casos a tasas por año, a tasas de interés que también tienen que pagar los contribuyente. Aquí todo es sacarle plata a los que pagan los impuestos”, señaló Chaves.
Esos son los “ricos” que señala el PAC: status quo.
Los que salieron ilesos
-Al final, una propuesta para subir en 1 punto porcentual el impuesto de renta a las empresas y a los salarios superiores a ¢2,1 millones no fue aprobada en el diálogo. También salieron ilesas las cooperativas, que gozan de la exoneración del impuesto de renta, así como el empleo público.
Tras su sesión final de este sábado, el diálogo se quedó corto frente a la crisis fiscal, concentrándose en medidas que ya estaban en camino o que son expectativas, pero, sobre todo, salió ileso el gasto inercial que nos llevó a esta crisis, el cual impide al país en invertir como debería, por ejemplo, en infraestructura.
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Consecuencias de proteger sectores
-Mientras el diálogo estaba a su recta final, decisiones del Gobierno de tipo proteccionista de ciertos sectores productivos también cobraron factura al país.
Por el módico impuesto del 76% que el Gobierno le impuso a la importación de azúcar a solicitud de Laica, ahora Brasil respondió con una medida proporcional para las exportaciones costarricenses de sustancias de origen animal, chocolates y preparaciones alimenticias con cacao, extractos, esencias o concentrados de té y condimentos. Unos sectores pagan por otros, en momentos en que urge aumentar las exportaciones para dinamizar la economía.
A su vez, Canadá expresó su inconformidad y evaluaría tomar medidas similares a exportaciones costarricenses. De los $107,8 millones enviados en el 2019 por Costa Rica a ese país norteameriano, $46 millones fueron en quipo de precisión y médico, $26 millones en productos de la industria alimentaria y $18 millones en frutas, hortalizas, legumbres y raíces.