Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.
Los candidatos presidenciales se convirtieron en actores determinantes para el acuerdo de ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo le cayó encima a la campaña electoral. A 11 meses de la firma del programa para equilibrar las finanzas públicas, los diputados no han aprobado ninguno de los proyectos de control de gasto o aumento de ingresos públicos; más bien, rechazaron uno. Le han huido a la medicina dura y amarga de la que habló el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, en el 2020, en referencia a la necesidad de evitar una crisis económica mediante reformas estructurales.
El país está a dos meses de la primera ronda electoral del 6 de febrero y, coincidentemente, está en plena evaluación del cumplimiento de la agenda fiscal; de ello depende que el FMI gire el segundo desembolso del crédito de $1.778 millones. Una suspensión de los giros enviaría una mala señal a los mercados locales e internacionales y pondría al país en una difícil situación.
José María Figueres y Lineth Saborío, del PLN y del PUSC, son los líderes de las dos principales bancadas de oposición, además de que están en un empate técnico en el primer lugar de la intención de voto, según la encuesta del CIEP.
El candidato verdiblanco encabeza la fracción más grande del Congreso, con 17 diputados. Sin el apoyo del PLN, es prácticamente imposible que un proyecto se mueva en la Asamblea; esa ha sido la dinámica en esta administración.
Saborío es la candidata de la segunda bancada de oposición, con 8 diputados.
El PAC, que tiene nueve diputados, todavía responde en buena parte al llamado del presidente de la República, Carlos Alvarado, a aprobar el ajuste fiscal, aunque uno de sus diputados, Welmer Ramos, también es candidato presidencial y ha combatido los proyectos del FMI planteados por Casa Presidencial. Alvarado y Ramos, por cierto, han tenido fuertes fricciones.
Los otros dos candidatos con peso en la tramitación del acuerdo son Eduardo Cruickshank y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional y Nueva República.
El diputado Cruickshank es parte de una fracción con siete diputados y Fabricio Alvarado lidera un bloque legislativo de seis curules.
En las elecciones concursan otros 20 candidatos, pero solo estos cuatro lideran fracciones con capacidad de sacar adelante el acuerdo. Les corresponde asumir la responsabilidad que les encomendó la ciudadanía en el 2018, cuando repartió las curules.
También son candidatos los diputados José María Villalta y Wálter Muñoz, del Frente Amplio y del PIN, los cuales han mostrado oposición a la mayoría de proyectos de la agenda. El primero tiene una fracción unipersonal y el segundo una de dos curules.
Puede haber ajustes
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), advirtió de que, ante la incertidumbre actual, cualquier manifestación de los líderes políticos sobre el acuerdo del FMI “puede tener un impacto sobre los mercados, las tasas de interés y el tipo de cambio”.
Cubero declaró que los proyectos “ciertamente admiten ajustes”, pero se necesita la aprobación de la agenda fiscal para que la deuda pública “pueda transitar por una senda sostenible en los próximos años”.
OCDE advierte riesgo de bloqueo político
Justo este 2 de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió de que el tipo de cambio y las tasas de interés en Costa Rica están en riesgo por el bloqueo político a las medidas de ajuste fiscal.
“Se incrementaría el coste de financiar la deuda, lo cual agravaría más la situación fiscal, pero también repercutiría en los costes de acceso a crédito para pymes (pequeñas y medianas empresas) y para las familias, lo cual repercutiría en el consumo y la inversión”, afirmó el economista de la OCDE, Alberto González Pandiella.
Es paradójico que una amplia mayoría de diputados aprobó y promovió el ingreso del país a la OCDE, desde el fabricismo hasta el PAC, pero luego muchos ignoran sus recomendaciones.
Regresando al tema del acuerdo con el FMI, esta semana ocurrieron hechos relevantes en la campaña.
El martes, el candidato José María Figueres afirmó que volvería a negociar el acuerdo con el FMI, en caso de ganar las elecciones, y adelantó que se oponía a más impuestos.
Figueres alegó que el atraso de la agenda era culpa del gobierno de Alvarado. Si bien el Poder Ejecutivo no ha logrado conseguir los acuerdos políticos necesarios, la oposición, liderada por el PLN, congeló este año la discusión de los proyectos del FMI presentados desde enero e, incluso, exigió a Zapote presentar textos sustitutivos, en vez de ejercer su derecho de enmienda.
Después de la declaración de Figueres, miembros de su propio equipo económico, como Rodrigo Arias y Eduardo Lizano, abogaron por la aprobación del acuerdo con el FMI. El primero lo calificó de vital.
Por su parte, Lizano dijo que el país haría bien en avanzar con el acuerdo, tal como está, aunque entiende que en plena campaña es complicado para ciertos partidos echarse la responsabilidad de reformar impuestos mientras otros no apoyan.
Carlos Alvarado se ha achacado el costo político
Al respecto, el punto de partida debería ser que el presidente Alvarado ha asumido el costo político del acuerdo fiscal. Ha dado muestras de ello.
Tan es así que, luego de que la Comisión de Jurídicos rechazó el proyecto de exoneraciones fiscales, el mandatario planteó de inmediato una nueva versión en la que propone gravar los salarios escolares superiores a ¢1 millón, en vez de ¢842.000; y, además, introduce un incremento temporal en el impuesto a las ganancias y rentas de capital.
Alvarado sostiene que muchos diputados y candidatos le dicen en privado que están de acuerdo con sus medidas, pero que no lo hacen público por temor al costo político. El duda es si el país tiene suficiente tiempo para esperar a que pasen las elecciones, para avanzar con la agenda fiscal.
La noche del miércoles, luego de las declaraciones de Arias y Lizano, el candidato Figueres envió un nuevo comunicado en el que respaldó el acuerdo con el FMI y ofreció tres acciones para avanzar con los planes de empleo público, impuesto a casas de lujo y renta global. Su declaración fue muy clara:
“Personas de nuestro equipo económico, como don Eduardo Lizano y yo, hemos expresado reiteradamente que este acuerdo es necesario por la muy lamentable situación económica que vivimos. Es el sello de confianza nacional e internacional que ocupamos para atraer inversión internacional, que genere empleos. Es también un seguro contra una posible devaluación acelerada que afectaría, entre otras cosas, a 500.000 familias con salarios en colones que todos los meses pagan hipotecas en dólares de sus viviendas”.
Figueres también llamó a Carlos Alvarado a conseguir los acuerdos con otras fracciones, al tiempo que exigió a los demás candidatos no recostarse en el PLN y asumir posiciones sobre el acuerdo con el FMI.
PUSC, impredecible
Por su lado, Lineth Saborío delegó el tema en su candidato a vicepresidente, Franco Pacheco. En entrevista con La Nación, Pacheco afirmó que el equipo de campaña del PUSC opta por avanzar en la aprobación del acuerdo negociado por el Gobierno con el Fondo Monetario, con tal de enviar una señal a los mercados financieros internacionales y garantizar la estabilidad económica.
Aunque dijo que se oponen a nuevos impuestos, Pacheco aclaró que el equipo de la socialcristiana está anuente a revisar uno a uno los proyectos del programa para minimizar su impacto.
Agregó que el presidente Alvarado incluyó planes de impuestos en el acuerdo sin negociar con los diputados. Esta declaración llega un año después de que, en el 2020, los diputados declinaron participar en los complicados intentos de diálogo emprendidos tras los bloqueos de vías promovidos por Célimo Guido, hoy candidato a diputado del PIN, contra el acuerdo con el FMI.
La situación en el PUSC es impredecible. Cada quien parece andar por su lado. Los diputados y su candidata Lineth Saborío incurren en constantes contradicciones sobre cómo abordar los proyectos del FMI.
El legislador José María Guevara afirmó que ni siquiera conoce el nombre del candidato a vicepresidente de su partido, aunque una fotografía evidencia que se reunió con él y con Saborío en agosto pasado.
“No hemos hablado en fracción del tema”, respondió el jefe de bancada, Pablo Heriberto Abarca. De hecho, de acuerdo con Guevara, la fracción tiene tres semanas de no sostener reuniones. “Estamos con una tapa en el ojo”, aseguró.
Esta semana, además, el candidato frenteamplista, José María Villalta, alegó que el plan de empleo público no se puede aprobar en elecciones, porque el TSE se pronunció en contra. El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides pidió a su compañera de fracción, la presidenta legislativa Silvia Hernández, a no caer en la “maniobra obstruccionista”. La jerarca optó por pedir un informe al departamento de Servicios Técnicos.