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El Tribunal Penal de Goicoechea declarará el abandono de José Miguel Villalobos, defensor de ocho imputados en el juicio del caso de la trocha, si no se presenta a la audiencia de este martes a las 5 p. m.
A pesar de la ausencia de Villalobos, el juicio contra 14 personas por supuesta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza finalmente inició este lunes, tras 13 años de espera.
El debate inició con 17 minutos de demora, tras acordarse un horario vespertino de 4 p. m. a 8 p. m., para que no chocara con las audiencias del juicio del Caso Fénix, donde Villalobos representa a otros siete acusados por presunto lavado de dinero.
Luego de que los jueces constataron la ausencia del defensor, el imputado de apellido Montoya, representado por Villalobos, afirmó a los jueces que su abogado no asistió porque estaba en otro juicio. Al respecto, la jueza presidenta, Cinthia Ramírez, dijo que se comunicó con el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada, donde se efectúa el juicio del Caso Fénix, y le confirmaron que a las 3 p. m. ya había terminado dicha audiencia.
Con el respaldo explícito de los defensores Fernando Apuy y José Joaquín Ureña, más el fiscal del Ministerio Público, el Tribunal decidió darle 24 horas a Villalobos, a partir de las 5 p. m., para argumentar su ausencia o apersonarse al juicio; de lo contrario, se declarará su abandono de la causa, según el artículo 104 del Código Procesal Penal. Dicha ley le da a los imputados un plazo para escoger otro abogado, y si no lo nombra, será nombrado un defensor público.
Tras resolver la gestión, la sesión fue suspendida y las partes quedaron convocadas para este martes.
Respuesta de Villalobos no llegará en 24 horas
Ante consulta de La Nación, Villalobos afirmó que enviará una justificación de su ausencia, pero no dentro de la 24 horas dictadas, sino dentro de las 48 horas que, afirmó, establece el Código Procesal Penal, aunque no detalló cuál artículo fija tal plazo.
El abogado rechazó la idea de jornada vespertina desde que la planteó el Tribunal, y una vez quedó confirmada el pasado lunes 31 de marzo, aseguró que no se presentaría, e interpondría un recurso ante la Sala Constitucional, alegando “una flagrante violación a los derechos de defensa técnica y material y al debido proceso”.
El defensor pidió revocar la programación, al argumentar ante el Tribunal que se está pretendiendo impedir que pueda ejercer adecuadamente la defensa de sus representados, sin poder “concentrarse correctamente, descansar la mente y el cuerpo como lo exige la lógica y el sentido común.”
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No obstante, el viernes los jueces rechazaron esa gestión, pues los otros imputados y sus abogados manifestaron que les resulta injusto continuar sometidos a una causa penal iniciada desde el 2012.
“Ante las últimas manifestaciones hechas en el escrito presentado por el licenciado Villalobos, este tribunal debe rechazar de manera directa que lo resuelto, no se trata de una imposición ilógica o contraria a derecho, pues, la posición de continuar con la realización del debate y dar una respuesta jurídica, no solo a los imputados que representa el licenciado Villalobos sino a la totalidad de estos, refleja la observancia del debido proceso, decisión que se ha realizado al amparo de la ley, cumpliendo con los plazos legales establecidos”, detalló el Tribunal en la resolución.
Agregó que Villalobos es un abogado liberal que tiene la facultad de escoger sus casos, y su elección no debe obstaculizar el principio de justicia pronta y cumplida.
Este lunes, luego de la audiencia, el defensor Apuy, representante del exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, expresó su apoyo al plazo establecido por el Tribunal.
“En tiempos en que está siendo atacado el Poder Judicial, alegándose que hay morosidad judicial, es el momento en que los tribunales tomen esta decisión, que es correcta, apegada a la ley y a la Constitución Política”, declaró Apuy.
“Yo no me hubiera pronunciado si no sintiera que en realidad los derechos de mi representado están siendo vulnerados por una situación como esta, tenemos 13 años de esperar una justicia y mi representado tiene 13 años esperando una sentencia absolutoria, no obstante, estamos esperando el juicio a efecto de demostrar esta falta de responsabilidad suya”, agregó.
La causa penal, abierta desde el 2012, cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Entre los acusados se encuentran empresarios sospechosos de ofrecer dádivas y exfuncionarios que las habrían aceptado para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua. La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.
El arranque del juicio se pospuso por diversas razones. En el 2023 se postergó tres veces: primero por una recusación contra dos jueces para separarlos del proceso por cuestionamientos a su imparcialidad, luego por la inhibición del juez Jorge Tabash Forbes por su amistad con el abogado Ureña, y finalmente por el atropello del imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los encargados del proyecto en el Conavi.
