El abogado José Miguel Villalobos, defensor de siete acusados en el caso de la trocha, aseguró que no se presentará al inicio del juicio programado para este lunes 4 de abril en el horario extraordinario de las 4 p. m., en el Tribunal Penal de Goicoechea.
La jornada vespertina fue pactada este lunes por el Tribunal, para que el debate por presunta corrupción en las obras de la vía fronteriza no chocara con el del Caso Fénix, en el que Villalobos defiende a otros siete imputados en la mayor investigación de lavado de dinero en la historia de Costa Rica.
El abogado, que ya había expresado su rechazo a la jornada vespertina, declaró este lunes a La Nación que enviará “un escrito al despacho del Tribunal Penal del Segundo Circuito con mi firma y la de todos mis representados, conversaré con ellos para interponer un recurso ante la Sala Constitucional, alegando una flagrante violación a los derechos de defensa técnica y material y al debido proceso”.
Las partes se presentaron al Tribunal Penal de Goicoechea la mañana de este lunes solo para decidir el horario, en ausencia de Villalobos, a quien le enviaron una notificación por escrito. Dos jueces de la conformación original fueron reemplazados, pues se habían excusado de participar porque no estaban disponibles para el horario vespertino, por lo que finalmente el Tribunal estará compuesto por las juezas Cinthya Ramírez, Tatiana López y el juez Joshua Artavia.
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De no presentarse Villalobos o alguno de los abogados, el inicio del juicio tendría que aplazarse otra vez. Según una estimación de la magistrada de Sala Tercera, Patricia Solano, a los 13 años de espera de este debate, se le sumarían dos años más hasta que se pueda reprogramar.
Fernando Apuy, defensor del exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, explicó que si empieza según lo pactado, el juicio, que contará con 109 personas que darán su testimonio, podría extenderse al menos hasta setiembre.
La causa penal, abierta desde el 2012, cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Entre los acusados se encuentran empresarios sospechosos de ofrecer dádivas y exfuncionarios que las habrían aceptado para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua. La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.
El arranque del juicio aún no ha sido posible por diversas razones. En el 2023, se postergó tres veces: primero por una recusación contra dos jueces para separarlos del proceso por cuestionamientos a su imparcialidad, luego por la inhibición del juez Jorge Tabash Forbes por su amistad con el abogado Ureña, y finalmente por el atropello del imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los encargados del proyecto en el Conavi.