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Tras los operativos del caso Leviatán, que desarticularon el martes un aparente grupo criminal que cobraba $250.000 por cada contenedor contaminado con droga que lograba zarpar hacia Europa y Estados Unidos, tres sospechosos continúan en fuga.
Las autoridades policiales mantienen operativos de búsqueda para ubicarlos.
Se trata de Melanie Fabiola Bell Ramírez, madre de tres niños e hija del extraditable Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca. La mujer es investigada por presunto lavado de dinero derivado del narcotráfico.
Bell Ramírez es la pareja actual de Joseph Eduardo Casanova Duartes, quien también permanece en fuga y, en apariencia, sería el cabecilla de este grupo delictivo golpeado el martes, al que las autoridades le decomisaron aproximadamente 14,5 toneladas de droga en tres años.
A la pareja se suma un tercer fugitivo, identificado por el Ministerio Público como Alexander Fernando Chinchilla.
Tras los 65 allanamientos, que se pusieron en marcha desde la 1 a. m., la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) tomó declaración indagatoria a 59 personas detenidas.
Los sospechosos enfrentarán una audiencia de medidas cautelares que iniciará la mañana del jueves 30 de julio, con el objetivo de mantenerlos vinculados al proceso penal.
El operativo fue dirigido por la FAEDO, en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante allanamientos en Limón, Guápiles, Siquirres, San José, Puntarenas y San Carlos.
La Fiscalía sostiene que este grupo delictivo se dedicaba a brindar servicios logísticos a diferentes organizaciones criminales vinculadas con el tráfico internacional de drogas.
Los cargamentos no eran necesariamente de su propiedad, sino que estructuras criminales asentadas en el Caribe les pagaban para garantizar que la cocaína llegara a puertos de Estados Unidos y de España, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Noruega.
Independientemente de la cantidad de droga que transportaran los contenedores, los sospechosos cobraban $250.000 por cada envío. Ese dinero se utilizaba, en apariencia, para remunerar a las personas que participaban en la operación logística, cuyo principal centro de operaciones era la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por APM Terminals.
Según detalló el fiscal general, Carlo Díaz, la organización utilizó dos modalidades para el trasiego internacional de 13.885 kilogramos de cocaína hacia países europeos y de otros 670 kilogramos hacia Estados Unidos.
La primera consistía en ocultar la cocaína dentro de los sistemas de refrigeración o en distintos compartimentos de los contenedores antes de su ingreso a la terminal portuaria, cuando los cargamentos eran inferiores a 60 kilogramos.
La segunda modalidad, conocida como “mete y saca”, consistía en extraer de forma irregular contenedores que habían ingresado legalmente a la terminal portuaria.
Posteriormente, estos se trasladaban a diferentes predios de la provincia de Limón, donde eran contaminados con paquetes de cocaína sin alterar la carga lícita. Luego ingresaban ilegalmente al puerto.
La maniobra se ejecutaba burlando los controles de seguridad, presuntamente con la colaboración de oficiales de seguridad privada, funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y trabajadores de la terminal portuaria que ocupaban puestos de senior dispatcher, encargados de ordenar el movimiento de los contenedores dentro del puerto.
Entre los decomisos realizados durante la fase de investigación figuran $139.000 y ₡11 millones en efectivo.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000078-0472-PE.
Vínculo con otro investigado por Caso Petro Coca
Melanie Bell Ramírez también fue la pareja de un sujeto de apellidos Arrieta Reyes, uno de los exfuncionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) vinculado al caso Petro Coca, en el que se investiga un millonario y sistemático robo de combustible, aparentemente orquestado por el padre de la prófuga, Macho Coca.
En ese expediente, se presume que Arrieta alertaba al resto de integrantes cuando un buque atracaba en el muelle de Moín para descargar combustible y facilitaba el ingreso de los sospechosos a las instalaciones de Recope.
El sujeto fue despedido de la Refinadora y permanece sujeto a la investigación.
