Dos embarcaciones vinculadas al extraditable Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, habrían sido abastecidas por combustible que, en apariencia, fue robado de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en Moín de Limón.
Así lo determinó una vigilancia ejecutada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 15 de junio del 2024, cuatro meses antes de la detención del limonense por una causa de presunto robo agravado de combustible a la Refinadora, en el expediente conocido como Caso Petro Coca.
El Ministerio Público sostiene que la presunta organización criminal, en apariencia encabezada por Bell Fernández, obtenía combustible de forma ilícita mediante tomas clandestinas en tuberías marinas dentro de la finca de Recope, en Moín.
Según la Fiscalía, los integrantes de la organización perforaban las tuberías e instalaban acoples y mangueras que conducían los hidrocarburos hacia cisternas. Posteriormente, trasladaban el combustible a diversos predios del Caribe, donde permanecía oculto y almacenado para luego comercializarlo.
Dos de esos inmuebles, que las autoridades consideran determinantes para el funcionamiento de la estructura, aparecen registrados a nombre de Bell Fernández y de su exesposa, una mujer de apellidos Araya Bougle, quien no figura como imputada en la causa.
La investigación vincula una primera propiedad ubicada en Búfalo y una segunda, policialmente identificada como el “tajo de Moín”, situada contiguo al complejo residencial Las Lomas de Recope, a menos de 600 metros de la Refinadora.
En ese predio también se encuentra la vivienda de Bell Fernández.
Fue desde el “tajo de Moín” desde donde salieron, el 15 de junio del 2024, dos camiones, en apariencia, llenos de hidrocarburos sustraídos con rumbo a Cieneguita, justo a la orilla del mar, para abastecer las dos embarcaciones vinculadas al limonense.
Abastecimiento
El legajo detalla que el primer movimiento en el predio ocurrió a las 8:53 a. m., cuando un camión de color blanco con placa CL-284825 salió de la propiedad de Bell con una tanqueta de soporte metálico.
Revisiones registrales permitieron a los agentes determinar que el vehículo aparecía inscrito a nombre de Excavaciones Araya S. A., sociedad en la que figuraba entonces Bell Fernández como tesorero y Araya como presidenta.
Una hora más tarde salió de la misma finca un camión cisterna color rojo con dirección a Cieneguita. Allí se encontraron ambos vehículos.
La primera panga se acercó a la orilla a las 10:21 a. m., tripulada por tres sujetos a quienes no se identifica. De acuerdo con el expediente, se trataba de una embarcación color verde, identificada con el nombre Johana 2 y equipada con dos tanquetas destinadas al almacenamiento de hidrocarburos.
En ese momento, el buque estaba inscrito a nombre de Bell Fernández; sin embargo, fue traspasado a Araya, actual propietaria de la embarcación.
Ese día de junio, el barco se ancló muy cerca del cisterna rojo y el conductor de este último conectó mangueras desde el cisterna hasta llenar las tanquetas colocadas dentro de la panga. A las 10:33 a. m., cuando estaban llenas, dos hombres desconectaron las mangueras y la embarcación se desplazó mar adentro.
Cuatro minutos más tarde, los agentes judiciales encubiertos observaron un nuevo buque en las cercanías, identificado con el nombre Dos Hermanos II, propiedad de Araya Bougle.
Esta embarcación se detuvo junto a otro barco que permanecía en las cercanías y, una vez allí, fue interceptada por la panga Johana 2, la cual transportaba las tanquetas.
Estos recipientes se transfirieron a esta segunda embarcación, de mayor tamaño, y tras completar el abastecimiento, los camiones se retiraron del sitio.
Presuntas irregularidades
La consulta sobre los permisos, facturas de compra y demás documentación que habría respaldado un procedimiento regular de adquisición y distribución de hidrocarburos permitió a los agentes determinar, al menos policialmente, que ninguno de los camiones cisterna inspeccionados portaba esos documentos, según el legajo.
Para los investigadores, esta ausencia de permisos refuerza la hipótesis de que los vehículos transportaban combustible de origen ilícito.
Además, el propio expediente señala que el trasvase de combustible entre cisternas y por medio de este tipo de tanquetas es una práctica ajena al marco operativo autorizado por Recope.
Los investigadores también descartaron la posibilidad de que se tratara de combustible exonerado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y que fuera obtenido por un permiso especial otorgado por esa institución.
Costa Rica brinda a embarcaciones con licencia activa de pesca activa, desde 1994, un subsidio para la compra de gasolina y diésel. No todas las embarcaciones reciben este beneficio, pero cuando se suscribe un convenio con Incopesca, se exonera del pago de impuestos.
Según la investigación, los camiones cisterna y vehículos tipo tándem vinculados al caso no tenían permisos vigentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), ni tampoco figuraban registrados ante Recope.
De acuerdo con la base de datos de embarcaciones exoneradas de impuestos por Incopesca, en posesión de este medio, las dos embarcaciones mencionadas en el expediente tampoco recibieron este beneficio.
No obstante, en el periodo de las pesquisas del caso Petro Coca, Macho Coca y su esposa sí se beneficiaron de esta exoneración. Este medio dio a conocer, en noviembre del 2024, que la pareja recibió subsidios del Estado por ¢521,4 millones entre abril del 2015 y junio del 2024.
Cinco embarcaciones obtuvieron 2,1 millones de litros de diésel exonerados de impuestos. Por esta cantidad de combustible, una empresa común habría tenido que pagar ¢1.111 millones, pero los subsidios les bajaron el costo a ¢589,6 millones
Estos buques beneficiados; sin embargo, no se mencionan en el expediente judicial por el caso de presunto robo de hidrocarburos.
Centro de operaciones y beneficio propio
El legajo del caso Petro Coca expone que Bell Fernández no solo habría beneficiado a sus embarcaciones con presunto combustible robado, sino que también habría llenado el tanque de su propio vehículo con gasolina almacenada en un tanque que instaló en su propiedad, en Moín.
De acuerdo con las observaciones policiales, dicho tanque era abastecido por un autobús escolar que frecuentaba un predio donde se ubicaba una de las tomas ilegales. Posteriormente, regresaba a la propiedad de Bell cargado con tanquetas de combustible y así abastecía este punto.
El día de los allanamientos que permitieron la detención del empresario, en octubre del 2024, las autoridades corroboraron que el tanque instalado en la casa de Bell tenía una bomba eléctrica utilizada para la extracción de líquidos.
Con este sistema, se presume que el grupo llenaba los estañones que cargaban los camiones, que luego se trasladaban a distintos puntos de la provincia de Limón.
Entre ellos se mencionan al menos cinco camiones de carga liviana inscritos a nombre de Excavaciones Araya S.A. Algunos de estos carros fueron observados cargando tanquetas llenas de aparente combustible robado.
Otro de ellos, rotulado como transporte exclusivo de mariscos, habría trasladado estañones hasta un lavacar de la zona.
El día del allanamiento, agentes de la Policía Judicial encontraron llaves de paso metálicas, tanquetas vacías con capacidad para 1.000 litros y una bomba de extracción conectada a una manguera de alta presión en casa de Bell.
En el dormitorio principal del extraditable encontraron una caja fuerte con ¢1.046.000. En otra caja fuerte localizaron ¢5.056.000, $36.070 y 110 euros. Asimismo, en dos gavetas de un escritorio hallaron ¢1.464.000, ¢850.000 y ¢216.000.
En el predio situado en Búfalo, los agentes encontraron pichingas con combustible, un tramo de tubería del poliducto de Recope, tanques metálicos y algunos de los camiones vinculados con la investigación.
Suspensión de la acción penal
El caso Petro Coca era la única causa penal que hasta el 12 de junio de este año permanecía activa en contra del extraditable en Costa Rica.
Ese día, el Juzgado Penal de Limón acogió una solicitud de la Fiscalía para suspender la acción penal por presunto robo de combustible y así despejar el camino para su extradición a EE. UU. por presunto narcotráfico.
La decisión implica que Bell no será juzgado de momento en Costa Rica y deberá enfrentar primero el proceso que se le sigue en Estados Unidos antes de comparecer ante la justicia costarricense.